Milei prepara 73 designaciones de jueces y demora el caso Michelli
En Casa Rosada sostienen que los tiempos para la formalización de los nombramientos se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secre
El Gobierno nacional aguarda la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar con la firma de las designaciones de jueces. En la Casa Rosada aseguran que el Congreso aún no remitió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que ese trámite se complete, el Poder Ejecutivo no puede avanzar con los decretos de nombramiento.
Fuentes oficiales señalaron que los tiempos de firma serán definidos políticamente una vez que los expedientes ingresen a la Secretaría de Legal y Técnica. "No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen", sostienen desde el oficialismo. Desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmaron que los pliegos todavía no fueron enviados al Ejecutivo, ya que el procedimiento requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.
La situación cobró relevancia luego de que la Cámara alta aprobara 74 pliegos judiciales, entre ellos el de María Verónica Michelli, postulada para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. Su caso generó una fuerte controversia debido a que el presidente Javier Milei había solicitado previamente retirar su candidatura, aunque el Senado igualmente le otorgó el acuerdo.
Pese a esa aprobación, en el Gobierno insisten en que Milei no tiene previsto firmar el decreto de designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo aseguran que el nombramiento continuará demorado incluso cuando llegue la comunicación formal del Senado. Además, argumentan que el tribunal para el que fue propuesta aún necesita completar distintos pasos administrativos antes de poder funcionar plenamente.
En este sentido, sostienen que el aval del Senado no obliga al Presidente a rubricar inmediatamente la designación. Como antecedente citan el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego fue aprobado en 2011 para integrar la Cámara Federal de San Martín, aunque nunca recibió el decreto de nombramiento por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, situación que derivó posteriormente en su renuncia a la candidatura.
Mientras mantiene congelado el caso Michelli, el Ejecutivo busca avanzar con otras vacantes judiciales consideradas menos conflictivas. La estrategia oficial apunta a enviar nuevos pliegos al Senado y priorizar aquellos cargos que no impliquen una alta sensibilidad política.
En paralelo, la Comisión de Acuerdos del Senado inició el tratamiento de siete nuevas postulaciones. Entre ellas figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, y seis candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Uno de los nombres que concentra mayor controversia es el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. Sectores del peronismo, sindicatos y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente su candidatura y anticipó el apoyo de La Libertad Avanza.
A la par de la discusión legislativa, el Gobierno sigue de cerca la actividad del Consejo de la Magistratura, que analizará concursos para cubrir vacantes en juzgados y cámaras federales de distintas jurisdicciones, entre ellas La Plata, Corrientes y Santa Fe.
Desde la Casa Rosada admiten que los cargos judiciales más sensibles quedarán para una etapa posterior. "Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año", reconocen en el oficialismo. La intención es avanzar primero con los nombramientos que generan menor resistencia política y reservar para más adelante aquellos que requieren acuerdos más amplios con gobernadores, bloques dialoguistas y sectores del Poder Judicial.
La agenda judicial también tendrá un capítulo internacional. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará a París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las políticas argentinas de prevención del lavado de dinero. Integrará una delegación junto a jueces federales, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), representantes del Banco Central y otros organismos nacionales.
En paralelo, el Ejecutivo continúa trabajando en su agenda legislativa y prepara una nueva reunión de la mesa política para definir prioridades parlamentarias. Entre los proyectos que busca impulsar figuran el Súper RIGI, la ley de lobby, la iniciativa de Inocencia Fiscal, reformas de desregulación económica y cambios en materia de competencia.
Además, el Gobierno acelera la elaboración de un proyecto de juicio por jurados para la justicia federal. Según fuentes oficiales, el texto ya pasó por el Ministerio de Justicia y se encuentra en revisión final por parte de la Secretaría de Legal y Técnica. La propuesta prevé la intervención de jurados populares en delitos con penas superiores a cinco años de prisión y forma parte de la agenda institucional que el oficialismo pretende enviar al Congreso en los próximos meses.
