Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno y las universidades sellaron un acuerdo por el financiamiento
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Luego de más de dos años de una puja que erosionó la relación entre la administración libertaria y la comunidad académica, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas acordaron un esquema de financiamiento que incluye una mejora salarial del 24,33% y refuerzos presupuestarios clave.
La propuesta consensuada contempla un aumento del 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre, además de fondos extra para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento. El entendimiento se terminó de sellar en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales, donde todas las partes firmaron el acta que formaliza los ajustes.
Esta actualización contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024, precisa el acta firmada. Allí también se aclara que, tras el encuentro, la paritaria pasará a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar la discusión salarial contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje.
Esta modalidad marca una diferencia central con la ley aprobada por el Congreso, que reconocía la recuperación desde el 1° de diciembre de 2023.
Un conflicto que se extendió por casi tres años
El desenlace llega luego de dos semanas de conversaciones intensas y de un derrotero de casi tres años que incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni y la Corte Suprema, tomas de colegios, semanas de paros docentes, seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que escaló hasta el máximo tribunal.
Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la llamada batalla cultural libertaria. En ese marco, se sucedieron acusaciones oficiales de curros en las universidades públicas, resistencias a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, señalamientos por alumnos fantasmas y críticas por el número de estudiantes extranjeros.
Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sistema universitario vislumbra un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo apunta a cerrar al menos de forma parcial uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial continúa abierto.
El entendimiento representa, además, una mejora significativa respecto de la ley alternativa que el oficialismo intentó impulsar sin éxito en el Congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes, el Ejecutivo había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026.
Quiénes negociaron y qué se acordó
Sin plazos definidos para un fallo de la Corte Suprema, ambas partes se mostraron dispuestas a dialogar en las últimas semanas. Por el lado del Gobierno, las negociaciones estuvieron a cargo de Álvarez, mientras que en representación de las casas de estudio participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).
El acuerdo no se limita a la recomposición de los salarios docentes y no docentes. A ese capítulo se suman $50.000 millones para los hospitales universitarios, que no estaban contemplados en el presupuesto 2026 y se agregan a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venían reclamando.
Además, se definió un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% de incremento para las becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. En cambio, no se dispuso un aumento para las becas Progresar, que abarcan educación secundaria y todos los niveles superiores, y eran otro de los reclamos del sector.
Se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, agrega el acuerdo, que por último establece que las universidades nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme lo dispuesto en la legislación vigente.
La mirada de los gremios universitarios
Logramos que el gobierno nacional convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente, señaló la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) en un comunicado difundido tras la firma.
El ofrecimiento representa un avance importante para las y los trabajadores de las universidades, en un contexto económico sumamente complejo y después de 18 meses consecutivos de pérdida salarial en los que el gobierno se negó a convocarnos a paritarias, precisó la entidad.
Sin embargo, la federación advirtió: Remarcamos que la lucha sirvió, pero continúa. La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la ley de financiamiento universitario, que sigue vigente, ni por la recuperación integral del salario perdido. Esta postura es compartida por varios de los gremios del sector.
También suscribieron el acta representantes de Conadu, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). La única organización que no se sumó fue la Conadu Histórica.
Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno exigía que el CIN levantara la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.
Una disputa que llegó hasta la Corte Suprema
El derrotero judicial de la ley de financiamiento, que insta al Ejecutivo a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para solventarla dentro del presupuesto general.
El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo recurrió entonces a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado.
Incluso solicitó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusaran de intervenir en el expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia, el mismo argumento que había planteado sobre los jueces anteriores.
El camino legislativo de la norma también fue extenso. La ley fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado, luego vetada por el Presidente y nuevamente ratificada por ambas cámaras. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y, en esa oportunidad, el Congreso no la sostuvo.
Desde el oficialismo insistieron en que la ley era inaplicable. Argumentaron, como en el caso de la Ley de Discapacidad, que no se implementaría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Más tarde sumaron que, al no estar especificadas, la norma violaba la Ley de Administración Financiera.
En paralelo, la deuda con el sistema universitario fue creciendo y circularon distintos montos sobre el desembolso que implicaría cumplir con la norma. Al presentar el recurso federal, el Gobierno detalló que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades, según un informe del Ministerio de Economía.
Eso implicaría, según el Ejecutivo, una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, con efectos como la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en Rosario, la interrupción en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y ambas cámaras legislativas.
Un acuerdo que deja atrás el conflicto.
El día de hoy firmamos el acta acuerdo con las Universidades Nacionales y los sindicatos docentes y nodocentes. Queda la tarea de recuperar los días de clase perdidos, el respeto a los que piensan distinto y la transparencia en el gasto. pic.twitter.com/sDbQjUg56S
Mientras avanzaba la disputa política y judicial, se multiplicaban las clases públicas, las tomas de colegios y los paros, junto con los reclamos de los directores de hospitales por más fondos y la advertencia de los rectores sobre un éxodo de docentes.
Según datos del CIN, ya renunciaron 10.000 docentes en el sistema universitario nacional. La Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró sus propios cálculos: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. A ellos se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.
Los rectores vinculan este fenómeno con sueldos en niveles mínimos de los últimos 23 años y una caída real del 33% de los ingresos, lo que llevó a muchos docentes a migrar al sector privado o al exterior, donde podían llegar a cuadruplicar sus salarios.
