Presentaron nota para que el proyecto de 680 lotes vuelva a comisión y no se trate el viernes
La Unión de Trabajadores de la Tierra, en conjunto con Futuro en Común y la Intersindical presentaron este martes una nota dirigida a las y los ediles para no tratar el viernes el proyecto inmobili
La Unión de Trabajadores de la Tierra, en conjunto con Futuro en Común y la Intersindical presentaron este martes una nota dirigida a las y los ediles para no tratar el viernes el proyecto inmobiliario de 680 lotes en 47 hectáreas sobre la Ruta Nacional N° 35. Aseguran que hace falta más tiempo para discutir el tema.
Iñaki Esponda, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dialogó con Plan B, en el marco de la nota presentada este martes en el Deliberante para que el proyecto Plan Parcial AUF 4B, correspondiente al megaproyecto inmobiliario de aproximadamente 680 lotes en 47 hectáreas sobre la Ruta Nacional N° 35, vuelva a comisión.
En la de 171 lotes creemos que van a tener más dificultad de avanzar porque está sobre un Acuífero y esperemos que en el otro, vuelva a Comisión para que se nos de más tiempo a la sociedad civil y organizaciones para intervenir con fuerza en esta discusión.
No estamos diciendo que no se hagan loteos o que haya inmobiliarias privadas. Sí lo que estamos diciendo es que, de mínima se respeten las ordenanzas que existen. Recordamos que el 15% de las tierras tienen que quedar en manos municipales y planteamos que ya que se quiere modificar el Código Urbanístico Ambiental a favor de las inmobiliarias, que se modifiquen ciertas ordenanzas a favor de las miles de familias que alquilan y que no tienen vivienda propia, dijo.
Queremos que se revean esos porcentajes de tierras para que el Banco de Tierras Municipal, que es una herramienta que ya existe y está aprobada, cuente con más tierras para empezar a tener una política activa en la solución habitacional en Santa Rosa, agregó.
En referencia al proyecto que se tratará el viernes, Esponda dijo que nos enteramos sobre la marcha. Nos distrajeron con el Acuífero y rápidamente crearon una comisión especial para tratar esto el viernes. Por eso, lo que estamos haciendo de las UTT, Futuro en Común, en conjunto con la Intersindical, es presentar una nota por Mesa de Entradas al Concejo Deliberante para que este proyecto vuelva a Comisión, para que haya más tiempo para discutir esta cuestión.
Consultado sobre si habrá una movilización el viernes, Esponda dijo que dependerá de la respuesta del Concejo. Si se insiste en tratar este viernes, veremos entre las distintas organizaciones si, al menos hacemos acto de presencia durante la sesión.
El dirigente de la UTT dijo que no han dialogado sobre este tema con el oficialismo. Para esto puntualmente, no, pero para el proyecto de una inmobiliaria municipal de alquiler, un concejal se acercó a las charlas. Sí, en la banca del vecino, cuando presentamos el proyecto de ordenanza. Pero no hubo un ida y vuelta, fueron cinco minutos para presentar y decir lo que quieras decir. Ahí están todos los concejales, que están al tanto de ese proyecto.
Sí tuvimos comunicación con la que preside la comisión de reglamentación, que es la comisión a la que pasó el proyecto nuestro y los pedidos del Colegio de Martilleros que se opusieron sin leer el proyecto. Sí pedimos estar en esa comisión especial que el martes 30 tratará el proyecto de la inmobiliaria. Entendemos, que nos van a convocar y ahí estaremos, agregó.
Son muchas las cosas que están en marcha: la Audiencia Pública, la sesión especial (del viernes) para el loteo de 680 lotes y el 30 de junio, la Comisión Especial para tratar el proyecto de la Inmobiliaria Municipal de Alquiler, resumió Iñaki Esponda.
Si no hubiésemos presentado este proyecto de la inmobiliaria, estaríamos discutiendo si se avanza o no en dos grandes megaloteos para inmobiliarias privadas. Ahora, como también está en la agenda este proyecto, no les ha quedado otra porque ingresó formalmente, nos tomamos el trabajo de pedir la Banca del Vecino y de crear un proyecto de ordenanza, dijo.
«Hemos condicionado lo más que hemos podido al municipio para que, no solo piense en estos megaproyectos, sino que también tenga la facultad que hoy para dejar de pensar que el desarrollo urbano tiene que estar basado en la lógica privada o por un estado provincial que crea viviendas, a través del IPAV, sino que también, el mismo municipio, ya que ni el estado ni el mercado ha logrado resolver la cuestión, cuente con más facultades para participar del mercado inmobiliario de otra manera, finalizó.
La nota presentada en el Deliberante
Santa Rosa, La Pampa, 16 de Junio de 2026
A la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Santa Rosa
S / D
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, quienes suscriben nos dirigimos a esta Comisión a fin de manifestar propuestas y consideraciones respecto de las modificaciones urbanísticas y decisiones de planificación territorial vinculadas al denominado Plan Parcial AUF 4B, correspondiente al megaproyecto inmobiliario de aproximadamente 680 lotes en 47 hectáreas sobre Ruta Nacional N° 35.
Entendemos que el acceso al suelo urbano y a la vivienda constituye actualmente uno de los principales problemas que atraviesan amplios sectores de la población de Santa Rosa. La creciente dificultad para acceder a terrenos, viviendas y alquileres en condiciones razonables viene profundizando situaciones de desigualdad y exclusión urbana, situación que se expresa, entre otros aspectos, en el desarrollo de al menos seis asentamientos en la ciudad durante los últimos veinte años. Asimismo, esta problemática se refleja en la crisis que atraviesan numerosos hogares inquilinos, sectores populares y clases medias frente al aumento sostenido de los valores locativos y las crecientes dificultades para acceder a contratos formales.
Asimismo, consideramos importante señalar que esta crisis habitacional no puede explicarse únicamente por la pérdida del poder adquisitivo de la población o por la situación económica general, sino también por las propias dinámicas del mercado inmobiliario, caracterizadas por procesos de especulación y valorización creciente del suelo urbano, así como por la ausencia de políticas públicas locales sostenidas que intervengan activamente para garantizar el derecho a la vivienda y el acceso equitativo al suelo.
En ese contexto, advertimos que las políticas urbanas orientadas exclusivamente a facilitar grandes emprendimientos inmobiliarios privados no necesariamente contribuyen a resolver dicha problemática. Por el contrario, numerosos antecedentes demuestran que este tipo de desarrollos suelen responder principalmente a lógicas de valorización inmobiliaria y rentabilidad financiera, favoreciendo procesos especulativos sobre la tierra urbana antes que soluciones efectivas al déficit habitacional existente.
Creemos importante señalar que el mercado inmobiliario, por sí solo, no garantiza el derecho de acceso a la vivienda para el conjunto de la población. La experiencia reciente demuestra que el crecimiento de desarrollos inmobiliarios y edificios residenciales no se ha traducido automáticamente en una mejora del acceso habitacional para los sectores medios y populares.
En muchos casos, los lotes y viviendas terminan funcionando principalmente como activos de inversión, reserva de valor o instrumentos de especulación inmobiliaria, permaneciendo fuera del alcance de quienes efectivamente necesitan acceder a una vivienda única.
En particular, entendemos que las modificaciones urbanísticas en pos de facilitar la realización de proyectos de gran escala (Caso Plan Parcial AUF 4B), deben ser analizados con especial rigurosidad, considerando no solamente su impacto urbanístico inmediato sino también sus efectos sociales, territoriales y económicos a mediano y largo plazo. Resulta necesario evaluar si este tipo de emprendimientos contribuye efectivamente a ampliar el acceso democrático al suelo urbano o si, por el contrario, profundiza procesos de segmentación territorial y concentración de oportunidades urbanas en sectores con mayor capacidad económica.
En ese sentido, entendemos que el Concejo Deliberante, en su carácter de órgano legislativo local, debe evaluar estas iniciativas desde una perspectiva integral de interés público, priorizando el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y el acceso equitativo al suelo urbano por sobre intereses sectoriales o modelos de negocio privados.
Existen antecedentes normativos que facultan a las Municipalidades a constituir Sociedades del Estado con el objeto de desarrollar actividades de carácter comercial, industrial o explotar servicios públicos, tal es el caso de la Ley N°. 20.705. A su vez, otro de los antecedentes normativos es la Ordenanza N° 10.456 del Concejo Municipal de Rosario, sancionada el 15
de diciembre de 2022, mediante la cual se creó la Empresa de Desarrollo Urbano SAU, una sociedad anónima unipersonal cuyo único socio es la Municipalidad de Rosario, regida por la Ley N° 19.550 concordantes y modificatorias, su estatuto y las normas de funcionamiento que la misma dicte al efecto, destinada a desarrollar políticas urbanas y habitacionales. También puede mencionarse el caso de la Inmobiliaria Municipal existente en el municipio de Berazategui. Estos antecedentes demuestran que los municipios cuentan con facultades para generar instrumentos públicos orientados a intervenir activamente en el acceso al suelo y la vivienda.
A tal efecto, solicitamos que se tengan especialmente en consideración los siguientes puntos:
Antecedentes normativos y viabilidad jurídica
Existen antecedentes normativos municipales y nacionales que demuestran la viabilidad de instrumentos públicos de intervención en materia urbana y habitacional. Entre ellos, la Ley Nacional N° 20.705, que habilita la constitución de Sociedades del Estado, y la Ordenanza N° 10.456 del Concejo Municipal de Rosario (15/12/2022), mediante la cual se creó la Empresa de Desarrollo Urbano SAU, destinada a implementar políticas de acceso al suelo y a la vivienda. Estos antecedentes evidencian que los municipios cuentan con facultades legales para intervenir activamente en el desarrollo urbano.
Diagnóstico del problema urbano y habitacional
La experiencia reciente muestra que el crecimiento de desarrollos inmobiliarios no ha derivado necesariamente en una mejora del acceso a la vivienda, persistiendo unidades ociosas y utilizadas como reserva de valor, junto con un déficit habitacional estructural. En este contexto, el aumento de los alquileres y las dificultades de acceso al suelo profundizan la crisis habitacional que afecta a sectores medios, trabajadores y sectores populares, mientras continúan los procesos de expansión de asentamientos urbanos.
Asimismo, la habilitación de grandes loteos privados puede generar procesos de valorización del suelo y dinámicas especulativas que dificultan aún más el acceso a la tierra urbana, sin resolver de manera efectiva las problemáticas de fondo.
Necesidad de planificación urbana integral
El crecimiento urbano debe ser evaluado de manera integral, considerando la disponibilidad de infraestructura y servicios públicos agua, cloacas, energía, transporte, accesibilidad y equipamiento comunitario, y no exclusivamente en función de la rentabilidad inmobiliaria privada.
Lineamientos de política pública
En este marco, se considera necesario fortalecer el Banco de Tierras Municipal, ampliar la intervención pública sobre el suelo urbano y desarrollar políticas activas de acceso al hábitat. Asimismo, se propone la creación de un parque público de viviendas en alquiler y de lotes con servicios de gestión municipal, como herramientas destinadas a ampliar la oferta habitacional accesible.
Participación ciudadana y orientación del interés público
Se entiende fundamental garantizar instancias de participación ciudadana y transparencia en los procesos de modificación urbanística, asegurando que las decisiones en materia de suelo y ciudad se orienten al interés colectivo y al derecho a la vivienda, evitando que prevalezcanlógicas de especulación inmobiliaria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a esa Comisión que analice en profundidad los impactos urbanos, sociales y económicos de las iniciativas en tratamiento, incorporando de manera
explícita la función social del suelo urbano en las decisiones de planificación y modificación normativa. En ese sentido, proponemos la creación de un parque público de viviendas en alquiler y de lotes con servicios de gestión municipal, como instrumentos concretos de acceso al hábitat y reducción del déficit habitacional.
Asimismo, consideramos imprescindible que en el propio predio donde se proyecta el desarrollo de los 680 lotes se contemple la afectación del porcentaje correspondiente al Banco de Tierras Municipal, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 6361/20, fortaleciendo así la capacidad pública de intervención sobre el suelo urbano.
En este marco, solicitamos asimismo el tratamiento de la modificación de la Ordenanza N° 6361/20, con el objeto de incrementar los porcentajes de cesión de suelo a favor del Municipio en los casos de urbanizaciones y desarrollos privados.
En particular, proponemos elevar del quince por ciento (15%) al treinta por ciento (30%) la superficie total que debe quedar en manos del Municipio ante cada loteo o desarrollo urbano privado, fortaleciendo así las herramientas públicas de planificación territorial y acceso al suelo.
Asimismo, solicitamos que, dentro de dicho porcentaje, se incremente la porción destinada al Banco de Tierras Municipal, pasando del doce por ciento (12%) actualmente previsto en la Ordenanza N° 6361/20 al treinta por ciento (30%), garantizando una mayor disponibilidad de tierras públicas para políticas habitacionales y urbanas.
En este sentido, consideramos fundamental que las tierras incorporadas al Banco de Tierras Municipal puedan ser destinadas a programas de loteos municipales orientados a sindicatos, gremios, cooperativas y población en general, promoviendo el acceso al suelo y a la vivienda para familias trabajadoras.
Del mismo modo, proponemos que dentro de estas herramientas se contemple la posibilidad de conformar el primer parque público de viviendas en alquiler, como política activa de acceso habitacional y regulación social del mercado del suelo.
Entendemos que estas medidas generarían un beneficio virtuoso tanto para el Municipio como para la comunidad, fortaleciendo la capacidad pública de planificación urbana, ampliando el acceso a la tierra y promoviendo soluciones habitacionales para amplios sectores de la población.
Por último, se solicita tenga a bien considerar que el proyecto Plan Parcial AUF 4B,
correspondiente al megaproyecto inmobiliario de aproximadamente 680 lotes en 47 hectáreas sobre Ruta Nacional N° 35, vuelva a debate en comisión.
