Financiamiento universitario: el Gobierno acordó aumentos salariales con los rectores, pero sigue la disputa judicial
Financiamiento universitario: el Gobierno y las universidades acordaron una recomposición salarial, aunque continúa la demanda ante la Corte Suprema.
Financiamiento universitario: el Gobierno acordó aumentos salariales con los rectores, pero sigue la disputa judicial
El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este martes tras la firma de un acuerdo salarial y presupuestario entre el Gobierno nacional y el CIN. Sin embargo, los rectores ratificaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
10 de Junio de 2026
El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este martes tras la firma de un acuerdo salarial y presupuestario entre el Gobierno nacional y el CIN. Sin embargo, los rectores ratificaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
El debate por el financiamiento universitario registró un avance luego de que el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaran un acuerdo destinado a mejorar la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas de todo el país.
El entendimiento fue rubricado este martes al mediodía y busca aliviar el conflicto que se profundizó durante los últimos meses por la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. No obstante, el acuerdo no logró cerrar todas las diferencias existentes entre las partes.
Desde el sistema universitario aclararon que continuarán adelante con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que aún no fue implementada por el Poder Ejecutivo.
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Los detalles de la propuesta económica
La oferta oficial contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en dos etapas. El primer tramo será del 21,33% durante julio, mientras que el 3% restante se aplicará en octubre.
Según lo acordado, la actualización salarial incluye siete puntos correspondientes a pérdidas registradas durante 2024, otros 12,33 puntos vinculados al año 2025 y un porcentaje adicional destinado a compensar el deterioro acumulado hasta mayo de 2026.
Además, el acta firmada incorpora el compromiso de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el próximo año. También prevé la convocatoria a una instancia paritaria con los gremios docentes y no docentes para avanzar en aspectos específicos de la negociación.
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Becas, hospitales y reclamos pendientes
Entre los puntos destacados del acuerdo figura un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta destinada a promover el acceso, permanencia y graduación de estudiantes en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
Asimismo, el Gobierno comprometió una partida de 50 mil millones de pesos destinada a fortalecer el funcionamiento de los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol clave tanto en la formación profesional como en la atención sanitaria.
Las conversaciones también abordaron la situación salarial de los docentes que se desempeñan en establecimientos preuniversitarios. En ese sector, el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) profundizó la pérdida de poder adquisitivo y se convirtió en uno de los principales reclamos de los sindicatos.
La demanda judicial sigue en pie
Pese al entendimiento alcanzado, las autoridades universitarias confirmaron que no retirarán la demanda que actualmente analiza la Corte Suprema de Justicia. La causa está vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades.
Sin embargo, la ejecución de esa cautelar permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La resolución definitiva quedó ahora en manos del máximo tribunal, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso presenta irregularidades porque no cumple con los requisitos de administración financiera que exigen identificar claramente las fuentes de financiamiento. Mientras tanto, desde los gremios mantienen una postura cautelosa. "Por ahora, es todo informal.
Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El Gobierno tiene que convocar a paritaria, cosa que no hace hace años", señalaron desde Conadu, reflejando la persistente desconfianza que aún rodea al acuerdo alcanzado.
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