Investigan presunta asociación ilícita en la cárcel y allanan viviendas de penitenciarios - Diario El Sureño
En Río Grande, la Justicia ordenó más de una docena de procedimientos realizados en la Unidad de Detención N°1 y en domicilios de penitenciarios. La causa se originó tras una
En Río Grande, la Justicia ordenó más de una docena de procedimientos realizados en la Unidad de Detención N°1 y en domicilios de penitenciarios. La causa se originó tras una brutal agresión sufrida por tres internos y apunta a un supuesto sector liberado dentro del penal. (Foto archivo)
RÍO GRANDE. En un amplio operativo judicial realizado durante la madrugada de este miércoles, se llevaron adelante varios allanamientos en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande y otros procedimientos en domicilios particulares de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una investigación que busca determinar la existencia de una presunta asociación ilícita destinada a cometer delitos dentro de la cárcel.
Las medidas fueron ordenadas por la jueza de Instrucción N°3, Cecilia Cataldo, con intervención del fiscal mayor Martín Bramati. Los procedimientos se concentraron principalmente en el pabellón B del establecimiento penitenciario, donde se realizaron requisas a internos y se secuestró material de interés para la causa.
La investigación tiene su origen en un grave episodio ocurrido el pasado 12 de mayo a la tarde, cuando tres nuevos detenidos habían sido alojados en el penal, y fueron víctimas de una violenta golpiza dentro de una celda. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, parte del hecho habría quedado registrado parcialmente por cámaras de seguridad internas.
Varias cámaras de vigilancia del pabellón habían sido cubiertas. También se pudo saber que los internos investigados habrían accedido a la celda donde se encontraban los tres nuevos detenidos y los sometieron a una feroz agresión.
Aunque las víctimas nunca formalizaron una denuncia, los investigadores sospechan que los hechos podrían haber sido aún más graves. Esta hipótesis surge a partir de un registro fílmico en los que se observaría a los agredidos salir corriendo del lugar sin vestimenta, circunstancia que alimenta sospechas sobre la posible comisión de delitos de índole sexual.
Las fuentes consultadas indicaron que inicialmente desde el Servicio Penitenciario existían dificultades para identificar a los responsables del ataque. Sin embargo, semanas atrás la Justicia dispuso un primer allanamiento dentro de la Unidad de Detención, procedimiento que permitió reunir elementos probatorios considerados clave para profundizar la investigación.
A partir de esas evidencias, la causa avanzó hacia una hipótesis más amplia que involucra no sólo a internos, sino también a integrantes del Servicio Penitenciario. Los investigadores buscan establecer si existió un sector liberado que facilitó el accionar de los agresores o si hubo participación directa o encubrimiento por parte de personal de la institución.
La causa se encuentra actualmente caratulada como asociación ilícita destinada a cometer delitos, donde están alcanzadas por las medidas judiciales varios agentes penitenciarios.
Por el momento no se informó oficialmente sobre detenciones ni imputaciones concretas, aunque los resultados de los allanamientos serán incorporados al expediente para definir los próximos pasos de la investigación.
Quiénes fueron allanados
En el marco de los procedimientos ordenados por la Justicia, se realizaron requisas en las celdas donde se encuentran alojados los internos Maximiliano Malcovic, Maximiliano Perpetto, Luis Saldivia, San Justo, Leandro Soto, David Ojeda, Enoc Perpetto, Tadeo Calderón y Gastón Olarte.
Durante los allanamientos, el personal policial secuestró dos teléfonos celulares, prendas de vestir y los respectivos legajos disciplinarios de los detenidos. Todos ellos fueron notificados de sus derechos y garantías procesales en el marco de la investigación por el brutal ataque sufrido por tres internos el pasado 12 de mayo, así como por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.
Según trascendió, las medidas alcanzaron a los penitenciarios de apellido: Leaños, Benítez, Lima, Vilte, Aban y Saso y Ciares.
Los investigadores buscan determinar si existió algún grado de participación, encubrimiento o facilitación por parte del personal penitenciario en los hechos que son materia de investigación, especialmente en relación con la presunta existencia de un «sector liberado» que habría permitido el ingreso de los agresores a la celda donde se encontraban alojadas las víctimas.
