El juez de Garantías, Mauricio Guerrero, rechazó el planteo realizado por la abogada del exintendente Enrique Cresto, Cielo Petit
El juez de Garantías, Mauricio Guerrero, rechazó el planteo realizado por la abogada del exintendente Enrique Cresto, Cielo Petit, quien había solicitado la nulidad de la imputación y el sobreseimiento de su defendido en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de la Municipalidad de Concordia.
El magistrado analizó las distintas causales de sobreseimiento y concluyó que la imputación formulada por la fiscal Daniela Montangie se encontraba correctamente realizada, con una descripción precisa de los hechos investigados, incluyendo tiempo, lugar, conducta y calificación legal. Por ese motivo rechazó la nulidad planteada por la defensa y tampoco hizo lugar al pedido de sobreseimiento, al considerar que existe verosimilitud respecto de los hechos investigados.
La causa se centra en una resolución firmada durante la gestión de Cresto mediante la cual se designó a Ignacio Caprarulo y a CETW Brokers S.A. como productores de seguros. Según la investigación, en los fundamentos de la resolución se hacía referencia a tareas educativas, capacitaciones y charlas destinadas a la Municipalidad y entes autárquicos, aunque en la parte resolutiva se los designaba como productores de seguros.
Además, la resolución establecía que la tarea sería desempeñada ad honorem, aunque la pesquisa sostiene que la figura del productor de seguros percibe una comisión abonada por el sistema asegurador, en este caso vinculada al IAPSER.
Para los investigadores, la intervención de un productor de seguros resultaría innecesaria debido a que el municipio contrataba las coberturas a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos.
Cabe recordar que en diciembre de 2025 fueron imputados Cresto, el exsecretario de Gobierno, Aldo Álvarez, Fernando Barboza actual funcionario provincial , los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske , además de Ignacio Caprarulo y Juan Miró. Las siete personas fueron imputadas como partícipes necesarios de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública.
