Comunidad Organizada cuestionó la audiencia pública sobre Medanito
El bloque legislativo que integran Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga calificó a la audiencia pública realizada este viernes como un fraude. En un escrito de prensa, Comunidad Organizada señaló:
El bloque legislativo que integran Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga calificó a la audiencia pública realizada este viernes como un fraude.
En un escrito de prensa, Comunidad Organizada señaló:
En el día de hoy quedó en evidencia que la audiencia pública o bajo esa denominación convocada fue un fraude, y la hicieron solamente porque fue una negociación para que algunos voten la ley y darle así a PAMPETROL la impunidad por ocho meses en El Medanito.
Lejos de ser una audiencia pública estuvieron más de cinco horas reunidos funcionarios, que son los mismos causantes del daño, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) con la ausencia total de representación de PAMPETROL, el otro obligado a la remediación ambiental por ser integrantes de la UTE con PCR, funcionarios contando las historias del COIRCO, del Ente del Río Colorado, de Aguas del Colorado, de Defensa Civil de la provincia, incluso de bomberos que sin perjuicio de su actividad solidaria en ningún momento se refirieron al libre deuda ambiental.
Esto fue preparado con el objetivo que después se dio, que las personas que se habían inscripto presencialmente se retiraran del lugar. Como así también, los que después de mucha insistencia pedimos que sea vía virtual, entre ellos la Asociación Alihuen representada por Leandro Altolaguirre, le cortaron el audio. Muchos agotados en la espera se retiraron. Posteriormente, a Juan Carlos Tierno le impidieron participar.
Esta es una maniobra tendiente a esconder, que el daño y el pasivo ambiental en el área es de una inmensidad de terrible perjuicio para los pampeanos. Incluso han presentado desde el oficialismo que para remediarlo se necesitan 22 millones de dólares, aunque PCR dice que sólo se va a hacer cargo del 80% de la mitad, es decir 8 millones 800 dólares, y el otro 20% atribuyéndoselo a PAMPETROL por 2 millones 200 mil dólares.
Las autoridades de Hidrocarburiferas y de Ambiente no controlaron nunca porque el informe final ambiental tenía que estar terminado por Ley N° 2.675 artículo 14, seis meses antes de la finalización de la concesión el 18 de junio próximo. No lo hicieron.
Por lo tanto, los mismos funcionarios públicos son los que tienen que ser investigados por violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, porque son los que con su omisión posibilitaron el daño ambiental e impidiendo el control legislativo, porque cada seis meses tenían que ir desde PAMPETROL a explicar la marcha de la explotación de petróleo no sólo de El Medanito, sino de todas las áreas.
En definitiva, audiencia pública que jamás hicieron durante la explotación de El Medanito y sólo tuvieron la obligación de hacerla por este acuerdo político de votación en la Cámara de Diputados con este casi final anunciado de impedimento de la real participación pública.
