Cuando una comunidad no es escuchada, se debilita la gestión pública
La salud pública constituye una de las responsabilidades más sensibles del Estado. Por esa razón, las decisiones vinculadas a la conducción de hospitales y centros de salud deben adoptarse con criterios claros, atendiendo las realidades de cada comunidad y promoviendo el diálogo con los actores institucionales y sociales involucrados.
Respetamos plenamente las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial para designar y remover autoridades hospitalarias. Sin embargo, entendemos que cuando una decisión genera incertidumbre, preocupación y rechazo en una comunidad, corresponde escuchar esas voces y brindar las explicaciones necesarias.
Nos preocupa la reiteración de situaciones en las que municipios, trabajadores, instituciones y vecinos se enteran de decisiones trascendentes una vez consumadas, sin instancias previas de consulta o intercambio. La construcción de políticas públicas sólidas requiere participación, articulación y respeto por quienes sostienen diariamente los servicios esenciales en cada localidad.
En ese contexto, observamos con preocupación lo ocurrido en el Hospital Falucho de Maciá, donde la remoción de su director, Julián Capurro, ha provocado una legítima reacción de trabajadores, vecinos y autoridades locales que venían acompañando una gestión valorada por la comunidad.
Resulta llamativo que una conducción que contaba con reconocimiento público, respaldo de los trabajadores y una articulación positiva con el municipio haya sido desplazada sin que se conozcan razones suficientemente claras que justifiquen una decisión de semejante impacto institucional.
También preocupa el malestar expresado por las autoridades municipales ante la falta de información y de canales de diálogo en un tema que afecta directamente a la comunidad que representan. La salud pública necesita más coordinación entre los distintos niveles del Estado, no menos.
Desde el Bloque de Senadores Justicialistas reafirmamos nuestra convicción de que las instituciones sanitarias deben estar al servicio de los vecinos y alejadas de cualquier lógica que priorice intereses políticos por encima del bienestar de la comunidad.
Por ello, acompañamos el pedido de explicaciones formulado por distintos sectores de Maciá y expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y vecinos que han manifestado su preocupación por una decisión que, lejos de fortalecer el sistema de salud, corre el riesgo de debilitar los consensos y la confianza construidos durante años de trabajo conjunto.
