Pablo Laurta frustró la realización de una pericia caligráfica al negarse a conformar un cuerpo de escritura
El principal imputado por el homicidio agravado del remisero Martín Palacio, Pablo Laurta, resultó trasladado desde la Unidad Penal de la ciudad de Paraná hacia la Jefatura Departamental de Concordia. El operativo de seguridad, coordinado por las fuerzas penitenciarias, tenía como finalidad someter al encausado a un cotejo técnico caligráfico requerido por el Ministerio Público Fiscal, medida de prueba que finalmente no pudo concretarse debido a la expresa negativa del acusado a colaborar con los peritos.
La diligencia procesal estaba programada para las 10:00 horas en los laboratorios de la División Criminalística de la Policía provincial. El procedimiento buscaba recabar muestras de la caligrafía del sospechoso en tiempo real para determinar científicamente la autoría de una serie de manuscritos que revisten un carácter clave dentro del expediente penal por el crimen de Palacio, cuyos restos desmembrados aparecieron en distintos puntos de la región durante el transcurso del año 2025.
Explicaciones técnicas y resistencia ante la exhibición de pruebas
Al momento de iniciarse el acto administrativo y judicial, el detenido esgrimió argumentos vinculados a un presunto desconocimiento de los fines de la citación para justificar su postura obstructiva:
Falta de precisiones normativas: Laurta manifestó ante los funcionarios que no poseía las aclaraciones pertinentes sobre los documentos con los cuales se confrontarían sus rasgos gráficos, aduciendo que la medida afectaba sus garantías de defensa.
Presentación del libro de actas: Frente a este planteo, los auxiliares de la justicia procedieron a exhibirle un libro de actas de color azul que fue secuestrado en los allanamientos de la causa. Según los investigadores, dicho soporte de papel contendría anotaciones directas del acusado referidas a la planificación o motivaciones del asesinato.
Ratificación del rechazo: Pese a las aclaraciones brindadas por los peritos de Policía Científica y los requerimientos de la agente fiscal interviniente, Daniela Montangie, el imputado se mantuvo firme en su decisión de no estampar su firma ni redactar los párrafos exigidos para el peritaje.
Estructura de la defensa y volumen de evidencias informáticas
El imputado por el asesinato del chofer de Concordia cuenta con la asistencia legal del abogado Augusto Lafferriere, cuya designación formal resultó convalidad por la titular del Juzgado de Garantías Nº 4, María Gabriela Seró. A pesar del fracaso del examen caligráfico, las oficinas de la fiscalía continuaron con la explotación y el desglose de un importante cúmulo de evidencias materiales que buscan cimentar la acusación de cara al futuro pedido de elevación a juicio oral.
Las carpetas de la instrucción penal preparatoria sumaron los reportes de las aperturas telefónicas de múltiples terminales celulares y tarjetas SIM incautadas en los procedimientos de captura. De forma complementaria, los peritos informáticos avanzan en la extracción de datos de una computadora notebook y un disco rígido externo, elementos que se acoplaron al secuestro de un arma de fuego que permanece bajo análisis de balística forense para verificar su correspondencia con otros hechos delictuosos de la zona.
El complejo entramado de causas criminales entre Entre Ríos y Córdoba
El perfil criminal de Pablo Laurta abarca acusaciones de extrema gravedad institucional en más de una jurisdicción del territorio nacional. Más allá del homicidio que se instruye en Concordia, la Justicia de la provincia de Córdoba mantiene un pedido de comparecencia y detención en su contra por un doble femicidio perpetrado con posterioridad a la desaparición del remisero entrerriano.
Las autoridades cordobesas lo sindicaron como el autor material del asesinato de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Tras cometer los crímenes, el sospechoso emprendió una fuga que concluyó cuando las comisiones policiales lo localizaron oculto en las instalaciones de un hotel de la ciudad de Gualeguaychú. Las pericias tecnológicas posteriores sobre sus pertenencias abrieron nuevas líneas de castigo penal, detectándose archivos digitales compatibles con material de abuso sexual infantil y planos manuscritos detallando presuntos intentos de evasión de los penales provinciales.
