Presentan una ordenanza para regular el uso de veredas y espacios públicos en Crespo
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Crespo busca establecer un marco normativo integral para regular el uso, ocupación e intervención del espacio público, especialmente en el sector de veredas comprendido entre la línea municipal y el cordón de la calzada.
La iniciativa, impulsada por concejales del bloque Alianza Juntos por Entre Ríos, tiene como objetivo preservar el carácter público de estos espacios, garantizar la circulación peatonal, mejorar las condiciones de accesibilidad y fortalecer las herramientas municipales para controlar construcciones e instalaciones realizadas sin autorización.
Entre los principales aspectos de la propuesta se destaca la prohibición de instalar estructuras fijas o desmontables destinadas a cocheras vehiculares sobre las veredas y otros espacios públicos. Además, se prevé que aquellas construcciones realizadas sin autorización municipal puedan ser retiradas o demolidas por el municipio, con los costos a cargo del infractor.
El proyecto define distintos sectores dentro de las veredas. Por un lado, establece un espacio peatonal obligatorio de 1,50 metros de ancho libre de obstáculos y una altura mínima de 2,30 metros. También crea una franja de restricción de 50 centímetros junto al cordón, donde no podrán autorizarse ocupaciones especiales.
La ordenanza contempla la posibilidad de autorizar determinados usos especiales del espacio público mediante permisos municipales. Entre ellos se incluyen la colocación de mesas y sillas por parte de locales gastronómicos, toldos, bicicleteros, exhibición de mercaderías y contenedores flexibles o pallets, siempre bajo condiciones específicas y respetando la circulación peatonal.
Asimismo, se establece un régimen de autorizaciones, plazos, obligaciones y sanciones para quienes utilicen espacios públicos con fines particulares. Las multas previstas por incumplimientos podrán oscilar entre el equivalente a 100 y 4.000 litros de nafta súper, según la gravedad de la infracción.
Otro de los puntos destacados es que la norma tendría carácter retroactivo. En caso de ser aprobada, los propietarios de construcciones o instalaciones actualmente ubicadas en el espacio público dispondrán de un plazo de 30 días para regularizar su situación o retirar los elementos que no se ajusten a la normativa.
Desde los fundamentos del proyecto se señala que la medida surge ante la necesidad de evitar ocupaciones irregulares de las veredas y ordenar los distintos usos del espacio público, garantizando la seguridad de peatones y conductores, además de preservar el interés común y la convivencia urbana.
La iniciativa será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante.
SOLNoticias.