El Estado acumula más de 339.000 juicios y se desconoce el costo final de las sentencias
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En una extensa investigación publicada por los colegas de LA NACION, quedó expuesta la magnitud de la litigiosidad que enfrenta hoy la administración pública nacional: la administración central acumula 339.085 demandas activas y el propio Estado reconoce que desconoce cuánto deberá pagar en total.
Ese número refiere solo al corazón del Estado nacional y no incluye los reclamos contra organismos como Anses o ARCA ni los pleitos internacionales, que multiplican el volumen del problema.
Por caso, a septiembre del año pasado existían 294.308 juicios en trámite en los que la Anses fue notificada como parte, según los datos citados en el trabajo periodístico.
El dato fue obtenido de fuentes oficiales y cotejado con respuestas a pedidos de acceso a la información pública. Las demandas activas apuntan directamente al centro del funcionamiento de cada gobierno, no solo por su volumen, sino porque ni siquiera los encargados de defender al país en los tribunales pueden precisar el costo final.
Más de la mitad de los expedientes sin monto
El aspecto más inquietante aparece al intentar responder cuánto deberá pagar el Estado. Hay más de 183.000 expedientes sin una cifra cuantificada. Es decir, más de la mitad del universo de demandas registradas carece de monto definido.
Entre las causas que sí tienen datos económicos, los montos aparecen dispersos y en distintas monedas. Se registran juicios por al menos $479.494.736.524, US$5.324.674.723, 2.498.705, £2.498.705 y ¥933.000.000.
En muchos expedientes, el costo económico aún no se conoce porque los pleitos avanzan primero sobre el reconocimiento del derecho y solo después se calcula la liquidación final.
En otros, las actualizaciones por índices judiciales, muchas veces sujetas al criterio de los magistrados, pulverizan cualquier referencia nominal previa.
El resultado es una especie de deuda flotante imposible de medir con exactitud, una masa de litigios que puede crecer durante años dentro de los balances públicos.
El rol de la Procuración del Tesoro
La investigación se apoyó en documentos de la Procuración del Tesoro de la Nación, el máximo órgano que reúne a los abogados del Estado y que oficia como principal defensa frente a los embates judiciales.
Ese organismo está encabezado por Sebastián Amerio, funcionario de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, que asumió en marzo pasado tras los cambios en el Ministerio de Justicia, cartera que ahora responde a Juan Bautista Mahíques, cercano a Karina Milei.
Según reconstruyó LA NACION, Javier Milei le ordenó a Amerio blindar la seguridad jurídica en el país, uno de los motivos por los que los abogados del Estado siguen de cerca el mapa de juicios.
La Procuración del Tesoro no interviene en todos los pleitos contra el Estado, sino que asume la conducción de aquellos con mayor trascendencia económica o institucional. En el resto, fija lineamientos, pero la tarea recae en los departamentos legales de cada ministerio u organismo.
Consultado por ese medio para conocer la interpretación oficial del problema, Amerio se mostró directamente involucrado. Mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país, sostuvo.
Y agregó: Para ello, contamos con equipos jurídicos de primer nivel, integrados por algunos de los mejores abogados del Estado. Actualmente, intervenimos de manera directa en más de 30 causas de máxima relevancia institucional y participamos en otras 150 como patrocinantes, detalló.
Qué tipos de juicios enfrenta el Estado
El relevamiento muestra que los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes, más del 40% de toda la litigiosidad registrada (sin contar los juicios contra Anses y ARCA).
Les siguen, entre otros rubros, cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro de pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%) y ejecución de tarjeta de crédito (3%), además de causas previsionales, despidos y prestaciones médicas.
En total, hay 367.018 expedientes registrados, aunque 27.933 ya fueron cerrados o están inactivos. En proceso permanecen 235.377 demandas y en ejecución, unas 70.219. Se suman 23.784 amparos, 7558 recursos, 6775 pedidos de concursos o quiebras y 6279 cautelares, según los datos a los que accedió el medio.
El 56% de las demandas se tramita en la Ciudad de Buenos Aires. Luego aparecen la provincia de Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%).
Entre las dependencias más demandadas figuran la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería Nacional, además del Ministerio de Economía, la Prefectura, el Servicio Penitenciario, la Fuerza Aérea y la Armada, entre otros.
Buena parte de este engranaje no está vinculada a grandes escándalos, sino a conflictos repetitivos y masivos. Un dato llamativo: nada genera más trabajo a los abogados del Estado que las demandas salariales de sus propios trabajadores.
Los pleitos abarcan desde amparos de salud y reclamos previsionales hasta conflictos por sueldos de fuerzas de seguridad, disputas administrativas, litigios entre organismos públicos y una gran cantidad de reclamos por diferencias en prestaciones médicas.
Una industria de juicios alimentada por el propio Estado
Gran parte de los litigios no surge de hechos aislados, sino de mecanismos administrativos, laborales y previsionales que generan conflictos en serie durante años. Es, en los hechos, una industria: las amenazas no son accidentes imprevisibles, sino el modo en que el sector público liquida salarios, actualiza haberes o administra coberturas de salud.
Uno de los puntos más delicados es que los expedientes pueden pasar años sin monto definido, pero eso no implica que carezcan de impacto económico. A medida que avanzan los procesos, se acumulan intereses, actualizaciones, honorarios y liquidaciones que amplifican el costo final.
Hay millones en juicios contra el Estado, afirmó a LA NACION Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante la presidencia de Mauricio Macri. Esa masa es enorme y debe ser controlada. El eje de una política de equilibrio fiscal no se puede centrar solamente en una reducción de personal estatal. Tiene que haber una estrategia general, que abarque a todos los ministerios, para reducir contingencias judiciales en el país y el exterior. Esa deuda no está calculada en la deuda pública y se paga con seguridad jurídica, explicó.
El stock heredado y los juicios en la era Milei
El stock de juicios que enfrenta el Estado no nació en un solo gobierno. De acuerdo con los datos oficiales analizados, casi cuatro de cada cinco expedientes activos fueron iniciados antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
El 78,5% del universo litigioso actual ya estaba en marcha en diciembre de 2023. Desde enero de 2024 se incorporaron 72.768 nuevas causas, equivalentes al 21,5% del stock vigente.
Para la Procuración del Tesoro, los datos sobre stock y flujo revelan una litigiosidad estructural muy elevada, que se mantiene constante a través de las distintas administraciones.
Fuerzas de seguridad: un foco explosivo de demandas
Las fuerzas de seguridad aparecen como uno de los núcleos más sensibles por volumen, repetición y persistencia en el tiempo. Hay cientos de expedientes vinculados con Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y organismos previsionales militares y policiales.
Se trata, en su mayoría, de demandas de empleados que reclaman diferencias salariales, suplementos no incorporados al haber, actualizaciones, adicionales y deudas previsionales.
Esos números exponen otro problema estructural: integrantes de un eslabón tan delicado como las fuerzas de seguridad terminan en tribunales para reclamar lo que consideran que les corresponde.
Detrás de muchos expedientes se observa una larga cadena de conflictos vinculados con el dinero que se arrastra desde hace años y atraviesa gobiernos de distinto signo político. En la práctica, el Estado no solo afronta el costo operativo de sostener sus fuerzas de seguridad, sino también el gasto judicial derivado de administrar de manera conflictiva los ingresos de quienes las integran.
Los distintos gobiernos han intentado solucionar los déficits salariales abonando pagos no remunerativos. Son prácticamente en negro, que no tributan su cuota parte a la caja de retiro y a la obra social. No solo desfinancian la obra social y la caja de retiro; es contrario a la ley y, lamentablemente, también perjudica a los uniformados, dijo a LA NACION un comisario retirado de la Policía Federal Argentina que pidió reserva de su nombre.
Por ejemplo, el medio aguinaldo se hacía de acuerdo al sueldo básico, sin contar el ingreso no remunerativo. Hace más de 20 años, un abogado interpretó que esto violaba la ley y comenzaron las demandas que llegaron hasta la Corte con sentencia a favor de los integrantes de las fuerzas, contó.
Amparos por medicamentos de altísimo costo
Otro de los focos sensibles se ubica en el sistema de salud. Según los casos analizados, se multiplican los expedientes vinculados con amparos, prestaciones y cobertura de medicamentos de altísimo costo.
Entre los documentos relevados figuran, por ejemplo, pedidos por fármacos como Eculizumab, Edaravone o Polatuzumab Vedotina, utilizados para enfermedades graves y tratamientos de alta complejidad.
La enorme cantidad de juicios contra el Estado revela otro rasgo llamativo del sistema argentino: organismos públicos enfrentados entre sí. Aunque la mayoría de los expedientes no tiene monto determinado, algunos casos permiten dimensionar el volumen económico del problema.
Entre las demandas relevadas aparece un litigio de la provincia de Chubut contra el Estado nacional por más de $10.500 millones. También figuran causas por unos $1523 millones vinculadas con la UIF, otros $1400 millones relacionados con Corredores Viales y reclamos contra empresas ferroviarias estatales por cerca de $886 millones.
Incluso las causas más grandes parecen representar solo la parte visible del problema. La mayor incógnita sigue estando en las miles de demandas sin valuación económica definitiva, que constituyen un desafío presupuestario de magnitud.
Como buena parte de esos expedientes permanece abierta durante años sin un monto definitivo, no está claro qué previsión contable debería hacer cada ministro de Economía para afrontarlos. Eso introduce un elemento de incertidumbre permanente sobre el gasto público, especialmente en causas donde intereses, actualizaciones y honorarios terminan multiplicando el reclamo original.
El frente internacional: YPF, Cupón PBI y bonistas
En el frente internacional, que no fue incluido en el conteo principal del trabajo centrado en los pleitos locales, el principal peligro para las arcas era el juicio por la expropiación de YPF por más de US$16.000 millones.
En ese caso, el Estado argentino obtuvo un fallo favorable en segunda instancia en Nueva York y, según se estima, hay pocas probabilidades de que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso. Se prevé que los demandantes, representados por Burford, recurran al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que interviene en este tipo de controversias.
La Procuración del Tesoro sigue de cerca el avance del litigio por el Cupón PBI en Londres, donde existe una sentencia por 1330 millones (actualizada por tasa Euribor) y el Estado ya tuvo un fallo desfavorable luego de haber depositado 30 millones en garantía.
En paralelo, avanzaron en el Senado acuerdos por US$67 millones para pagarle a Bainbridge y por US$104 millones para Attestor (con una reducción de la deuda de más del 30%) para cerrar los litigios pendientes con bonistas del default de 2001.
Por qué la Argentina es una máquina de fabricar juicios
La investigación se pregunta por qué la Argentina se convirtió en una máquina de fabricar juicios contra el Estado y plantea una serie de razones que se superponen.
En primer lugar, el propio sistema tiende a favorecer los pleitos. Aquí se puede demandar por lo que sea sin ninguna consecuencia, incluso con sospechas poco fundadas, explican los especialistas consultados.
En paralelo, el Estado impulsa políticas públicas que luego resultan difíciles de cumplir o sostener en el tiempo. Un ejemplo citado es el aumento exponencial del universo de jubilados sin una fuente clara de financiamiento para pagar esos haberes.
El Estado es muy incumplidor con sus empleados y sus proveedores. Por eso, hay mucha litigiosidad, confirmó un abogado que entabló varias demandas contra el sector público. Pero cobrar es muy difícil, salvo que tengas a mano algún operador que acelere el crédito, añadió.
Para iniciar una demanda, primero debe agotarse la vía administrativa. Solo entonces se habilita la instancia judicial. Una vez lograda la sentencia, el paso siguiente es que el crédito se incluya en el presupuesto del organismo demandado y luego en el presupuesto nacional. Y lo último es ver cómo te pagan, aclaró el letrado. Los vínculos políticos suelen acelerar esos tiempos.
Otro abogado que trabaja haciendo juicios al Estado fue más tajante: El Estado nacional es el peor empleador del país, el que tiene más gente empleada y el que más incumple la legislación laboral.
Ese profesional identificó tres claves. La primera, ya mencionada: el Estado incumple la legislación laboral, muchas veces por negligencia y otras a propósito. La segunda, que el incumplimiento casi siempre es general, por lo que abarca a mucha gente y la litigación es masiva, lo que estandariza los procesos y facilita la gestión legal.
La tercera, que considera la más importante, es que es más barato pagar los juicios que solucionar los problemas. Explicó que el fuero Contencioso Administrativo Federal admite una tasa que licúa el 80% del crédito laboral.
Así, cuando el empleado gana el juicio y cobra, luego de una década de litigio, el capital más la tasa pasiva del Banco Central le permiten percibir una suma que mantiene solo un 22% de la capacidad de compra original. De ese modo, el Estado se financia a sí mismo con los juicios.
Según ese diagnóstico, se trata de una práctica normalizada: el problema laboral que se genera hoy requiere voluntad política y recursos que no están disponibles. El Estado deniega todos los reclamos [administrativos] y los manda a juicio para que lo pague el próximo turno en el poder, resumió.
Intentos de reforma y coordinación jurídica
Algunos funcionarios cercanos a Santiago Caputo, con Amerio a la cabeza, se involucraron en el tema cuando tenían fuerte injerencia en el Ministerio de Justicia.
En ese contexto, se redactó un borrador de proyecto para evitar que lleguen tantos casos a la Corte Suprema, que hoy enfrenta casi 60.000 expedientes por año.
La comparación internacional es contundente: la Corte de Estados Unidos recibe entre 4000 y 8000 casos anuales, con matices en el funcionamiento de la jurisprudencia.
El tema quedó ahora en manos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal.
En apenas dos años logramos lo que en la Argentina parecía una misión imposible: coordinar de manera estratégica los servicios jurídicos del Estado bajo una misma dirección. Hoy, desde la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica y las demás áreas legales del Estado, trabajamos de manera conjunta, con objetivos claros y una conducción coordinada. Esto nos permite defender mejor los intereses del Estado, dar mayor previsibilidad a las decisiones públicas y fortalecer la seguridad jurídica, sostuvo Amerio.
Mientras tanto, las demandas siguen acumulándose en los juzgados: policías que reclaman suplementos, jubilados que discuten haberes, pacientes que requieren medicamentos, organismos públicos enfrentados entre sí y abogados del propio Estado intentando contener una masa de juicios cuya factura final se desconoce, aunque todos coinciden en que será alta.
En definitiva, el Estado argentino no solo administra hospitales, jubilaciones, fuerzas de seguridad o rutas: también administra una maquinaria judicial aplastante.
