Imputan al intendente de Allen por fraude y peculado - Informe Digital
La Justicia de Río Negro lo acusa por el uso de fondos municipales para un celular y suma presión sobre su gestión.
En Allen, Río Negro, el intendente Marcelo Román fue imputado este jueves por administración fraudulenta y peculado, en una causa que agrava la crisis política e institucional que ya golpea al municipio. La investigación tendrá dos meses de plazo y se extenderá hasta el 30 de agosto.
Según publicó el Ministerio Público de Río Negro, la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti sostienen que entre marzo de 2024 y julio de 2025 el jefe comunal habría desviado fondos públicos para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que implicó un gasto total de $596.812,38.
Durante la audiencia, la Fiscalía afirmó que el dispositivo fue apartado de la órbita patrimonial del municipio y entregado a una persona ajena a la administración, sin vínculo contractual que justificara su tenencia.
Para los acusadores, esa maniobra quebró la custodia legal que debía ejercer el intendente sobre los bienes municipales y permitió que un tercero dispusiera del recurso como propio, con perjuicio para el erario público.
En la misma audiencia estuvo presente un segundo acusado. La Fiscalía lo considera esencial para la consumación del hecho porque recibió y utilizó el teléfono pese a saber que no era agente municipal ni tenía designación oficial.
Además, habría usado el dispositivo para dar órdenes e instrucciones indirectas a empleados municipales, lo que para la acusación implicó ejercer facultades propias de la gestión y consolidar la disposición privada del recurso estatal.
Ambos fueron acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal, según los artículos 173 inciso 7 en función del 174 inciso 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. En el caso del segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.
Como respaldo probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional, el acta de asunción del intendente, la carta orgánica, comodatos de celulares corporativos, la factura de compra del aparato y más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
También incorporó un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal, además de copias certificadas de pagos internos y externos, facturas, transferencias a una empresa de telefonía y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Las defensas pidieron que no se tengan por formulados los cargos y reclamaron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. También solicitaron excluir su declaración como testigo, así como la documentación obtenida en el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la exfuncionaria.
La causa se da en paralelo a una fuerte presión social sobre la gestión de Román. Más de 3.000 vecinos firmaron un pedido de revocatoria de mandato impulsado por Silvina Cantero, docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto con una ex empleada municipal despedida durante la actual administración.
Cantero empezó a reunir adhesiones a fines de 2025, tras denunciar una grave negligencia en los servicios públicos esenciales. En el petitorio presentado al Concejo Municipal, sostuvo que la gestión mostró ineptitud en el manejo de los servicios básicos y dejó un deterioro progresivo que afectó la vida cotidiana en los barrios de Allen.
Consultada por medios locales, la docente jubilada dijo que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó motivaciones políticas. Según la Carta Orgánica local, la cantidad de firmas reunidas podría activar el proceso formal de revocatoria ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio fue entregado en mayo y ahora deberá seguir el procedimiento previsto por la normativa local, mientras la gestión queda bajo la lupa judicial y con una demanda vecinal que no afloja.
