Milei camina por la cornisa: Es la economía, pero las sospechas no ayudan
Javier Milei subestima a la opinión pública al seguir sosteniendo a Manuel Adorni. La economía es lo más urgente, pero la (presunta) corrupción no ayuda...
La mayoría de los analistas políticos coincide en que la posibilidad de Javier Milei de reelegir en 2027 depende de la economía, especialmente del bolsillo de los argentinos. Y eso es urgente. Pero las sospechas sobre corrupción en el Gobierno no ayudan para nada (más bien, todo lo contrario).
La oposición pide anular el beneficio utilizado por los mileístas
La polémica generada por la incorporación de altos funcionarios del Gobierno nacional al denominado régimen de inocencia fiscal sumó un nuevo capítulo en el Congreso. La senadora nacional Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para eliminar el Capítulo III de la Ley 27.799, el apartado que regula ese mecanismo de sinceramiento fiscal y que quedó bajo la lupa luego de que varios integrantes de la administración de Javier Milei decidieran adherirse al beneficio.
Uno de los ejes centrales de los fundamentos del proyecto está relacionado con la decisión de funcionarios nacionales de acogerse al régimen.
La senadora afirma que resulta especialmente grave que quienes integran el propio Estado utilicen un mecanismo que, según su interpretación, contradice compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Entre ellos menciona la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El documento también advierte que la adhesión de funcionarios públicos a este sistema podría tener efectos sobre investigaciones judiciales en curso relacionadas con delitos como lavado de activos, tráfico de influencias o hechos de corrupción.
La ofensiva legislativa contra el régimen de Inocencia Fiscal no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados también apareció una propuesta que apunta en la misma dirección, aunque con una estrategia diferente.
El diputado nacional Esteban Paulón también presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y sus familiares directos puedan acceder al mecanismo de regularización fiscal impulsado por el Gobierno.
