Organizaciones alertan por menos control en designaciones judiciales - Informe Digital
Cuestionan el decreto que recorta observaciones ciudadanas y borra criterios de género y diversidad en las postulaciones.
Varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces, fiscales y defensores implica un retroceso en participación ciudadana, igualdad de género y control público sobre decisiones clave del sistema judicial.
En un comunicado conjunto, sostuvieron que la designación de cargos judiciales es un proceso en el que intervienen distintos poderes del Estado: el Poder Ejecutivo formula la propuesta y luego el Senado la acepta o la rechaza.
Recordaron que hace más de 20 años los decretos 222/03 y 588/03 ampliaron la intervención social en esos nombramientos al habilitar la presentación de apoyos e impugnaciones antes del envío de los pliegos al Senado. Según señalaron, ese mecanismo aportó transparencia y permitió sumar insumos tanto para el Presidente como para el Congreso.
Las entidades plantearon que el 16 de junio el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 467/2026, que eliminó la posibilidad de que la ciudadanía presente observaciones en esa etapa. La medida alcanzará las designaciones de jueces de la Corte Suprema y de tribunales inferiores, del Procurador General, del Defensor General y de fiscales y defensores.
Menos participación y menos diversidad
Las organizaciones también cuestionaron los argumentos oficiales para justificar el cambio. Sobre la supuesta necesidad de agilizar el proceso, afirmaron que el plazo previsto para la participación era de menos de dos meses y que resultaba razonable frente a los tiempos que suelen demandar las vacantes judiciales.
Además, rechazaron la idea de que la intervención ciudadana ya esté garantizada en la instancia del Senado. Señalaron que se trata de momentos distintos y con finalidades distintas, y que la etapa inicial permite aportar información y observaciones que pueden incluso llevar al Presidente a revisar su propuesta.
Otro de los puntos más duros del pronunciamiento fue la eliminación de la obligación de considerar la igualdad de género y la diversidad de especialidad y procedencia al proponer candidaturas para la Corte Suprema. Para las entidades, eso dificulta una integración más plural del tribunal y contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
También recordaron que hace dos años el Poder Ejecutivo propuso para la Corte a dos candidatos que fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil en el marco de esos mecanismos de participación. Luego, el gobierno avanzó por decreto y el Senado rechazó por primera vez esas postulaciones. Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante, advirtieron.
Las firmantes remarcaron que la participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad fortalece la legitimidad del sistema de justicia. La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos, concluyeron.
Organizaciones firmantes
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
- Poder Ciudadano
- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
- Amnistía Internacional
- Democracia en Red
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Campaña GQUAL
