Un proyecto busca elevar el porcentaje que recibe San Juan de las regalías mineras
La iniciativa, presentada por el diputado Franco Aranda, del Bloque Frente Renovador, establece un esquema de regalías de entre el 3% y el 5% para nuevos proyectos, en función de variables como la inversión y los precios internacionales de los minera
En medio de las expectativas que genera la llegada de nuevas inversiones mineras a San Juan, el diputado provincial Franco Aranda, del Bloque Frente Renovador, presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen de regalías que pagan las empresas por la explotación de minerales. La iniciativa apunta a que la provincia pueda elevar del 3% al 5% el porcentaje que percibe sobre el valor Boca Mina de la producción en determinados proyectos.
La propuesta fue ingresada en la Cámara de Diputados este 18 de junio y plantea que San Juan adhiera a las modificaciones introducidas por la Ley Nacional 27.743, que habilitó a las provincias a fijar regalías de hasta el 5% para nuevas explotaciones mineras.
Actualmente, la provincia aplica el esquema tradicional previsto en la Ley de Inversiones Mineras, que establece un tope del 3% sobre el valor Boca Mina, es decir, sobre el valor del mineral extraído antes de ser procesado o transportado. Sin embargo, el proyecto de Aranda no propone un aumento generalizado, sino que establece una diferenciación entre los proyectos que ya están en marcha y aquellos que se desarrollen a futuro.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que mantiene las condiciones vigentes para los emprendimientos que ya se encuentran en etapa de explotación. Esto significa que las minas que actualmente producen en San Juan continuarían tributando bajo el esquema actual, sin modificaciones en sus regalías. La misma situación alcanzaría a los proyectos que cuentan con estabilidad fiscal garantizada por la legislación nacional o aquellos que se encuentren alcanzados por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La propuesta apunta exclusivamente a los nuevos emprendimientos que inicien su etapa de explotación una vez sancionada la ley. Para esos casos, la provincia podría aplicar una regalía variable de entre el 3% y el 5%, dependiendo de una serie de factores que serían definidos posteriormente por el Poder Ejecutivo.
El texto impulsa la creación de un sistema progresivo de regalías, mediante el cual no todos los proyectos pagarían automáticamente el porcentaje máximo. La iniciativa establece que el Gobierno provincial deberá fijar criterios objetivos para determinar la alícuota aplicable en cada emprendimiento. Entre las variables mencionadas aparecen el nivel de inversión comprometida, la evolución de los precios internacionales de los minerales y el impacto socioambiental que genere cada proyecto. De esta manera, una mina podría tributar el 3% en determinadas condiciones y acercarse al 5% cuando los indicadores económicos o productivos resulten más favorables.
Según los fundamentos presentados por Aranda, este mecanismo permitiría adaptar la carga tributaria a la realidad de cada emprendimiento sin afectar la competitividad de la actividad minera.
Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de que San Juan incremente su participación en la renta generada por la explotación de recursos naturales no renovables. El legislador sostiene que la provincia debe aprovechar la oportunidad que abrió la normativa nacional para obtener mayores ingresos provenientes de la minería y destinar esos fondos a políticas públicas. Entre los posibles destinos de esos recursos menciona obras de infraestructura, educación, salud y programas de desarrollo social. La iniciativa también plantea que, en períodos de altos precios internacionales de los minerales, la provincia debería poder capturar una porción mayor de la rentabilidad extraordinaria que generan esos ciclos favorables.La presentación del proyecto llega en un momento particular para San Juan. La provincia atraviesa una nueva etapa de expansión minera impulsada por proyectos de cobre y oro que prometen inversiones multimillonarias en los próximos años.
La iniciativa presentada por Franco Aranda deberá ahora recorrer el camino legislativo y obtener el respaldo de las distintas fuerzas políticas para convertirse en ley.
