Colectiveros despedidos en Paraná marcharon sin apoyo de la UTA y reclaman que se cumplan cautelares de reincorporación
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Un grupo de choferes que perdieron su trabajo tras el cambio de concesión del transporte urbano de pasajeros de Paraná en diciembre de 2025 se movilizó de manera autoconvocada este miércoles por la mañana para reclamar respuestas a las empresas y a los gobiernos municipal y provincial.
Según detallaron, unos 40 ex empleados de Mariano Moreno y ERSA las firmas que prestaron el servicio entre 2018 y 2025 marcharon por el centro de Paraná hacia el Municipio, luego hacia Casa de Gobierno y finalmente hasta la Secretaría de Transporte.
Los trabajadores esperaban ser recibidos por autoridades que los ayuden a encontrar una salida a su situación. En ese marco, aclararon que se manifiestan de manera autoconvocada, sin el aval de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Quedamos en la calle, tenemos dos cautelares a favor de reincorporarnos, la empresa no cumple y nadie nos da una respuesta, cuestionaron los colectiveros durante la protesta.
El origen del conflicto: una ordenanza sin traspaso automático
El núcleo del conflicto radica en que la ordenanza municipal que fijó las condiciones de la licitación del sistema de colectivos urbanos no incluyó el traspaso automático de los empleados de las empresas que tuvieron la concesión hasta 2025 (ERSA y Mariano Moreno) a la firma que resultara adjudicataria, que finalmente fue San José.
Sin esa obligación contractual con el Municipio, la nueva concesionaria incorporó choferes y personal a discreción, lo que dejó a unos 200 ex empleados de ERSA y Mariano Moreno en una situación de vacío legal.
Algunos de esos trabajadores fueron tomados por San José, otros fueron absorbidos por ERSA para desempeñarse en el Área Metropolitana un servicio diferenciado del urbano de Paraná y la mayoría quedó sin empleo.
Batalla judicial y disputa de fueros
El conflicto también se trasladó a los tribunales. En la Justicia Nacional del Trabajo, un juez con asiento en Buenos Aires ordenó, a pedido de la UTA, que San José incorpore a todos los ex empleados, a través de dos medidas cautelares. Son precisamente esas resoluciones judiciales las que los colectiveros esgrimen como principal respaldo de su reclamo.
La nueva concesionaria, por su parte, acudió a la Justicia Provincial para frenar las cautelares y obtuvo resoluciones favorables. Así, el litigio sobre qué fuero debe intervenir y resolver el diferendo quedó planteado entre la órbita nacional y la provincial.
Actualmente, la definición sobre la competencia se encuentra pendiente en la Corte Suprema de Justicia, que deberá dirimir qué jurisdicción tiene la última palabra en el caso.
Movilización para no quedar invisibles
Mientras el expediente avanza a paso lento en los tribunales, los choferes recurren a la movilización callejera para visibilizar su situación en la ciudad y presionar por una respuesta política que destrabe el conflicto.
