Minería en San Juan: el plan para que 8 de cada 10 empleos sean locales
El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca priorizar la mano de obra y los proveedores provinciales en pleno auge del RIGI, fijando metas de contratación y fuertes multas por incumplimiento.
El compre local es el otro gran pilar. La iniciativa orienta a que las compañías destinen el 60% del monto anual de sus compras a proveedores sanjuaninos, siempre que la oferta del mercado sea competitiva en precio, calidad y capacidad operativa.
Control, incentivos y sanciones
Para operativizar la ley, se destacan las siguientes herramientas de gestión:
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Creación del RE.PRO.MIN: El Registro de Proveedores Mineros de San Juan funcionará como una base digital pública. Para inscribirse, las empresas deberán tener domicilio operativo y tributación en la provincia, además de una planta compuesta por al menos un 80% de personal local.
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Previsibilidad de la demanda: Las mineras estarán obligadas a publicar de forma anticipada sus cronogramas estimados de contratación para que los proveedores locales puedan prepararse e invertir a tiempo.
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Premios y castigos: Aquellas firmas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y compras recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible para cancelar impuestos provinciales. Por el contrario, quienes incumplan de forma injustificada se expondrán a multas severas de hasta 60.000 Unidades Tributarias.
El debate que viene
El Ministerio de Minería actuará como autoridad de aplicación, respaldado por un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial para auditar el valor agregado declarado.
Este proyecto, que deroga la antigua e inaplicada Ley 1208-M, abre de manera formal uno de los debates más sensibles y reclamados por las cámaras sectoriales en San Juan: establecer reglas de juego claras, transparentes y medibles para que la riqueza de los grandes proyectos metalíferos se traduzca de forma directa en bienestar y desarrollo para los trabajadores de la provincia. De aprobarse, las empresas tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus primeros planes de acción.
