Las acusaciones contra el trapito detenido: amenazas, transferencias y un arma para intimidar
La Fiscalía sostiene que el imputado sometió a un adolescente de 16 años a reiteradas amenazas para obtener dinero y otros bienes. La causa incluye una imput
La prisión preventiva dictada contra E. J. P. permitió conocer detalles de la investigación que lo tiene acusado de extorsionar durante varios meses a un adolescente de 16 años en Resistencia. Según sostiene la Fiscalía, el hombre habría sometido a la víctima a un constante hostigamiento, amenazas y pedidos de dinero que se extendieron desde principios de este año hasta fines de mayo.
De acuerdo con la resolución judicial, el trapito está imputado por robo agravado por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por 12 hechos de extorsión en concurso real.
La reconstrucción realizada por los investigadores señala que el adolescente conoció al acusado a comienzos de 2026. Según declaró, en un primer momento le compraba comida y le brindaba ayuda económica porque le había manifestado que se encontraba en una situación vulnerable. Sin embargo, la relación cambió con el correr de las semanas. La víctima relató que en una oportunidad fue interceptada por el hombre en inmediaciones de las calles Córdoba y Monteagudo. Allí, siempre según la denuncia, el acusado le exhibió un arma similar a una pistola calibre 9 milímetros y le exigió que entregara su teléfono celular.
El joven aseguró que accedió por miedo. Luego, según consta en el expediente, el acusado le devolvió el aparato, pero le ordenó realizar una transferencia de dinero a una cuenta que le indicó en ese momento. Para la Fiscalía, ese episodio constituye uno de los hechos más graves investigados porque habría sido cometido mediante intimidación con un arma. Aunque el arma nunca fue secuestrada ni peritada, los investigadores consideran que la exhibición fue suficiente para generar temor en la víctima.
Pero el expediente sostiene que aquello no fue un hecho aislado. Según la declaración del adolescente, durante meses recibió llamados, mensajes y audios desde distintos números telefónicos. En esas comunicaciones, el trapito le exigía dinero de manera constante y lo amenazaba con agredirlo a él y a integrantes de su familia si se negaba a cumplir con los pedidos.
El menor declaró que el acusado conocía detalles de su vida privada, los nombres de sus familiares, los lugares que frecuentaban y los horarios en los que desarrollaban sus actividades cotidianas. Ese conocimiento, según explicó, era utilizado para reforzar las amenazas y convencerlo de que podía cumplirlas.
En su relato, el adolescente aseguró que llegó a sentir temor por la integridad física de su madre y de su hermana. También manifestó que modificó hábitos cotidianos y dejó de relacionarse con amigos por miedo a encontrarse con el acusado o sufrir represalias.
La investigación sostiene que las exigencias económicas no se limitaron a una sola oportunidad. Por el contrario, se habrían repetido durante varios meses mediante distintos mecanismos. Según el expediente, el adolescente realizó múltiples transferencias a diversos alias proporcionados por el señalado. Uno de los datos incorporados a la causa indica que entre el 22 y el 24 de mayo transfirió aproximadamente 160 mil pesos. Además, la víctima aseguró haber entregado otras sumas de dinero con anterioridad.
La denuncia también menciona la entrega de otros bienes. Entre ellos figuran prendas de vestir, mercaderías y un teléfono celular, elementos que, según la declaración del joven, fueron entregados debido al temor que le provocaban las amenazas.
El caso salió a la luz el 25 de mayo, cuando el padre del adolescente descubrió mensajes, llamadas y audios vinculados a la situación que atravesaba su hijo. A partir de ese momento se radicó la denuncia y comenzaron las actuaciones judiciales.
En su declaración testimonial, el hombre describió el fuerte impacto emocional que la situación había generado en el adolescente. Según relató, su hijo se encontraba asustado, había cambiado sus hábitos cotidianos y atravesaba un cuadro de angustia derivado de los hechos denunciados.
La resolución judicial también menciona que durante la investigación fueron incorporadas capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y distintos elementos que respaldarían el relato de la víctima. Además, la Fiscalía hizo referencia a testimonios de vecinos que describieron situaciones de amenazas y pedidos de dinero atribuidos a Peña. No obstante, esos episodios no forman parte de la imputación principal analizada en esta causa.
Con esos elementos, el Ministerio Público consideró acreditada, en esta etapa de la investigación, la existencia de los delitos imputados y solicitó la prisión preventiva del acusado. El pedido fue fundamentado en la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de pena y el riesgo de que pudiera entorpecer la investigación o influir sobre la víctima y los testigos mientras continúan las medidas de prueba pendientes.
