Concejales de Concordia solicitan al Tribunal de Cuentas intervenir por contrato de recolección con VITSA
Las ediles del bloque justicialista pidieron que el organismo de control analice la legalidad y posible impacto patrimonial del acuerdo con la empresa VITSA, tras una denuncia penal.
Las concejales Carolina Amiano y Claudia Villalba, del bloque justicialista de Concordia, presentaron este jueves un pedido formal ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que intervenga en la revisión del contrato de concesión del servicio de recolección de residuos otorgado a la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. Esta acción se dio a raíz de la denuncia penal presentada la semana pasada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en el marco del contrato suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la empresa prestadora del servicio.
Las concejales consideraron que, además de la investigación judicial en curso, es imprescindible que el Tribunal de Cuentas, en su rol de órgano de control externo de la hacienda pública municipal, analice de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo llevado adelante para la contratación. Destacaron que el contrato implica una erogación anual superior a los 3.000 millones de pesos provenientes de recursos municipales, por lo que pidieron una actuación inmediata para evaluar la razonabilidad económica del acuerdo, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, así como los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas.
En su presentación, Amiano y Villalba remarcaron que la existencia de una investigación judicial no excluye la necesidad de activar los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, sostuvieron que es necesario adoptar medidas preventivas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, para evitar posibles perjuicios al patrimonio público. Solicitaron que el Tribunal requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y determine si hubo irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.
Las ediles enfatizaron que esta situación trasciende una discusión política, ya que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. La presentación se produce luego de fuertes cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó la contratación, especialmente tras la difusión de denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos en que se desarrollaron los actos administrativos y el volumen de fondos comprometidos.
Finalmente, las concejales expresaron: “El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal”. Este pedido busca garantizar que el control externo cumpla su función para proteger los recursos y la correcta prestación del servicio a la comunidad.
El EntreRios
