Un rescate millonario y una víctima enterrada viva: el secuestro extorsivo que conmovió a la Argentina en 1990
El cuerpo fue encontrado el 25 de julio en un descampado marplatense tres más de un mes de intensa búsqueda. Guillermo Ibáñez, la víctima, era hijo de un poderoso sindicalista estrechamente vinculado al presidente Menem, quien envió un proyecto al Co
Mar del Plata, 1990
El 25 de julio de 1990, en un terreno baldío de las afueras de Mar del Plata, la policía encontró el cuerpo de Guillermo Ibáñez, empresario e hijo del dirigente sindical petrolero Diego Ibáñez. Guillermo había sido secuestrado y se negociaba el rescate. El cadáver estaba muy deteriorado, con el cráneo destruido por golpes y parcialmente cubierto de tierra. A un costado apareció un revólver calibre 38 que no había sido utilizado. La autopsia estableció que había restos de tierra en la tráquea, lo que indicaba que había sido enterrado cuando aún estaba con vida.
La muerte de Guillermo Ibáñez ocurrió en un momento de transición en la Argentina, cuando el país salía de la crisis hiperinflacionaria de 1989 y atravesaba los primeros meses del gobierno de Carlos Menem. La estructura del Estado todavía estaba marcada por debilidades operativas, especialmente en materia de seguridad e investigación criminal, y los secuestros extorsivos aparecían con mayor frecuencia. No se trataba de bandas sofisticadas sino, en muchos casos, de grupos pequeños que combinaban vínculos personales, información previa y expectativas de obtener dinero rápido en un contexto económico inestable.
Mar del Plata no era únicamente un centro turístico. Tenía una estructura urbana fragmentada, con zonas de actividad comercial intensa y barrios periféricos con poca presencia estatal. El barrio Libertad, donde Guillermo fue asesinado, formaba parte de esa periferia. Había casas modestas, calles de tierra en muchos tramos y menor circulación.
Los Ibáñez
En este contexto, aparece la figura de Diego Ibáñez, padre de la víctima, cuyo lugar dentro del sistema político y sindical aportó un elemento decisivo para comprender por qué el secuestro se dirige hacia su hijo. Diego Ibáñez era secretario general del Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE), una de las organizaciones gremiales más importantes, y tenía una trayectoria consolidada dentro del peronismo sindical. Además de su rol gremial, había sido diputado nacional y mantenía vínculos directos con figuras centrales del poder político de ese momento. Su posición lo ubicaba dentro de una red donde circulaban decisiones, influencia y recursos.
Ese tipo de inserción implicaba exposición. En la Argentina de comienzos de los años noventa, los dirigentes sindicales no solo representaban intereses laborales sino que también intervenían en negociaciones económicas, administración de obras sociales y relaciones con el Estado. Esa combinación generaba la percepción de disponibilidad de dinero, aun cuando esa percepción no siempre se correspondiera con la realidad inmediata. En ese marco, un secuestro dirigido contra un familiar directo funcionaba como un modo indirecto de presión. El pedido de dos millones de dólares formulado por los secuestradores se basaba más que nada en que acceso del padre a redes de poder.
Guillermo Ibáñez tenía 28 años al momento del secuestro y desarrollaba su actividad en Mar del Plata en la empresa El Trébol S.A., una firma vinculada al transporte. En su vida cotidiana, había hábitos estables, recorridos previsibles y vínculos personales consolidados, circunstancias que resultaron determinantes para quienes planearon el secuestro.
Juan Carlos Molinas
Guillermo Ibáñez y Juan Carlos Molinas estaban unidos por una relación previa que combinaba parentesco lejano, trato personal desde la infancia y una posterior vinculación económica. Molinas era hijo de un concuñado de Diego Ibáñez. No se trataba de un vínculo formal o distante, sino de una relación que había tenido continuidad en el tiempo. Durante la juventud, compartieron espacios de convivencia cotidiana, actividades recreativas y un trato de confianza que no se interrumpió al llegar a la adultez.
Esa relación se trasladó luego al plano económico cuando ambos participaron en la empresa de transporte El Trébol S.A. Guillermo ocupaba allí una posición central como socio gerente, mientras que Molinas integró la sociedad en una etapa posterior. La participación de Molinas en la empresa no fue permanente. En un momento determinado se produjo su salida del negocio mediante la compra de su parte societaria por parte de Guillermo, lo que implicó su desvinculación formal de la empresa.
Después de esa operación, la relación entre ambos no desapareció por completo. Continuaron viéndose y manteniendo contacto dentro de los espacios comunes en los que se movían. Esa continuidad en el trato es un elemento central para entender lo que ocurriría el 6 de julio de 1990.
Una comunidad de insatisfacciones
Molinas tenía amigotes tan frustrados de la vida como él, Roberto Acerbi y Néstor Ausquín, ambos vinculados al ámbito del transporte y con trayectorias laborales que incluían su paso por la empresa Martín Güemes. La comunidad de insatisfacciones a la que pertenecían estos tres permitió construir el plan a partir de información concreta sobre la víctima, sin necesidad de recurrir a inteligencia externa o vigilancia prolongada. Conocían todo de Guillermo y sabían que Molinas podía acercarse sin generar sospecha.
El secuestro no comenzó el 6 de julio de 1990 sino un día antes, con una maniobra que no llegó a concretarse. El jueves 5 de julio, en la oficina de El Trébol, Guillermo recibió un llamado telefónico que no tenía relación con su actividad habitual. La secretaria le informó que una mujer había insistido varias veces en comunicarse con él. Cuando atendió, la voz del otro lado se presentó con un nombre que no le resultaba familiar y le dijo que su esposa lo engañaba. No aportó pruebas ni detalles verificables, pero instaló una sospecha concreta y propuso un encuentro personal para ampliar la información.
La llamada formaba parte de un plan. La mujer que hablaba no actuaba por iniciativa propia. Se trataba de Carmen Elvira Pascual, pareja de Néstor Ausquín, uno de los integrantes del grupo. Su participación consistía en establecer el primer contacto con la víctima y generar una situación que lo sacara de su rutina habitual. El argumento elegido una infidelidad no era casual. Apuntaba a producir una reacción inmediata, a desplazar la atención hacia un conflicto personal y a provocar un encuentro fuera de espacios controlados.
Guillermo aceptó la posibilidad de reunirse, pero no lo hizo sin tomar precauciones. Antes de salir, llamó a personas de su entorno para que lo acompañaran. No hay indicios de que hubiera detectado un intento de secuestro, pero sí percibió que la situación era extraña. Cuando llegó al punto de encuentro con otras personas, el grupo que esperaba para interceptarlo decidió no actuar. El plan requería aislamiento y rapidez, y la presencia de otros introducía un margen de riesgo inaceptable.
El intento fallido no implicó el abandono del plan. Los integrantes del grupo resolvieron insistir. La misma mujer volvió a comunicarse con Guillermo, manteniendo la identidad falsa y el mismo argumento. El objetivo seguía siendo el mismo, pero ahora con un ajuste: lograr que la víctima se presentara sola. La insistencia telefónica formó parte de esa segunda etapa, sosteniendo la expectativa de un encuentro necesario para aclarar la situación.
Leé también: Ordenó crímenes y fue condenado a perpetua: Ridouan Taghi, amo y señor del contrabando en los Países Bajos
La mujer al teléfono se presentó otra vez como Silvia y retomó exactamente el mismo argumento: la supuesta infidelidad de la esposa de Guillermo. En esa segunda conversación, agregó un elemento que reforzaba la credibilidad del relato. Le dijo que su mujer lo engañaba con su propio marido, es decir, con un hombre concreto, aunque evitó dar el nombre. No había ningún dato que permitiera verificar esa acusación. No apareció en la causa como un hecho real ni como una línea de investigación posterior. Todo indica que se trató de un recurso construido para generar urgencia emocional y obligarlo a presentarse en persona.
El secuestro
La insistencia cumplió su objetivo. Guillermo aceptó un nuevo encuentro, esta vez al mediodía del viernes 6 de julio, en un café de la zona de Luro y San Juan. A diferencia del día anterior, no fue acompañado. Salió de su empresa en la camioneta Ford F-100, llevaba dinero consigo por trámites que tenía previstos y dejó un arma en la guantera. Hizo algunas gestiones y se dirigió al punto acordado.
A la vez, el grupo ya estaba desplegado. Roberto Acerbi condujo un automóvil y siguió a distancia los movimientos de Guillermo. Juan Carlos Molinas y Néstor Ausquín se ubicaron en la zona del encuentro. No esperaron dentro del café sino en las inmediaciones, en la calle.
Guillermo entró al café, observó, no encontró a ninguna mujer que coincidiera con la cita y salió. Ese vacío formaba parte del plan. La mujer no debía aparecer. La maniobra estaba diseñada para que el encuentro real no fuera con ella sino con alguien conocido.
Cuando volvió hacia su camioneta, Molinas se acercó. No lo hizo de manera abrupta. Lo saludó, le habló con naturalidad y le pidió que lo llevara junto a un acompañante hasta el barrio Libertad. Guillermo lo reconoció de inmediato. No había tensión visible. La situación encajó dentro de lo que sería un pedido habitual de alguien con quien había tenido trato durante años. Guillermo aceptó.
Los tres subieron a la camioneta. Guillermo condujo. Molinas se ubicó a su lado. Ausquín se acomodó también. Mientras tanto, el auto de Acerbi continuaba detrás, a cierta distancia, sin intervenir.
Durante el trayecto, no hubo violencia inmediata. La ruptura ocurrió al llegar a la zona de destino. En ese momento, Molinas sacó un arma y lo apuntó. Le dijeron que se quedara tranquilo, que lo que buscaban era dinero de su padre.
La camioneta se detuvo. A Guillermo lo sacaron y lo metieron en el auto que manejaba Acerbi. La camioneta quedó abandonada a cierta distancia. Guillermo fue llevado a la casa de Ausqui, en Brandsen 8900, barrio Libertad, donde permanecería cautivo.
Violencia, cálculo y conocimiento del entorno
El secuestro se extendió durante varios días en un contexto en el que los secuestradores no improvisaban sino que actuaban bajo una lógica que combinaba violencia, cálculo y conocimiento del entorno. Guillermo permaneció atado y vigilado, en condiciones que no eran improvisadas pero tampoco sofisticadas. El objetivo principal era impedir cualquier intento de fuga y evitar que pudiera identificar con precisión a sus captores o el lugar donde se encontraba.
En ese sentido, se utilizaban métodos habituales en este tipo de delitos: mantenerlo con los ojos vendados durante traslados, limitar el contacto verbal y controlar los tiempos de alimentación y descanso. La combinación de encierro, incertidumbre y violencia progresiva produjo un deterioro visible en la víctima, que con el paso de los días dejó de ser un rehén en condiciones de negociación y comenzó a transformarse en un problema para sus propios secuestradores.
Mientras, la negociación con la familia no siempre fue clara ni lineal. Como ocurrió en muchos secuestros de la época, hubo exigencias económicas (dos millones de dólares), pero también señales contradictorias, demoras y cambios en las condiciones. Este tipo de comportamiento no necesariamente respondía a una estrategia sofisticada, sino muchas veces a la falta de cohesión interna del grupo secuestrador, a la intervención de terceros o al temor creciente ante la posibilidad de ser descubiertos.
El deterioro físico de la víctima fue un punto de inflexión
Las condiciones de cautiverio, sumadas a episodios de violencia directa, hicieron que Guillermo dejara de ser un rehén viable en términos de negociación. En este tipo de delitos, cuando el secuestrado pierde valor como garantía de cobro, el escenario cambia de manera drástica. El objetivo económico se diluye y aparece la lógica de encubrimiento.
A partir de ese momento, la prioridad de los captores ya no es obtener dinero, sino reducir las posibilidades de ser identificados, lo que históricamente ha derivado en la eliminación de la víctima.
Leé también: Un padre audaz, un diagnóstico falso y solidaridad infinita: la estafa que conmovió a España
Este pasaje de la negociación al encubrimiento no ocurre de manera abrupta sino como una acumulación de errores, temores y decisiones mal calculadas. En el caso Ibáñez, ese tránsito se dio en un clima de creciente desorden interno entre los secuestradores y de presión externa que no lograba traducirse en un rescate ni en una liberación. El resultado fue que el secuestro dejó de tener una lógica económica y comenzó a encaminarse hacia su desenlace más violento, que se materializaría en los días siguientes.
La ejecución
La ejecución del rehén se produjo cuando Guillermo Ibáñez ya se encontraba debilitado, con signos evidentes del maltrato sufrido durante el cautiverio, lo que reducía su capacidad de reacción. La violencia ejercida sobre él se convirtió en el medio para concretar el asesinato. Este tipo de transición de la violencia instrumental a la violencia final es característica de secuestros que fracasan en su objetivo económico.
En la madrugada del 9 de julio de 1990, los secuestradores lo sacaron del lugar de cautiverio con la excusa de que iba a ser liberado. Lo llevaron a un baldío donde ya habían cavado una fosa. Allí lo golpearon en la cabeza con una maza y luego continuaron con golpes utilizando la pala con la que habían hecho el pozo. Esos golpes lo dejaron inconsciente.
Este punto explica lo que sigue. Los secuestradores lo consideraron muerto porque dejó de reaccionar. No hubo verificación médica ni ningún tipo de control real del estado vital. Evaluaron la situación por signos externos inmediatos: ausencia de movimiento, falta de respuesta, caída del cuerpo. En ese contexto, asumieron que los golpes habían sido suficientes.
Sin embargo, no lo habían matado. Guillermo todavía estaba con vida cuando lo introdujeron en la fosa. Al cubrirlo con tierra, comenzó el proceso que efectivamente le provocó la muerte: la asfixia. El ingreso de tierra en las vías respiratorias demuestra que hubo respiración posterior al enterramiento. El error de los secuestradores no fue técnico en el sentido profesional, sino básico: confundieron pérdida de conciencia con muerte.
El hallazgo y la investigación
El hallazgo del cuerpo, el 25 de julio, marcó un punto de quiebre en el caso. Hasta ese momento, la investigación se movía en el terreno de la incertidumbre propia de un secuestro en curso. A partir del descubrimiento, el expediente se transformó en una causa por homicidio agravado y modificó la naturaleza de la investigación. Se puso la mira sobre el círculo personal y cotidiano de la víctima, y se analizaron las comunicaciones y exigencias realizadas durante el secuestro. En este cruce de información, comenzaron a aparecer nombres que no eran completamente ajenos al entorno de la víctima.
El presidente Menem fue a Mar del Plata para participar del sepelio de Guillermo y pidió la pena de muerte para casos de secuestros extorsivos seguidos de muerte. De hecho, mandó una semana más tarde un proyecto de ley al Senado, que contó con el apoyo de otros dirigentes como Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde, pero con la fuerte oposición del radical Raúl Alfonsín y la Iglesia. La iniciativa fracasó.
Leé también: Panadero modelo, cazador premiado y padre de familia ejemplar, así actuaba el brutal asesino de Alaska
Con la identificación y detención de los responsables, el caso ingresó en su etapa judicial plena, donde los hechos reconstruidos durante la investigación debían transformarse en una verdad jurídicamente probada. Este pasaje no es automático ni lineal. Lo que en la etapa investigativa aparece como una secuencia verosímil de acontecimientos debe, en el juicio, sostenerse a través de pruebas concretas, testimonios consistentes y una articulación lógica que permita atribuir responsabilidades individuales dentro de un hecho colectivo. En el caso Ibáñez, ese proceso implicó ordenar una trama compleja en la que habían intervenido varias personas en distintos momentos del secuestro, el cautiverio y el asesinato.
El juicio
El proceso judicial por el secuestro y asesinato de Guillermo Ibáñez avanzó con rapidez en comparación con otros casos de la época. Los tres principales imputados, Roberto Agustín Andrés Acerbi, Juan Carlos Molinas y Néstor Alberto Ausquín, habían sido detenidos a fines de julio de 1990, pocos días después del hallazgo del cuerpo. El juicio oral se realizaría al año siguiente.
El 22 de noviembre de 1991, el tribunal dictó sentencia. Acerbi, Molinas y Ausquín fueron condenados a reclusión perpetua. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en abril de 1997.
Dentro del mismo proceso fue juzgada también Carmen Elvira Pascual, la mujer que había intervenido en la etapa inicial del secuestro mediante los llamados telefónicos realizados bajo el nombre falso de Silvia. Su participación fue considerada necesaria para la concreción del plan, aunque no formó parte de la ejecución material del secuestro ni del homicidio. El tribunal la condenó como partícipe a una pena de nueve años de prisión.
En diciembre de 2006, se produjo un punto de inflexión. La Cámara Penal de Mar del Plata resolvió conceder la libertad condicional a Roberto Acerbi y Néstor Ausquín (Acerbi murió de COVID-19 en 2020). La situación de Juan Carlos Molinas seguía el mismo criterio y también logró salir de prisión poco tiempo después. El caso de Carmen Pascual tuvo un recorrido distinto debido a que fue condenada a una pena inferior. Le correspondió la libertad en 1997.
