Suben 2,1% las prestaciones por discapacidad desde junio - Informe Digital
El ajuste oficial incluye un plus del 20% en la Patagonia y actualiza valores clave para centros de día, terapias y transporte.
El Gobierno actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad y fijó una suba del 2,10% desde junio. La medida impacta en valores sensibles para familias y prestadores, en un contexto de fuerte reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La decisión quedó formalizada con la Resolución N° 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. Según esa norma, el incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor de mayo de 2026.
Además, se dispuso un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica. El plus busca compensar los mayores costos de atención en una región considerada desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas.
Con la actualización, el valor de un centro de día para jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92, mientras que la jornada simple subirá de $551.687,35 a $563.272,78. En el caso de un centro educativo terapéutico, los montos serán de $1.189.351,59 por jornada doble y $649.532,62 por jornada simple.
También se actualizaron otras prestaciones: la estimulación temprana quedará en $399.052,42; la rehabilitación de módulo integral intensivo, en $173.795,66; y la hospitalización de día por jornada simple, en $624.939,96. A eso se suman $865,07 por cada kilómetro de transporte y $4.740,29 por alimentación.
La actualización llega mientras persiste el reclamo de beneficiarios y familias por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso el año pasado. Ese frente sigue abierto y suma tensión política a una discusión que ya venía cargada por el ajuste de fondos y la situación de los prestadores.
En paralelo, a mediados de abril el Gobierno envió un proyecto de ley titulado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, con cambios de fondo sobre el régimen vigente. La iniciativa surgió tras las investigaciones por el presunto pago de coimas a prestadores y la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El texto propone derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley actual, lo que recorta el alcance universal de la ayuda estatal y vuelve al esquema previo a la emergencia. También incorpora nuevas restricciones para acceder a pensiones por invalidez, redefine criterios de asistencia y endurece los controles sobre los beneficiarios.
Entre los cambios centrales figura un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Deberán volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales.
Según el texto al que tuvo acceso Infobae, quienes no cumplan con ese trámite sufrirán la suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio. Además, se prevé un proceso de fiscalización con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
La propuesta también establece que la pensión no contributiva equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio. A la vez, elimina la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos por invalidez laboral y por zona geográfica desfavorable, lo que dejaría sin efecto esos adicionales.
Otro punto sensible es la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. Si prospera, una persona con discapacidad perdería la pensión al acceder a un trabajo registrado. También se eliminarían los incentivos a empresas y organizaciones que contraten personas con discapacidad.
Por último, el proyecto suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos y habilita convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para administrar y distribuir fondos. En los hechos, eso implica la eliminación del nomenclador y la desregulación de la negociación por obra social o prepaga.
