El proyecto de litio "Don Luis" sumó el aval de técnicos del Gobierno y entra en etapa de definiciones
Los funcionarios mendocinos defendieron el expediente de exploración en el sur provincial. Respondieron críticas por un dictamen faltante y detallaron los estrictos controles ambientales que se le impondrán a la firma australiana.
El proyecto de exploración de litio Don Luis y Otro sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados tras el plenario conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Ambiente y Economía, las máximas autoridades del área minera y ambiental de Mendoza defendieron la robustez de un expediente que llevó casi dos años de análisis técnico y que ha provocado críticas desde los sectores ambientalistas.
Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, asistieron acompañados por sus equipos técnicos para exponer los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proyecto, impulsado por una alianza entre una corporación australiana y la empresa local El Carayal (que opera en las Salinas del Diamante desde hace un siglo), abarca la mayor parte del departamento de San Rafael y una porción de Malargüe.
Polémica por un dictamen sectorial
Durante la exposición, Shantal hizo hincapié en el largo proceso que precedió a esta instancia, el cual incluyó dos audiencias públicas, visitas al sitio y la intervención de más de nueve organismos públicos que emitieron sus dictámenes técnicos favorables.
Sin embargo, el debate legislativo no estuvo exento de cruces. Al ser consultado por presuntas "inconsistencias" o faltantes en el expediente, Shantal aclaró la situación de un organismo sectorial específico que se negó a emitir su dictamen: "Hubo un organismo que pretendía que se le pagaran honorarios extras para dictaminar. Desde la autoridad ambiental minera determinamos que, al ser empleados públicos que ya perciben un sueldo de todos los mendocinos y cuyas competencias los obligan a intervenir, no correspondía exigir ese pago. Acceder hubiese generado una enorme inseguridad jurídica porque no hay norma que regule cuánto o cómo se paga".
Shantal defendió la decisión de avanzar con el trámite legislativo para no ahuyentar la inversión extranjera, recordando las bajas probabilidades de éxito que tiene la actividad en sus inicios: "De cada 100 proyectos de exploración, estadísticamente solo uno llega a ser viable para la explotación".
Control cruzado, seguros y vigencia por dos años
Por su parte, Leonardo Fernández detalló los condicionamientos técnicos y legales a los que estará sujeta la empresa en caso de que la Legislatura ratifique la DIA. El funcionario remarcó que el documento funciona como una declaración jurada y que el Gobierno aplicará un esquema de "control cruzado" permanente.
Los puntos clave de la exigencia ambiental a la empresa incluyen la presentación de análisis previos de suelo, aire y agua antes de consolidar cualquier tarea en el terreno. Además, el Ministerio impulsará la inclusión de las comunidades locales como veedores directos en los muestreos de campo.
Asimismo, Fernández despejó dudas sobre la duración del permiso: "Según el Decreto 820, la DIA debe renovarse obligatoriamente cada dos años". Además, aclaró que la empresa está obligada a presentar una actualización inmediata ante las oficinas gubernamentales ante cualquier "hecho nuevo" o modificación del diseño original de prospección.
