¿Son necesarios más jueces de Familia en San Juan?
La Corte de Justicia impulsa la creación de dos nuevos cargos y el debate ya está instalado entre quienes recorren a diario los pasillos del fuero. ¿Qué piensan los abogados? ¿Están a favor o en contra? Una estructura desbordada por la cantidad y com
Después de que la Corte de Justicia señalara la necesidad de reforzar el Fuero de Familia de San Juan y, como consecuencia, enviara un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la creación de dos cargos de jueces, iniciativa que fue anunciada días atrás por el presidente Daniel Olivares Yapur, Tiempo de San Juan consultó con abogadas y abogados sanjuaninos que litigan en el fuero si es necesaria la ampliación.
Según los fundamentos del proyecto, entre 2024 y principios de 2026 ingresaron 10.394 nuevas causas al fuero, que actualmente acumula cerca de 37.000 procesos activos. Todo ese volumen debe ser atendido por una estructura que hoy cuenta con cuatro juzgados, aunque uno de ellos se encuentra vacante tras la designación de su titular en la Cámara de Apelaciones.
Desde la Corte sostienen que el fuero atraviesa una presión creciente producto de una mayor litigiosidad y de la complejidad de los conflictos que llegan a los tribunales. Allí se tramitan desde causas de violencia intrafamiliar y protección de personas vulnerables hasta procesos de adopción, restricciones a la capacidad, filiación, divorcios, cuidado personal de niños y reclamos alimentarios.
Entre los profesionales consultados, la percepción dominante es que el sistema se encuentra exigido al límite. Una abogada integrante de un colectivo de madres y profesionales que trabajan sobre incumplimientos alimentarios aseguró que los juzgados están "colapsados" y vinculó esa situación con el aumento de conflictos relacionados con cuotas alimentarias, deberes de cuidado, violencia y problemáticas de adicciones. A su entender, la creación de nuevos juzgados podría contribuir a acelerar los trámites, aunque advirtió que también es indispensable incorporar personal especializado en derecho de familia y fortalecer los equipos técnicos interdisciplinarios.
Una mirada similar aportó otra letrada con casi dos décadas de experiencia litigando en el fuero. Según explicó, el volumen de expedientes hace prácticamente imposible mantener todas las causas al día. "Estamos hablando de conflictos que involucran niños, alimentos, violencia familiar e internaciones judiciales. No resolverlos a tiempo genera un daño concreto en las personas", señaló. Para ella, además de cubrir la vacante existente, resulta necesaria la creación de dos nuevos juzgados.
Otro abogado consultado también respaldó la iniciativa. Consideró que la realidad social, atravesada por dificultades económicas y situaciones de violencia, genera una demanda que supera la capacidad actual de respuesta. "Hoy la temática de familia ya no pasa solamente por los niños; también incluye adultos mayores, restricciones de capacidad y múltiples problemáticas sociales", explicó. En su opinión, más jueces deben ir acompañados de personal capacitado y de una perspectiva especializada para abordar adecuadamente estos conflictos.
Entre quienes apoyan la ampliación de la estructura judicial existe un punto de coincidencia: la necesidad de fortalecer la capacitación. Una de las abogadas consultadas sostuvo que la incorporación de magistrados debería complementarse con una mayor especialización de quienes intervienen en la tramitación de las causas. También planteó reparos sobre el funcionamiento de algunos equipos técnicos y remarcó la importancia de garantizar evaluaciones interdisciplinarias que respondan a criterios profesionales uniformes.
Otra profesional destacó que el fuero ha avanzado en la incorporación de una mirada interdisciplinaria y en la protección de sectores vulnerables, aunque reconoció que la creciente complejidad de los casos exige más recursos humanos para brindar respuestas rápidas y eficaces. A su juicio, la vacante existente profundizó una situación que ya era compleja antes de la salida del último juez.
Además, valoró herramientas como la mediación obligatoria en determinadas materias, especialmente en cuestiones vinculadas a la responsabilidad parental, por entender que contribuyen a reducir la litigiosidad.
No todos coinciden en que la solución pase por sumar magistrados. Una de las abogadas consultadas consideró que el problema principal no es la cantidad de jueces sino la forma en que se gestionan los expedientes. Desde su perspectiva, la virtualización y el esquema de trabajo implementado con las Oficinas Judiciales provocaron una pérdida de contacto directo entre los empleados y las causas.
Según explicó, antes cada expediente era seguido por un empleado específico que conocía en profundidad el caso. Hoy, en cambio, la distribución del trabajo puede derivar en que distintas personas intervengan sucesivamente sin un conocimiento integral del proceso. Para esta profesional, el sistema cuenta con suficiente personal y muchas causas ya fueron derivadas a los juzgados de Paz, que en algunos casos ofrecen respuestas más ágiles.
La discusión trasciende los números. Los expedientes que llegan al Fuero de Familia involucran situaciones de alta sensibilidad social: niños que reclaman alimentos, familias atravesadas por conflictos de cuidado, víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental o adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. En ese escenario, incluso quienes destacan el esfuerzo cotidiano de jueces, funcionarios y empleados, coinciden en que la demanda no deja de crecer.
Una sexta profesional consultada describió experiencias diversas. Relató haber obtenido respuestas rápidas en causas urgentes, aunque también recordó demoras y resoluciones contradictorias durante períodos de subrogancia en juzgados sin titular. Para ella, el funcionamiento general es adecuado, pero las vacancias terminan impactando en los tiempos de resolución.
Mientras la mayoría de los abogados consultados coincide en que la estructura actual está desbordada por la cantidad y complejidad de los casos, tampoco pasan inadvertidas las voces que apuntan a problemas de organización y gestión más que a la falta de magistrados.