La causa contratos entra en la recta final antes del juicio - Informe Digital
Barbagelata definirá antes de la feria de invierno si el expediente por 53 millones de dólares va a debate oral.
La causa de los contratos truchos de la Legislatura entró en su tramo decisivo: la jueza de Garantías Marina Barbagelata anticipó que resolverá antes de la feria judicial de invierno si el expediente queda elevado a juicio oral. La definición importa porque puede abrir, por fin, el debate sobre una estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares.
Una definición que se espera desde hace años
Según informó este martes la magistrada, la lectura de fundamentos sobre los planteos de las partes y las decisiones pendientes se conocerán antes del receso invernal. La fecha exacta será comunicada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La discusión gira en torno al requerimiento de elevación a juicio presentado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, junto con las objeciones de las defensas. La causa investiga maniobras que, de acuerdo con la pesquisa fiscal, se habrían montado entre 2008 y 2018 a través de contratos truchos de las cámaras legislativas, con participación de funcionarios, empleados jerárquicos, dos estudios contables y personas ajenas al Estado que habrían actuado como prestanombres, falsificado firmas y endosado cheques.
La hipótesis fiscal sostiene que el dinero desviado terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Un expediente que se trabó y volvió a moverse
La instancia de elevación a debate comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio de ese mismo año por planteos defensivos que escalaron en la jerarquía judicial. Tras la reactivación de mayo de este año, la audiencia volvió a encaminarse hacia una resolución.
El Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años y que se inició a partir de una observación casual de un agente de policía en un cajero automático. A partir de ese dato, la pesquisa fue sumando elementos hasta reconstruir el presunto circuito de desvío de fondos.
En 2021, cuando se presentó el requerimiento ante la Justicia de Garantías, parte de la defensa intentó sacar el expediente de la órbita provincial y llevarlo al fuero federal, con el argumento de que el dinero habría sido usado para financiar campañas políticas. Esa hipótesis no fue la sostenida por el MPF, que apuntó a inversiones privadas de los imputados con los fondos presuntamente sustraídos.
La pelea por unificar las causas
La discusión sobre la jurisdicción demoró años. Recién en 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió el expediente al Juzgado de Garantías N°1 de Paraná, lo que permitió retomar el camino hacia la elevación a juicio.
Este martes, los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías ofrecieron prueba en favor de Jorge De Breuil y su esposa Alejandra Camissasa. Aunque ella no está acusada, sobre su situación pesan un levantamiento de secreto fiscal y patrimonial y una inhibición general de bienes. Los investigadores sospechan que parte del dinero habría sido colocado a nombre de parejas de imputados.
Desde Buenos Aires y por videoconferencia, Hawlena Gianotti volvió a pedir la unificación de las causas contratos uno y contratos dos. La jueza Barbagelata rechazó el planteo desde el inicio, pero la defensa insistió con la nulidad del requerimiento actual y la compactación de ambas investigaciones en una sola.
Los defensores sostienen que el rechazo perdió sustento cuando se conoció que el MPF avanzaba con una segunda investigación sobre contratos de la Legislatura que involucra a autoridades políticas. La primera etapa del caso, remarcan, alcanzó a funcionarios administrativos y a personas organizadas por fuera de la estructura legislativa.
Quiénes siguen en la causa
Los fiscales a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los defensores intervienen Damián Petenatti e Iván Vernengo por Alfredo Bilbao; José Velázquez por Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala por Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías por Jorge De Breuil; y Miguel Cullen por Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados iniciales quedaron 18: 12 accedieron a probation, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Entre los que siguen en el legajo también figuran Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, obtuvieron la suspensión de juicio a prueba María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Prueba patrimonial para De Breuil
En su exposición, Hawlena Gianotti pidió incorporar documentación que según dijo acredita el origen lícito y antiguo del patrimonio de De Breuil. Mencionó certificados de actividades económicas ante AFIP, registros de la vieja Dirección General de Rentas y de la DGI, recibos de sueldo y medio aguinaldo, bonificaciones extraordinarias, estados contables, correos electrónicos y una certificación firmada por el ex senador nacional Pedro Gustavino sobre servicios prestados en su despacho.
También solicitó sumar la pericia contable oficial y otros documentos vinculados con liquidaciones salariales, reservas hoteleras y poderes firmados en 2017. La defensa sostuvo que todo ese material apunta a respaldar la versión de que los bienes de De Breuil tienen origen lícito y de larga data.
