La oposición fuerza una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni y avanzar con una moción de censura
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Las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni reactivaron en la oposición la intención de interpelarlo en la Cámara de Diputados y, eventualmente, avanzar con una moción de censura. Legisladores de distintos espacios convocaron para el 23 de junio a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de ese mecanismo.
El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (espacio Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas.
Acompañan también los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, los cordobeses de Martín Llaryora, representados por el diputado Carlos Gutiérrez.
No acompañó ningún integrante del bloque de la UCR orgánica. Tampoco firmaron los santafesinos vinculados al gobernador Maximiliano Pullaro, el chubutense Jorge Ávila ni Lourdes Arrieta (Mendoza). A su vez, se mantuvieron al margen los diputados de Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Desde el bloque de Unión por la Patria endurecieron el tono en redes sociales al difundir el pedido de sesión especial y remarcar que es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional, que regula la responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso.
Pese al duro comunicado difundido en X por los sectores más críticos, tampoco adhirió ningún dirigente de Pro al pedido de sesión. Sin embargo, la cuenta oficial del partido calificó la conducta de Adorni como una falta grave.
Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible, sostuvo el texto difundido por Pro en redes sociales.
Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover el apartamiento del jefe de Gabinete, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen, por ahora, que la investigación debe seguir su curso en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre el presidente Javier Milei.
De todos modos, una eventual moción de censura aparece hoy sin los apoyos suficientes para prosperar. El mecanismo exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia, esos números lucen inalcanzables.
Silencio libertario y malestar entre los aliados
Adorni se convirtió en un problema no solo para el oficialismo, sino también para sus aliados de Pro y la UCR, que en privado exhiben un creciente hastío frente a lo que consideran desprolijidades evitables. La entrevista en la que intentó explicar la composición de su patrimonio provocó una reacción llamativa en el Congreso: un silencio público casi unánime.
Entre los legisladores libertarios nadie lo cuestiona abiertamente, pero tampoco hay voluntad de salir a defenderlo. Del otro lado, los bloques aliados observan la situación con fastidio y toman distancia.
En ese contexto, también se siguen con atención los movimientos de los legisladores alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó la omisión de Adorni como más que un error.
El diputado Damián Arabia compartió en redes sociales el festejo de cumpleaños de la funcionaria, con una torta del Club Atlético Independiente. Su compañera de bancada Sabrina Ajmechet la homenajeó con un mensaje llamativo: Hay algo muy difícil de encontrar: una jefa cuyas decisiones te hagan sentir siempre representada, que lidera con convicción y que, una y otra vez, demuestra tener razón, incluso en las circunstancias más complejas.
Entre los aliados, en cambio, el tema monopolizó conversaciones telefónicas y grupos de WhatsApp desde temprano. Palabras como papelón, delirio y vergüenza se repitieron con frecuencia.
Es un boludo peligroso, resumió sin eufemismos un referente de Pro, que advirtió que a partir de ahora los acuerdos con el oficialismo volverían a foja cero y que cualquier negociación deberá discutirse ley por ley.
No puede ser que tus gastos en blanco tripliquen tu patrimonio, sostuvo otro legislador experimentado, que reconoció el terreno fangoso en el que quedó parado el jefe de Gabinete tras sus propias explicaciones.
Impacto sobre la ley de inocencia fiscal
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se preparaba para enviar formalmente al Congreso una serie de modificaciones a la ley de inocencia fiscal, el mismo régimen al que Adorni recurrió para exteriorizar patrimonio no declarado.
Los cambios, según explicó el diario LA NACION, surgieron de observaciones realizadas por tributaristas y especialistas tras la implementación de la norma. Con esos aportes, el Ministerio de Economía elaboró un borrador que comenzó a circular entre bloques aliados con el objetivo de avanzar rápidamente en el Congreso.
Pero las explicaciones de Adorni alteraron el escenario. Varios legisladores ahora se muestran reacios a impulsar modificaciones sobre una herramienta que quedó directamente asociada al caso del jefe de Gabinete.
Lo de Adorni lo mató, evaluó un dirigente de Pro al analizar el futuro inmediato del proyecto. La sociedad lo va a ver como un régimen de impunidad, agregó, en referencia a la percepción pública que podría generar cualquier intento de flexibilizar el esquema.
Caputo buscaba introducir cambios para incentivar el uso del régimen por parte de más contribuyentes. Entre otras modificaciones, se proponía eliminar los límites de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de beneficiarios; autorizar expresamente el uso de efectivo para la compra de inmuebles sin perder las ventajas del programa; permitir la corrección de errores y el pago de diferencias detectadas por ARCA dentro de un plazo de 15 días para evitar sanciones; establecer que la carga de probar irregularidades recaiga sobre el organismo recaudador y no sobre el contribuyente; y considerar la adhesión al régimen como un antecedente positivo frente a bancos y escribanos en materia de controles de lavado de dinero.
