El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias
Por medio del Decreto 474/2026, el Gobierno autorizó otorgar hasta $400 mil millones para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe.
SANTA FE. Por medio del Decreto 474/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó un nuevo anticipo financiero a las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. El Ejecutivo autorizó otorgar hasta $400 mil millones para cada jurisdicción, con devolución durante 2026 y garantía mediante la coparticipación federal de impuestos.
ES OFICIAL
El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias
Esta normativa establece la asignación de anticipos financieros con el objetivo explícito de proveer herramientas económicas a estas administraciones para que puedan superar complicaciones de liquidez de carácter transitorio, permitiéndoles de este modo dar cumplimiento a sus obligaciones más apremiantes de índole presupuestaria y a los vencimientos correspondientes a la amortización de sus deudas.
El Gobierno auxilia a más provincias
La resolución, que cuenta con el aval y las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, discrimina la asignación de los recursos de la siguiente manera: en primer lugar, se procede a la ampliación de una asistencia previa que ya se había instrumentado para la provincia de Entre Ríos bajo los lineamientos del Decreto 922/25, incrementando la partida hasta alcanzar un techo máximo de 400.000 millones de pesos.
En segundo lugar, se habilita de forma homóloga la concesión de créditos por idénticos montos hasta 400.000 millones de pesos en cada caso para las jurisdicciones de Jujuy y de Santa Fe.
Los argumentos expresados en el texto oficial justifican esta determinación técnica en base a la imposibilidad temporal de estos distritos para absorber de forma autónoma sus requerimientos financieros inmediatos, demandando consecuentemente el auxilio y la mediación del Estado Nacional.
El esquema de financiamiento estipula rigurosas pautas para la restitución del capital. Los montos efectivamente percibidos por las provincias deberán quedar totalmente cancelados y devueltos al Tesoro dentro del Ejercicio Fiscal 2026.
A su vez, los saldos adeudados estarán sujetos a la aplicación de una tasa de interés nominal anual fijada en el 15%, la cual comenzará a computarse a partir de los respectivos momentos de desembolso de los fondos y se mantendrá vigente hasta que se registre la cancelación total del pasivo.
Corresponderá a la Secretaría de Hacienda la tarea técnica de auditar y definir las sumas definitivas que se transferirán a cada solicitante, tomando como variable principal la capacidad de repago individual de las provincias vinculada de forma directa con su cuota de participación en el flujo de la recaudación tributaria nacional.
Decreto
Finalmente, el decreto estructura una sólida garantía de cobro en favor del sector público nacional. Como requisito indispensable para el acceso a las partidas, los gobiernos de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe quedan obligados a delegar formalmente en el Ministerio de Economía la facultad de realizar detracciones y retenciones de modo automático sobre los fondos que les correspondan por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
De esta manera, el Tesoro se asegura un mecanismo de recupero directo debitando los fondos de las transferencias diarias por coparticipación que perciben las provincias, intentando equilibrar el auxilio a las cuentas provinciales que iniciaron la solicitud de socorro sin descuidar el resguardo de las arcas federales.
Salvavidas en medio de la asfixia
El Decreto 474/2026 representa un mecanismo de asistencia discrecional pero fuertemente regulado, mediante el cual el Gobierno Nacional busca mitigar las tensiones de caja en Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe ante un escenario de asfixia financiera estacional.
No obstante, al exigir la devolución total de los 1,2 billones de pesos máximos proyectados dentro del mismo año fiscal 2026, aplicar un interés del 15% anual y establecer la retención automática de la coparticipación federal como garantía colateral, la medida funciona más como un puente de liquidez de corto plazo que como un subsidio, supeditando el alivio presupuestario inmediato de las provincias a un estricto compromiso de regularización fiscal antes del cierre del ejercicio en curso.
