Suspenden el juicio a un supuesto estafador por su condición mental | El Dia
Según informes técnicos, el proceso podría actuar como factor revictimizante para el imputado y agudizar su cuadro depresivo
El juicio contra Bruno Mario Billiani, acusado en una causa por una supuesta estafa y defraudación con fideicomisos al costo, con un centenar de reclamantes en La Plata y otras ciudades, fue suspendido por decisión de la jueza correccional Claudia Greco, luego de que peritos oficiales y de parte concluyeran de manera unánime que el imputado no se encuentra actualmente en condiciones psíquicas de afrontar el debate.
Las audiencias estaban previstas para los próximos 3 y 6 de julio, pero se decidió su postergación tras analizar diversos informes psicológicos y psiquiátricos.
La medida encontró un fuerte rechazo de parte de los abogados que representan a las víctimas, que tienen pensado recurrirla.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que los propios informes periciales reconocen que Billiani conserva sus capacidades cognitivas esenciales.
Quienes representan a los denunciantes, consideran que la resolución habría equiparado incorrectamente un trastorno depresivo tratable con una situación de alienación mental o incapacidad procesal.
Por eso piensan plantear que los informes médicos responden a una lógica terapéutica destinada a proteger al paciente, pero advierte que esa mirada no puede prevalecer sobre las necesidades del proceso penal.
En ese sentido, los apelantes sostendrán que la suspensión afecta a los particulares damnificados, quienes continúan esperando que la causa llegue finalmente a juicio.
Uno de los puntos más sensibles de su presentación será el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente.
La impugnación remarcará que la investigación se remonta a 2017 y que el debate oral ya había sido postergado desde abril de 2023 hasta julio de 2026. Ahora, con una nueva suspensión sin fecha cierta de realización, se advierte sobre un posible riesgo de prescripción de la acción penal.
Por ese motivo, afirman que la medida vulnera el derecho de las víctimas a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, garantía reconocida por los tratados internacionales de derechos humanos.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la situación se originó a partir de un planteo realizado por la defensa de Billiani, que informó al tribunal sobre un agravamiento de su estado de salud mental, incluyendo un aparente intento por atentar contra su salud, una internación posterior y la continuidad de tratamientos psiquiátricos y psicológicos.
Ante ese escenario, la Justicia ordenó una evaluación integral para determinar si el acusado estaba en condiciones de afrontar el proceso oral.
En ese punto, una especialista concluyó que Billiani presenta un importante sufrimiento psíquico, con elevados niveles de angustia y estrés, y señaló que no posee actualmente una adecuada capacidad para planificar la resolución de conflictos. Además, sostuvo que la exposición al juicio podría agravar significativamente su cuadro clínico.
Por su parte, la perito de la defensa diagnosticó un trastorno depresivo mayor reactivo, vinculado directamente a los acontecimientos investigados en la causa. También destacó antecedentes de conductas de autoeliminación y advirtió que el desarrollo del juicio podría actuar como un factor revictimizante y reactivar la sintomatología traumática.
En tanto, un psiquiatra forense y el psiquiatra de parte coincidieron en que el imputado atraviesa un cuadro depresivo agudo, con insomnio, pérdida de apetito, deterioro personal y dificultades cognitivas que afectan parcialmente su capacidad para ejercer una defensa adecuada.
Los especialistas indicaron además que, si bien Billiani comprende el proceso judicial, la enfermedad impacta en su capacidad para participar activamente en él y que someterlo al debate podría representar un riesgo para su salud debido a sus antecedentes suicidas.
Finalmente, la jueza Greco consideró que avanzar con el debate podría vulnerar el derecho de defensa del acusado y agravar su cuadro clínico. Por ello resolvió suspender el juicio y ordenar una nueva evaluación psiquiátrica dentro de tres meses para determinar si existen mejoras que permitan retomar el proceso.
