Una exjueza de Pilar confesó que ofreció dinero para influir en adopciones: por qué quedará en libertad
La extitular del juzgado de Familia N° 1 local, Alejandra Velázquez, recibió tres años de prisión e inhabilitación, pero recuperó la libertad tras el fallo.
El Juzgado Correccional N°1 de San Isidro condenó a la exjueza de Pilar Alejandra Velázquez a tres años de prisión e inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos, tras declararla responsable de cohecho agravado en una causa por la venta de bebés, en la que reconoció haber recibido sobornos. Sin embargo, recuperó la libertad de manera condicional horas después de la sentencia.
La resolución judicial confirmó que la extitular del juzgado de Familia N° 1 local ofreció coimas en efectivo a dos funcionarias públicas para que omitieran asentar actuaciones obligatorias en carpetas de adopción bajo su competencia.
El fallo, dictado durante un juicio abreviado, se basó en el reconocimiento formal del delito por parte de Velázquez, lo que permitió acordar la pena entre la fiscalía y la defensa, según informó el medio local Zonales.
Una trama de corrupción y sospechas de venta de bebés
Velázquez fue destituida en 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, tras denuncias de graves irregularidades en el Juzgado de Familia N°1 de Pilar.
Las auditorías de la Suprema Corte bonaerense detectaron desvíos en legajos de adoptabilidad que beneficiaban a matrimonios de alto poder adquisitivo de los countries de Pilar, y surgieron denuncias de presiones a madres de bajos recursos para que entregaran a sus hijos a cambio de dinero.
Durante la investigación, testigos relataron la existencia de una supuesta red de captación de mujeres embarazadas en situación vulnerable, con el objetivo de conseguir panzas y agilizar trámites de entrega de bebés.
La abogada denunciante, Fabiana Gugliotta, contó en una entrevista a TN: Había un equipo que recorría barrios buscando mujeres embarazadas y les ofrecía dinero por sus bebés. Comprometía al equipo interdisciplinario del juzgado para hacer un estudio de mercado y ver a qué familia podían dirigirse.
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Tras su destitución, Velázquez fue localizada en España por Interpol, luego de que la Justicia argentina emitiera una orden de captura internacional. Fue detenida en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y alojada en un penal europeo hasta que se concretó su extradición a la Argentina. Ya en el país, se le concedió arresto domiciliario en Tigre.
El beneficio de la libertad condicional le fue otorgado el mismo día de la condena, debido a los más de ocho meses de detención efectiva bajo el régimen domiciliario y a que la pena no superaba los tres años de prisión.
El fallo advierte que la libertad es precaria y puede ser revocada si Velázquez cambia de domicilio sin avisar o comete un nuevo delito.
Las acusaciones y el fallo
Aunque el fallo reciente se limitó al intento de soborno procesal y no avanzó sobre la hipótesis de comercialización de menores, la investigación original incluyó denuncias por cohecho y falsedad ideológica.
Se detectaron anomalías en expedientes de adopción, alteraciones en el sistema de preferencias y más de 600 expedientes firmados en ausencia durante los seis años que Velázquez estuvo al frente del juzgado.
La exjueza fue acusada de faltar al cuidado de los menores bajo su guarda, no visitarlos y desatenderlos totalmente.
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Además, la investigación reveló que, tras ser inhabilitada, siempre encontraba excusas para acceder a los expedientes y nunca se presentó a declarar, lo que motivó la intervención de Interpol.
La pena de prisión impuesta a Velázquez finalizará formalmente el 1° de julio de 2028, mientras que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se extenderá hasta julio de 2031.
El tribunal de San Isidro dejó en claro que el beneficio de la libertad condicional es revocable ante cualquier incumplimiento.
