Cada vez más voces alertan por las denuncias falsas :qué alcances tiene el proyecto que endurece las penas judiciales | El Dia
Una iniciativa propone elevar hasta seis años de prisión las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual. Esto puso en discusión el funcionamiento de la Justicia y las dificultades para denunciar. Advierten sobre el daño
La discusión sobre las falsas denuncias volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y reabrió un debate sensible: cómo evitar acusaciones falsas sin generar más obstáculos para quienes atraviesan situaciones reales de violencia. El tema cobró fuerza luego de que avanzara un proyecto legislativo que busca endurecer las penas para quienes denuncien delitos inexistentes, especialmente en casos vinculados a violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores. Aunque el argumento detrás de la iniciativa es proteger a personas inocentes de acusaciones falsas, distintos especialistas advierten que el impacto podría ser mucho más profundo y complejo. Entre ellos, Andrea Aghazarian, licenciada en Psicología y especialista en violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil, considera que el proyecto corre el riesgo de desalentar aún más las denuncias en un sistema judicial donde ya existe un fuerte subregistro de violencia. En la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, los datos muestran que las falsas denuncias son un fenómeno marginal, explicó a EL DIA. Según indicó, las estadísticas oficiales ubican las falsas denuncias en apenas el 0,09% de las causas penales analizadas en el país. De ningún modo hay una epidemia vinculada a las falsas denuncias, remarcó. Los datos a los que hace referencia surgen de un informe elaborado por el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, que relevó más de 8 millones de expedientes entre 2023 y 2025. El estudio concluye que las falsas denuncias representan aproximadamente una causa cada mil dentro del sistema judicial argentino. Sin embargo, el dato que más preocupa a especialistas no es el de las falsas denuncias sino el de las denuncias que nunca llegan a hacerse. El mismo informe advierte que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida y que el 77% jamás denunció esa situación. Ese es, justamente, uno de los ejes centrales del debate. Mientras en redes sociales y algunos sectores políticos se instaló una narrativa que habla de una supuesta ola de denuncias inventadas, profesionales que trabajan cotidianamente con víctimas insisten en que el principal problema sigue siendo el silencio. Una Justicia a la que muchos no llegan Para Aghazarian, la discusión no puede analizarse sin tener en cuenta cómo funciona el sistema judicial en la práctica. La especialista describe un escenario donde denunciar implica atravesar procesos largos, costosos y emocionalmente desgastantes. Ya de por sí ir a la Justicia es algo sumamente hostil, afirmó. Mucha gente no denuncia justamente por eso. Además de hostil, es oneroso. Sostener un proceso judicial es muy caro para muchísimas familias. La psicóloga trabaja desde hace años con adultos que fueron abusados sexualmente durante la infancia y asegura que la mayoría de esos casos jamás llegó a tribunales. De mil casos de abuso, cien se denuncian y uno llega a condena, señaló. Eso habla del enorme subregistro que existe. Según explica, las dificultades no aparecen solamente en el momento de realizar la denuncia sino también en todo el recorrido posterior: los tiempos judiciales, la necesidad de reunir pruebas, las pericias, las declaraciones y la exposición constante. Hay personas que directamente no soportan atravesar todo eso. Y también hay profesionales que sienten que acompañar judicialmente a sus pacientes implica exponerse a situaciones muy complejas, sostuvo. En ese contexto, considera que endurecer las penas por falsas denuncias podría generar un efecto de intimidación sobre víctimas, familiares y trabajadores de distintas áreas. El miedo de madres, docentes y profesionales Uno de los puntos que más inquieta a quienes trabajan con violencia infantil y abuso sexual es el impacto que podría tener el proyecto sobre las personas obligadas o impulsadas a denunciar. En Argentina, el abuso sexual infantil es considerado un delito de acción pública. Eso significa que cualquier persona puede denunciar cuando sospecha que un niño está siendo víctima de abuso. Además, docentes, médicos, psicólogos y trabajadores de la salud tienen obligación legal de hacerlo cuando detectan indicios. Para Aghazarian, allí aparece uno de los riesgos más delicados. ¿Qué madre protectora va a poder acercarse a la Justicia sin sentir que está poniendo en juego la posibilidad de ir presa?, planteó. ¿Qué docente o qué profesional de la salud va a querer firmar un informe si después puede quedar bajo sospecha?. La preocupación tiene relación directa con la dificultad que suelen tener este tipo de delitos para ser probados judicialmente. En muchos casos no existen pruebas físicas, testigos directos ni escenas evidentes. Gran parte de las investigaciones se sostienen en relatos, indicadores psicológicos y evaluaciones periciales. Puede pasar que nosotros, desde la psicología, tengamos elementos clínicos para sostener que una persona fue abusada, explicó. Pero después la Justicia puede considerar que no alcanzan las pruebas y el acusado queda libre por beneficio de la duda. En ese escenario, la especialista teme que quienes participaron de la denuncia familiares, profesionales, docentes o peritos queden expuestos a posibles represalias judiciales. Lo que termina pasando es que se instala miedo, resumió. Y cuando hay miedo, la consecuencia muchas veces es el silencio. Las falsas denuncias ya están penadas Otro de los argumentos que aparecen entre quienes cuestionan la iniciativa es que las falsas denuncias ya están contempladas en el Código Penal argentino. Actualmente, el artículo 245 establece penas de prisión y multas para quien denuncie falsamente un delito. El proyecto presentado en el Senado propone aumentar esas condenas y elevarlas hasta seis años cuando se trate de denuncias relacionadas con violencia de género, delitos sexuales o causas contra menores. Para Aghazarian, el problema no es la ausencia de herramientas legales sino las fallas estructurales de la Justicia. Si existe una falsa denuncia, la ley ya prevé sanciones, explicó. Lo que ocurre es que muchas veces la Justicia tarda años en resolver. Entonces el problema está en cómo funciona el sistema. La psicóloga cuestiona además que se impulse una reforma sobre un fenómeno estadísticamente mínimo mientras siguen pendientes transformaciones profundas para mejorar el acceso a la Justicia de las víctimas reales. Hay mujeres que no consiguen protección, niños que no son escuchados, familias que no encuentran respuestas. Y sin embargo no vemos reformas urgentes para resolver eso, señaló. Un clima social que preocupa En paralelo al debate legislativo, especialistas observan con inquietud el crecimiento de discursos que ponen bajo sospecha a quienes denuncian violencia de género o abuso sexual. Aghazarian considera que la construcción de la idea de una epidemia de falsas denuncias tiene consecuencias concretas sobre la percepción social. Queremos saber qué sentido común se intenta construir con esto, afirmó. Según señaló, muchas veces estos discursos aparecen impulsados por sectores que relativizan las violencias o cuestionan sistemáticamente las denuncias. Para quienes trabajan en salud mental y violencia familiar, el problema es que esas narrativas pueden reforzar la desconfianza hacia las víctimas y aumentar el temor a hablar. Ya hoy muchísimas personas sienten culpa, miedo o vergüenza cuando piensan en denunciar, explicó la especialista. Si además se instala la idea de que denunciar puede terminar volviéndose en contra de quien habla, el escenario se vuelve todavía más complejo. El impacto, advierte, no sería solamente judicial sino también emocional y social. Muchas víctimas tardan años en poder contar lo que vivieron. Algunas recién logran hablar en la adultez. Otras nunca lo hacen. Las advertencias de organismos internacionales Las críticas al proyecto no llegaron solamente desde organizaciones locales o especialistas en violencia. Naciones Unidas también expresó preocupación por la propuesta y recomendó formalmente que Argentina retire la modificación del Código Penal vinculada a falsas denuncias en casos de violencia de género. El organismo advirtió que endurecer las penas podría transformarse en un obstáculo para acceder a la Justicia y desalentar a las víctimas a buscar ayuda o protección. Para Aghazarian, la advertencia tiene sentido en un contexto donde las expectativas de justicia ya son bajas. Hoy muchas personas sienten que denunciar no garantiza protección ni reparación, afirmó. Si además aparece el temor a sufrir consecuencias penales por no poder demostrar un hecho, muchas directamente van a elegir callarse. Y concluyó con una reflexión que resume el núcleo de la polémica: Cuando una sociedad empieza a transmitir que denunciar puede ser más peligroso que guardar silencio, el riesgo es enorme. Porque las violencias no desaparecen por no ser denunciadas. Lo que desaparece es la posibilidad de que alguien se anime a hablar. Panorama actual Los defensores del proyecto sostienen que las falsas denuncias pueden provocar daños personales, familiares y económicos difíciles de reparar. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, busca reforzar la protección de quienes son acusados injustamente y evitar el uso malicioso del sistema judicial. La propuesta modifica el artículo 245 del Código Penal. Actualmente, la falsa denuncia se castiga con penas de entre dos meses y un año de prisión o multa. En ese sentido, el proyecto eleva la pena a entre uno y tres años cuando se denuncie deliberadamente un delito inexistente. Además, incorpora un agravante para los casos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual, abuso infantil o hechos que involucren a menores de edad. En esos supuestos, la condena podría llegar a entre tres y seis años de prisión. Según sus impulsores, la reforma busca desalentar acusaciones falsas que movilizan recursos judiciales y generan una condena social sobre personas que luego pueden resultar inocentes. También argumentan que sancionar esos casos no implica limitar el derecho de las víctimas reales a denunciar. Las dificultades para denunciar no aparecen solamente en el momento de realizar la denuncia sino también en todo el recorrido posterior
Si los posibles denunciantes van a estar amenazadas a 6 años de prisión entonces, ¿quién va a hacer la denuncia? ¿Quién va a acompañar a los niños? ¿Qué madre protectora va a poder ir a la justicia? Andrea Aghazarian Licenciada en psicología, especialista en violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil La preocupación tiene relación directa con la dificultad que suelen tener este tipo de delitos para ser probados judicialmente
