La Justicia Federal allanó un establecimiento rural en La Criolla por presunta explotación laboral y trata de personas
Fuerzas de seguridad pertenecientes a la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron una orden de registro y allanamiento en un establecimiento rural ubicado en la localidad de La Criolla, dentro del departamento Concordia. El procedimiento judicial se encuadró en una investigación de escala federal que persigue la constatación de presuntos delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, tras detectarse un contingente de peones rurales habitando en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La medida procesal resultó coordinada bajo los lineamientos de la Fiscalía Federal de Concordia y contó con el aval técnico del Juzgado Federal de la jurisdicción de Entre Ríos. La causa penal tuvo su origen en una denuncia previa que alertó a los estamentos ministeriales sobre severas irregularidades de índole laboral, habitacional y sanitaria a las que eran sometidos los empleados que prestaban servicios en el predio agrícola, activando las tareas de inteligencia de las brigadas federales.
Constatación de alojamiento insalubre y falta de infraestructura básica
Durante la requisa e inspección de los diferentes sectores del inmueble rural, los peritos y agentes federales documentaron el estado edilicio de los habitáculos asignados al personal, confirmándose un escenario compatible con la precarización laboral:
Infraestructura ruinosa: Los operarios residían en construcciones de mampostería sin finalizar, las cuales carecían por completo de aberturas esenciales como puertas y ventanas, quedando desprotegidos frente a las inclemencias climáticas.
Ausencia de servicios esenciales: Las inspecciones constataron que el campamento no disponía de tendido adecuado para el acceso a servicios básicos, detectándose asimismo la falta total de sistemas mecánicos de calefacción o provisión segura de agua.
Alojamiento indigno: Los instructores judiciales consideraron que las instalaciones relevadas resultaban incompatibles con los estándares mínimos de dignidad exigidos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Régimen de Trabajo Agrario nacional.
Informalidad laboral y secuestro de material documental clave
Las actuaciones labradas en el campo permitieron verificar de forma complementaria que los trabajadores rurales operaban en la total informalidad económica y contractual. Los agentes fiscales comprobaron que los empleados no se encontraban registrados ante los organismos de seguridad social (AFIP), careciendo de coberturas médicas por contingencias o accidentes de trabajo, aportes al esquema previsional y el cobro de haberes bajo los convenios paritarios de las respectivas cámaras del sector.
Los oficiales de la Policía Federal procedieron al secuestro de libros de asistencia, planillas de pago informales, dispositivos de telefonía celular y documentación comercial que permanecían resguardados en las oficinas de administración del campo. Estos elementos de convicción se incorporaron formalmente al expediente para determinar el grado de responsabilidad penal de los propietarios y administradores del establecimiento, disponiéndose la asistencia prioritaria de los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata para resguardar la integridad física y psicológica de los afectados.
