Gobierno y universidades acordaron salarios pero sigue la pulseada judicial - Informe Digital
El acta incluye subas, becas y fondos para hospitales, pero las casas de estudio mantienen la demanda por la ley de financiamiento.
El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para descomprimir el conflicto por los fondos de las universidades públicas. Pero el entendimiento no cerró la disputa de fondo: las entidades educativas seguirán con la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que sigue sin ejecutarse.
La propuesta contempla una suba salarial de 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Según lo discutido, la recomposición busca cubrir 7 puntos de 2024, 12,33 de 2025 y parte de la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, quedó prevista una reunión paritaria con los gremios.
Qué incluye la oferta
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores dejaron en claro que no retirarán la demanda judicial sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.
Además de la mejora salarial, el acta rubricada hoy incorpora un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a carreras consideradas clave para el desarrollo del país. A eso se suma un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.
Las conversaciones también alcanzaron al personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada por la pérdida de poder adquisitivo tras la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo incluye a docentes y no docentes, en un escenario en el que los rectores exigen una paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.
La causa judicial y la reacción sindical
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo para pronunciarse.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es ilegal porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por eso, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Del lado sindical, la desconfianza sigue intacta. Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años, dijeron desde Conadu a Infobae.
Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.
