La Legislatura porteña debate subte trapitos VTV vapeadores y deudas - Informe Digital
La sesión reúne proyectos de Jorge Macri, La Libertad Avanza y el peronismo con impacto directo en transporte, control y bolsillo.
La Legislatura porteña sesiona desde las 11 con una agenda que puede cambiar el transporte, el control en la calle y el acceso al crédito de miles de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo porteño, encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, envió dos iniciativas centrales: el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la llamada Ley Antitrapitos.
La primera fue presentada por el Ejecutivo y trabajada en la búsqueda de consensos entre los bloques por el secretario administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo. La norma habilita operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F, la primera obra nueva en la red subterránea en 25 años.
El proyecto prevé acceder a hasta 1.350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y emisión de títulos de deuda. La obra apunta a mejorar la conectividad y ampliar la red de subtes con una traza que unirá Palermo con Barracas, reforzando la conexión con el sur porteño más allá de Constitución.
La Línea F tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y 12 estaciones:
- Brandsen
- Constitución
- Cochabamba
- Chile
- Congreso
- Corrientes
- Santa Fe/Pizzurno
- Recoleta
- Pueyrredón/Hospital Rivadavia
- Parque Las Heras/Coronel Díaz
- Plaza Italia/Ecoparque
- Pacífico
Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes A, B, C, D, E y H y con los ferrocarriles Roca y San Martín.
El otro proyecto del oficialismo, unificado con una propuesta similar de La Libertad Avanza, es la Ley Antitrapitos. Plantea endurecer las sanciones para quienes realicen en el espacio público tareas no autorizadas de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios, una práctica extendida en distintos puntos de la Ciudad.
También figura en el temario una iniciativa del radicalismo, impulsada por la legisladora Manuela Thourte, para regular el uso de vapeadores. El proyecto busca ordenar la venta, el uso y la promoción de esos productos y limitar su acceso a menores de 18 años.
Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado, advirtió ayer la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires) desde Infobae a la Tarde.
La agenda de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza sumó dos proyectos, ambos con autoría de María del Pilar Ramírez. El primero propone una reforma profunda de la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO), con desregulación del servicio, más competencia y actualización de requisitos técnicos según los avances tecnológicos y la normativa nacional.
Entre los cambios principales, la iniciativa fija que los vehículos particulares 0 kilómetro harán la primera VTO a los cinco años del patentamiento. Después, la revisión será cada dos años para unidades de hasta diez años de antigüedad y anual para las más viejas. El control se organizará por mes según el último número de la patente para evitar congestiones. Además, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller, concesionario o importador que cumpla los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
La reforma también modifica el régimen de grabado de autopartes, que pasará a ser obligatorio en seis partes de la carrocería, con la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo normas técnicas. El precio dejará de estar regulado y los talleres habilitados deberán constatar su cumplimiento antes de aprobar la VTO.
El proyecto sostiene que un sistema cerrado y regulado eleva los costos sin aportar más seguridad, por lo que el Estado conservará funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operatoria comercial.
El otro texto del espacio violeta es la denominada Ley Hojarasca, que deroga más de 20 normas desactualizadas, sin aplicación efectiva o redundantes en la gestión administrativa. También dispone que las partidas presupuestarias asociadas pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas para centralizar recursos y mejorar su uso.
La propuesta además instruye al Poder Ejecutivo a adecuar y armonizar toda la normativa reglamentaria y administrativa alcanzada por las derogaciones.
La propuesta del peronismo
Por último, Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad, pensado para enfrentar el sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Con autoría del diputado porteño Leandro Santoro, el plan busca recomponer la capacidad de pago de los hogares con líneas de crédito especiales y condiciones accesibles.
La medida central es una línea de crédito exenta de impuestos destinada exclusivamente a cancelar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Podrán acceder quienes destinen más del 40% de sus ingresos al pago de deudas y ganen menos de diez salarios mínimos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad. El programa incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, y excluye a quienes tengan inmuebles adicionales, activos financieros superiores a la deuda u operaciones recientes de compra de divisas.
También quedan afuera las deudas alimentarias, sanciones personales, obligaciones tributarias, hipotecarias y prendarias, además de las contraídas para comprar vehículos o bienes registrados y las generadas después de la entrada en vigencia de la ley. El esquema prevé transferencia directa de fondos a los acreedores, una ventanilla única física y digital y una campaña de difusión para facilitar el acceso.
Por último, se contempla un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. Además, se prevé la eventual participación de otras entidades financieras públicas o privadas bajo los mismos estándares del programa.
