Cristina Fernández de Kirchner cumple un año condenada por la Causa Vialidad
A doce meses de una sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia. Tras confirmarse los fallos en instancias anteriores, la ex presidente cumple este mi
Este miércoles, se cumple un año desde que Cristina Fernández de Kirchner recibió la condena de la Corte Suprema de Justicia dejando firme la sentencia dictada en la denominada causa Vialidad. Así se, convirtió en la primera persona que siendo expresidente tuvo una condena penal firme por hechos de corrupción durante el ejercicio de la función pública. Una semana después, el 17, comenzó a cumplir una condena judicial que modificó el escenario político argentino.
El 10 de junio de 2025, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa y confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia ratificó lo resuelto previamente por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y por la Cámara Federal de Casación Penal.
Además, se incluyó un decomiso económico destinado a recuperar los fondos que la Justicia consideró sustraídos al Estado mediante la maniobra investigada. La cifra actualizada fue de casi 685 mil millones de pesos.
SAN JOSE 1111
La condena correspondió al delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Los jueces consideraron acreditada la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, en un esquema que tuvo como principal beneficiario al empresario Lázaro Báez.
La investigación judicial analizó 51 contratos de obra pública otorgados en Santa Cruz. Según la sentencia, existieron maniobras que favorecieron a empresas vinculadas a Báez mediante licitaciones direccionadas, incumplimientos contractuales y sobreprecios que provocaron un perjuicio económico al Estado.
Tras quedar firme la condena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó que la exmandataria se presentara en los tribunales federales de Comodoro Py dentro de un plazo de cinco días hábiles para comenzar la ejecución de la pena. Paralelamente, se iniciaron los trámites para determinar la modalidad de cumplimiento de la condena.
Dado que Fernández tenía 72 años al momento de la resolución, la Justicia evaluó el pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa. Finalmente, el tribunal autorizó que cumpliera la pena en su domicilio en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo monitoreo de una tobillera electrónica y con condiciones específicas de cumplimiento.
Además de la pena privativa de libertad y la inhabilitación perpetua, la sentencia incluyó un decomiso económico destinado a recuperar los fondos que la Justicia consideró sustraídos al Estado mediante la maniobra investigada. Inicialmente, el monto había sido fijado en alrededor de $ 84.800 millones a valores históricos. Sin embargo, tras una actualización realizada por peritos de la Corte Suprema, el monto se elevó a $ 684.990.350.139,86; es decir casi 685 mil millones de pesos pesos. La cifra fue considerada el valor actualizado del perjuicio ocasionado al Estado y debía ser afrontada solidariamente por todos los condenados de la causa.
La Justicia intimó a los condenados a depositar esos fondos dentro de un plazo determinado. En caso de incumplimiento, quedó habilitada la ejecución de bienes previamente embargados para avanzar en la recuperación del dinero. Los tribunales consideraron que el decomiso debía cumplir una función resarcitoria respecto del daño económico causado al patrimonio público.
A doce meses de aquella detención, la causa Vialidad continúa ocupando un lugar central en la historia política y judicial argentina. Mientras la expresidente mantiene su postura de que fue víctima de una persecución política y judicial, los tribunales sostuvieron en todas las instancias que existieron pruebas suficientes para confirmar la condena. La sentencia, la inhabilitación perpetua y el decomiso de casi 685.000 millones de pesos permanecen como los principales efectos de uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia.