Tras las rejas de la indigencia: La escandalosa brecha entre la seguridad entrerriana y los privilegios de la política
Mientras policías y agentes penitenciarios arriesgan su vida en las calles y pabellones de la provincia percibiendo sumas fijas en negro, la planta de funcionarios y los asesores acomodados gozan de ingresos millonarios ajenos a la crisis. Radiogra
Mientras policías y agentes penitenciarios arriesgan su vida en las calles y pabellones de la provincia percibiendo sumas fijas “en negro”, la planta de funcionarios y los asesores acomodados gozan de ingresos millonarios ajenos a la crisis. Radiografía de una injusticia institucionalizada.
La tensión en Entre Ríos ya no solo se respira en las barriadas calientes marcadas por el delito o dentro de los superpoblados pabellones carcelarios; hoy el principal foco de conflicto está en las finanzas de quienes deben garantizar el orden público. Tanto el personal de la Policía de Entre Ríos (PER) como del Servicio Penitenciario (SPER) atraviesan una de las crisis salariales más severas de la historia democrática reciente. Una precarización estructural que el Ejecutivo provincial intenta maquillar con parches económicos descartables, mientras los despachos de la política entrerriana blindan sueldos de privilegio y designaciones a dedo ajenas a cualquier esquema de austeridad.
El valor de la vida en la calle y el pabellón: Códigos y sumas “en negro”.
La realidad de un policía de calle o de un agente penitenciario raso es alarmante. En el último entramado de aumentos decretado por el Gobierno provincial, se dispuso la actualización de asignaciones fijas no remunerativas ni bonificables los denominados “bonos” o códigos en negro (como el 101 o el 133) que oscilan entre los $200.000 y los $350.000 según la jerarquía.
Si bien las gacetillas oficiales anuncian con bombos y platillos que un agente inicial de seguridad roza un piso de $1.300.000, la trampa radica en la composición de ese haber: más de un 25% del salario se compone de montos que no computan para el aguinaldo, no impactan en la antigüedad y destruyen el haber jubilatorio de los futuros retirados (quienes apenas recibieron un piso fijo de $100.000 para paliar el desfasaje).
“El vecino nos exige que estemos alertas y que prevengamos el delito, pero pocos saben que un policía tiene que hacer adicionales obligatorios para llegar a fin de mes, restándole horas al descanso. Salimos a la calle con chalecos vencidos y compramos nuestras propias balas y uniformes. Un bono en negro no es dignidad, es precarización estatal”, confiesa un cabo de la fuerza policial bajo estricto mofles de anonimato por temor a sumarios.
Dos realidades: El costo de la seguridad vs. el costo de la política.
Mientras los referentes de la mesa del salario policial y penitenciario exigen aumentos genuinos aplicados de forma directa al sueldo básico para detener la asfixia de la inflación, los despachos oficiales en Paraná muestran una opulencia difícil de justificar ante el trabajador que arriesga el pellejo.
La asimetría entre quienes sostienen las trincheras de la seguridad y la cúpula que habita los pasillos del poder legislativo y ministerial es obscena:
Cargo / Función Ingreso Estimado (Junio 2026) Condición Laboral / Riesgo
Agente Policial / Penitenciario Inicial $1.302.000 (Con alto porcentaje no remunerativo) Alto riesgo físico, turnos rotativos extendidos, responsabilidad civil y penal directa.
Funcionario No Escalafonado / Asesor Nivel I Más de $2.190.000 (Básicos según estructura) Sin riesgo físico, designación política discrecional, sin exigencia de idoneidad o carrera.
Secretarios Ministeriales / Directores Ejecutivos Supera los $3.400.000 Cargos políticos de alta estructura, viáticos preferenciales y movilidad oficial.
Legisladores Provinciales Por encima de los $4.500.000 Dietas indexadas de forma automática, cupos millonarios para contratos discrecionales.
El banquete de los “acomodados”: Contratos y parentelas en el Estado.
El verdadero corazón de la indignación en las guardias policiales y las garitas penitenciarias no es solo el número frío, sino la impunidad de la distribución. Mientras a los uniformados se les escatima el pago de horas extras genuinas o se les congelan los adicionales argumentando “restricciones presupuestarias”, la caja política sigue aceitada para financiar los favores de los “amigos de turno”.
Los contratos de asesoría en las cámaras legislativas y las secretarías creadas a medida para militantes de campaña o familiares directos funcionan como un sistema de seguridad social para la élite gobernante. Un solo asesor político de “Nivel I” muchas veces sin profesión universitaria requerida y con nula asistencia comprobable a las comisiones percibe mensualmente lo mismo o más que dos funcionarios de las fuerzas que custodian internos federales peligrosos o patrullan las zonas más conflictivas de la provincia.
Sin paritarias libres y bajo el yugo del sumario.
A diferencia del resto de la administración pública provincial (como los estatales nucleados en UPCN o ATE, que pactan pautas en mesas de negociación), la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos tienen estrictamente prohibido el derecho a la sindicalización. No tienen voz ni voto en las paritarias; dependen de la lapicera del Ministerio de Seguridad y Justicia y de las decisiones fiscales de Economía.
Esta indefensión jurídica e institucional los deja a merced de decretos unilaterales que han achatado por completo la pirámide salarial. Hoy en día, la diferencia económica entre ser un agente recién ingresado y un oficial con una década de experiencia y personal a cargo se ha reducido a márgenes insignificantes debido a la política destructiva de otorgar sumas fijas iguales para todos, liquidando el mérito, la responsabilidad jerárquica y el incentivo de la carrera profesional.
Al 15 de junio de 2026, el malestar interno en las comisarías y en las unidades penales es un secreto a voces que amenaza la estabilidad de la verticalidad. Si quienes deben vigilar el cumplimiento de la ley y combatir el crimen perciben que el propio Estado los estafa con salarios que los hunden en la línea de la pobreza, mientras premia la obsecuencia política en los despachos gubernamentales, la seguridad pública de Entre Ríos se asienta sobre un terreno sumamente peligroso.
Redacción: Nova Comunicaciones.
