Milei acelera los pliegos y reaviva la pulseada por la Corte - Informe Digital
El decreto recorta pasos previos y deja el trámite en manos del Senado, en medio de versiones sobre vacantes clave.
El presidente Javier Milei firmó este martes el Decreto 467/2026, que simplifica el proceso de postulación de magistrados federales y vuelve a poner en primer plano la discusión por la Corte Suprema. La medida, publicada en el Boletín Oficial, recorta instancias administrativas previas y concentra el trámite en el esquema constitucional del Senado.
La reforma alcanza la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General, del Defensor General y de jueces federales, fiscales y defensores públicos. El decreto también lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El movimiento no pasó inadvertido por el momento elegido. En la Casa Rosada admiten que el timing alimenta la lectura de un eventual avance para cubrir las dos vacantes del máximo tribunal, abiertas tras las salidas de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Milei suele delegar el frente judicial en su círculo de confianza, un terreno en el que reconoce no tener dominio fino. Con el recambio de autoridades en marzo en el Ministerio de Justicia, la relación con el Poder Judicial y con los representantes del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura quedó bajo la órbita de Karina Milei y su equipo.
En ese tablero también pesó una reunión reciente con el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien, según fuentes oficiales de la Casa Rosada, le acercó dos nombres para completar la integración del tribunal.
La nueva norma reduce requisitos burocráticos y revisiones previas sobre candidaturas judiciales. En Justicia, sin embargo, el foco está puesto en acelerar los pliegos que ya están en curso para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores.
Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego, sostienen operadores judiciales del Gobierno. Según explican, armar una propuesta puede llevar dos semanas y las demoras suelen aparecer por la declaración jurada ante ARCA y otros pasos administrativos que, a su criterio, podrían resolverse después, en el Senado.
Esa mirada fue respaldada por el asesor presidencial Santiago Caputo, que este martes publicó en X su apoyo al decreto. El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana, escribió, y agregó que las audiencias públicas del Senado son el ámbito donde se expresa la representación provincial.
Según pudo saber Infobae, Caputo también avala la propuesta que Lorenzetti le acercó a Milei para cubrir las vacantes de la Corte, en línea con las facilidades que introduce el decreto impulsado por Mahiques.
Meses atrás, el Gobierno había decidido acelerar los pliegos judiciales para aliviar la cantidad de cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Pero esa lógica no se extendió al máximo tribunal: semanas atrás, el Presidente dejó en claro que no impulsaría los dos nombres clave y prefirió esperar un escenario político más favorable después de las elecciones del año próximo. La experiencia fallida con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sigue pesando en esa decisión.
Un mes atrás, la aprobación de la extensión del cargo del camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista, mostró que todavía es posible reunir apoyos transversales para designaciones sensibles. Pero en el propio mundo judicial-libertario advierten que una postulación a la Corte exige otra escala de negociación.
En una sesión realizada dos semanas atrás, el Senado aprobó 74 candidaturas y el Ejecutivo envió una importante cantidad de pliegos al Congreso. A la vez, el Consejo de la Magistratura remitió más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa convocar a un plenario antes de la feria de invierno.
El foco más delicado está en Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, para cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la primera terna quedaron el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi no se descartan.
La lógica detrás de la nueva reforma de Milei
El Gobierno sostiene que el esquema vigente desde 2003 acumuló controles superpuestos: la publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas se hacían primero en el Ministerio de Justicia y luego volvían a repetirse, con mayor amplitud, ante el Senado. Según el decreto, esa duplicación enlentecía la cobertura de vacantes y desnaturalizaba la etapa de nominación presidencial.
En los considerandos, además, el Ejecutivo plantea que la Justicia atraviesa una crisis institucional por la cantidad de cargos vacantes, una demora que impacta en los tiempos de los procesos y en los derechos de los justiciables.
El cambio más relevante alcanza a la selección de jueces de la Corte Suprema. Antes, el trámite incluía pasos administrativos previos a cargo del Ministerio de Justicia; ahora, el Gobierno entiende que esas instancias sobran porque el Reglamento del Senado ya prevé audiencias públicas, publicidad de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.
Con la reforma, el proceso para la Corte queda así: ante una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar durante tres días el nombre y los antecedentes de los candidatos en el Boletín Oficial y en su web oficial. Esa difusión reemplaza la publicación en diarios de circulación nacional y local.
Luego, dentro de los cinco días posteriores al cierre de esa publicación, los postulantes deberán presentar una declaración jurada patrimonial según la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, con bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. También deberán detallar asociaciones civiles, sociedades, estudios jurídicos y clientes o contratistas vinculados a los últimos ocho años, para detectar incompatibilidades o conflictos de interés.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá cinco días para emitir un informe sobre el cumplimiento impositivo y previsional del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas esas instancias, el Ministerio de Justicia elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si envía la propuesta al Senado para pedir el acuerdo correspondiente.
El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para evaluar candidaturas a la Corte, entre ellos diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional. Para el Ejecutivo, esas variables quedan dentro de la apreciación político-institucional del Presidente, en una lógica más cercana al modelo de Estados Unidos.
Lo que no cambia, según la norma, es la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana. Esos mecanismos siguen vigentes, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde se evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.
