Fusilados de 1956: el juicio y el lazo familiar que salpica a Milei - Informe Digital
En San Martín empieza el proceso por lesa humanidad y asoma el parentesco del embajador en México con uno de los acusados.
En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres, este miércoles comenzará un juicio por la verdad histórica que vuelve a poner bajo la lupa al Estado argentino. El proceso, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, busca establecer si aquellos fusilamientos fueron delitos de lesa humanidad.
La audiencia se realizará en el Auditorio Hugo del Carril, levantado en el sitio donde antes estaba el basural en el que fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció Rodolfo Walsh.
El juicio, encabezado por la jueza Alicia Vence, apunta por primera vez a condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio de 1956, encabezado por el general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y no se descarta una declaración de Juan Carlos Livraga, el fusilado que vive, hoy con 94 años y residente en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, y se espera que el fallo se conozca el último día.
Más allá de ese desenlace, la causa pretende abrir una puerta hacia adelante: que la Justicia federal ordene investigar otros operativos militares y policiales de aquella noche. Hubo represión en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo, además de Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa. En total, la represión dejó 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, Valle fue ejecutado el 12 de junio, luego de entregarse para frenar la persecución.
Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto, resumió el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.
Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes después de que la denuncia original de Livraga, difundida por Walsh, no prosperara en la Corte Suprema. En 1957, el máximo tribunal ordenó que el caso pasara a la justicia militar, que exoneró a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Fue él quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa de Florida y ordenó fusilarlos en un descampado de San Martín durante la madrugada del 10.
Aramburu, Rojas y Fernández Suárez figuran en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones y, según pudo reconstruir elDiarioAR, las familias de Aramburu y Fernández Suárez no habían sido notificadas del inicio del juicio. En los últimos días, además, una investigación publicada en Anfibia reveló que el nieto del jefe de la Policía es hoy diplomático del Gobierno: Leandro Fernández Suárez, de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este año fue designado embajador en México por decreto de Javier Milei.
La revelación tuvo impacto en la diplomacia. Según confió un embajador a este medio, el dato llegó al canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso La Política Online publicó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor.
El expediente también pasó por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado que conduce Sebastián Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado vaya a asumir la defensa de la posición estatal frente a los fusilamientos.
El proceso judicial que ahora comienza acumuló cuatro años de demora. Tuvo otro tropiezo cuando el fiscal que impulsaba la causa, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un puesto en el BICE.
La dictadura que ordenó los fusilamientos
Los responsables
El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal, aunque sí un espejo en Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y estableció que el ataque del 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit fue un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso fue el modelo sobre el que trabajó la querella.
Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.
El silencio fue la primera condena para las familias. Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.
Los que murieron. Los que vivieron
