Asalto y ataque sexual en Concepción: le negaron la libertad a uno de los sospechosos
Se trata de Thiago Yair Narváez. La defensa a cargo de María Filomena Noriega se lo solicitó a un juez de Impugnación y este lo rechazó, ratificando lo resuelto por el juez de primera instancia.
En el marco de la investigación por el brutal asalto y ataque sexual perpetrado contra una familia en Concepción, Capital, la Justicia penal dio un paso determinante que sepultó las intenciones de uno de los principales imputados de recuperar la libertad. En una audiencia celebrada este jueves, el juez de Impugnación, Benedicto Correa, rechazó de forma categórica el recurso presentado por la defensa de Thiago Yair Narváez y confirmó que el acusado continuará tras las rejas bajo la medida de prisión preventiva.
El dictamen judicial no solo ratificó lo actuado en primera instancia por el juez de Garantías, sino que fundamentó la decisión en la extrema gravedad del caso y en la solidez de las pruebas recolectadas hasta el momento, las cuales vinculan directamente a Narváez con el aberrante episodio.
El debate en la sala: los argumentos de la defensa
La abogada defensora, María Filomena Noriega, basó su alocución en la supuesta falta de peligrosidad procesal de su asistido. Entre sus argumentos, destacó que Narváez posee un fuerte arraigo familiar, ya que vive con su entorno directo y aporta al sostén económico del hogar. Asimismo, remarcó que el joven carece de antecedentes penales, causas abiertas o contravenciones previas.
Respecto al avance de la causa, Noriega argumentó que el imputado en libertad no representaría un riesgo de entorpecimiento, dado que ya se han diligenciado medidas clave, como la declaración videograbada de la menor de edad y otras pericias técnicas. Como alternativas a la cárcel, la defensa propuso formalmente el beneficio de la prisión domiciliaria o la implementación de un dispositivo dual de monitoreo electrónico.
El crudo relato fiscal y el riesgo de fuga
La postura defensiva encontró una férrea oposición por parte del Ministerio Público Fiscal y de la querella. La representante fiscal, Claudia Salica, describió con crudeza la dimensión del ataque, señalando que las víctimas -en una condición de total vulnerabilidad- fueron sometidas durante más de una hora a hechos de extrema violencia física y psicológica.
Salica enfatizó que la expectativa de pena ante la calificación legal del delito excluye cualquier posibilidad de una ejecución condicional (en suspenso), lo que eleva exponencialmente el riesgo de fuga. Además, reveló un dato clave: a escasas horas del hecho, los investigadores lograron recabar abundante prueba de cargo, incluyendo registros de cámaras de seguridad que ubican de manera inequívoca a Narváez en la escena del crimen.
La fiscalía insistió en que la prisión preventiva en un calabozo común es la única medida idónea para proteger a los damnificados, teniendo en cuenta que aún resta iniciar las pericias psicológicas a las víctimas. Por ello, solicitó sostener la resolución original de seis meses de detención.
En sintonía, el abogado Fonzalida, representante de la querella, adhirió a la necesidad de ratificar la preventiva. El letrado alertó sobre la peligrosidad latente debido a que Narváez conoce detalladamente a las víctimas y la ubicación geográfica de su vivienda, por lo que otorgarle el beneficio de la domiciliaria o un dispositivo electrónico no garantizaría en absoluto el cumplimiento de las restricciones ni la seguridad de la familia afectada. Ante esto, la querella llegó a solicitar que el plazo de la medida coercitiva se extendiera a 12 meses.
Una resolución contundente
Tras escuchar de manera deliberada a las partes, el juez de Impugnación, Benedicto Correa, clausuró el debate con una resolución que priorizó la tutela judicial efectiva de las víctimas y el éxito de la investigación.
En su fallo, el magistrado consideró que los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público Fiscal son más que suficientes para acreditar, en esta etapa procesal, la participación criminal del sospechoso. Correa calificó el escenario criminal como un hecho de máxima gravedad institucional y humana, concluyendo que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento se mantienen completamente activos.
De esta manera, el tribunal resolvió rechazar en todos sus términos el pedido de libertad, prisión domiciliaria o dispositivo dual solicitado por la defensa de Narváez. No hizo a lugar a la extensión de un año requerida por la querella y confirmó la prisión preventiva dictada en primera instancia, ordenando que el imputado permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial por el término de seis meses.
El trasfondo de una causa que conmocionó a la provincia
Thiago Yair Narváez comparte la imputación penal con otro mayor de edad, Agustín Emanuel Vila, quien se encuentra preso. En la causa también interviene dos menores de edad, cuyo expediente se tramita bajo las estrictas normas del fuero penal juvenil.
La investigación describe una irrupción violenta en el domicilio de la familia damnificada en Concepción. Bajo una modalidad de extrema agresividad, los delincuentes maniataron a los moradores y procedieron a desvalijar la vivienda, contexto aberrante en el cual se perpetró el abuso sexual contra la menor de 13 años y la madre.
