El acuerdo con los holdouts quedó listo para ser debatido en el recinto - Parlamentario
El proyecto debe ser sancionado definitivamente antes del 30 en junio. Ya cuenta con media sanción y el oficialismo en la Cámara de Diputados lo incluirá en la sesión pensada para el próximo 24.
El proyecto debe ser sancionado definitivamente antes del 30 en junio. Ya cuenta con media sanción y el oficialismo en la Cámara de Diputados lo incluirá en la sesión pensada para el próximo 24.
FOTOS: HCDN
En el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia, los diputados dictaminaron este miércoles sobre los acuerdos de conciliación celebrados entre Bainbridge ltd. y la Argentina, y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund con nuestro país, con lo que el tema quedó listo para ser debatido en el recinto la próxima semana. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Al respecto, asistieron para exponer ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.
En el inicio del encuentro, el titular de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Señaló el legislador libertario que el acuerdo es con Bainbridge por 171 millones de dólares y 104 millones de dólares con Attestor, contra pago de desembolso.
El oficialista remarcó la urgencia para aprobar el tema, dado que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio, y habiendo sido sancionado ya por el Senado, debe aprobarse antes de esa fecha en Diputados. Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse, alertó el presidente de Presupuesto y Hacienda.
Stampalija señaló en su intervención que estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron. Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas.
Recordó el funcionario -que ante una consulta puntual de la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley aclaró más tarde que a partir del lunes será secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía- que en el marco del conflicto jurídico planteado hubo pedidos de entrega de acciones de YPF, que fueron concedidos por la jueza neoyorkina interviniente, acción que luego se frenó.
La cuestión es que el tema ya tenía sentencia firme y había que llegar a un acuerdo, a lo cual se llegó, enfatizó, considerando que eso fue en principio muy beneficioso, dado que permitió una reducción sustancial de la deuda. En el caso de Bainbridge del 30% sobre el monto, y con Attestor sobre el saldo de 35% total. Creemos que son muy beneficiosos, remarcó el funcionario, garantizando que esto elimina intentos de embargos.
Aseguró que los casos se van a cerrar y desaparecer, explicando que una vez se aprueben los acuerdos, hay un plazo de dos días para notificar a los tribunales neoyorkinos, y luego se abre un plazo de 30 días para que se produzca el mecanismo de ejecución de los acuerdos, que consiste en que los acreedores entreguen los bonos y se produzca el pago. Nos presentamos ante los tribunales de Nueva York y se produce el acuerdo, cerró Stampalija, agregando que los acreedores asumen el compromiso de no litigar por ningún bono anterior al default y queda completamente cerrado este capítulo respecto de estos acreedores. Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre.
Ante el requerimiento de UP, precisó que Bainbridge tiene una sola sentencia por 96 millones de dólares y el acuerdo de pago prevé un pago de 66 millones, de ahí que se hable de un ahorro del 30%. En el caso de Attestor, que en su caso es acompañado por un grupo de acreedores, son varias sentencias por 460 millones de dólares, aproximadamente. Este grupo de acreedores embargó fondos depositados en Estados Unidos (300 millones) para cobrar su sentencia.
Luego empezó una discusión entre Bainbridge y Attestor respecto de quién tenía prioridad para cobrar primero. La jueza Loretta Preska le permitió a Attestor cobrar algo más de 200 millones de dólares y separó 70 para seguir la discusión con Bainbridge. La jueza le dio la razón a Attestor por los 96 millones de dólares y eso ya es una discusión entre los fondos, que se están disputando lo embargado, señaló el funcionario, acotando que Bainbridge termina la discusión con Attestor, que va a cobrar seguramente esos 96 millones y el saldo son 170 millones. Lo otro ya se perdió, admitió.
Entre otras cosas, los diputados de Unión por la Patria cuestionaron que a su juicio no estaba desgranada "la composición del pago".
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