El Gobierno abrió la pulseada por la ley de semillas - Informe Digital
Campo e industria coincidieron en seguir negociando, pero siguen lejos en cómo y cuándo pagar la propiedad intelectual.
La primera reunión convocada por el Gobierno para discutir una nueva ley de semillas dejó un dato clave: hubo voluntad de seguir negociando, pero todavía no apareció un texto de consenso. El tema importa porque define cuánto y cómo se pagará la propiedad intelectual en el agro, un punto sensible para productores y semilleros.
Del encuentro participaron representantes de la Mesa de Enlace, Aacrea, Aapresid, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Casem, empresarios del sector, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y de la Secretaría de Desregulación. En total, asistieron unas 25 personas.
Según publicó La Nación, el intercambio fue productivo y permitió que todos los sectores expusieran sus posiciones. La coincidencia de fondo fue que la propiedad intelectual debe ser respetada y reconocida económicamente; la discusión sigue abierta sobre los mecanismos, los plazos y las condiciones para hacerlo.
Desde el Gobierno plantearon que la meta es alcanzar consensos que impulsen la producción, faciliten la incorporación de nuevas tecnologías y den previsibilidad a toda la cadena. También anticiparon nuevas reuniones en las próximas semanas, aunque la fecha todavía no está definida por la agenda mundialista.
Sin propuesta oficial sobre la mesa
Desde el sector productivo admitieron que la reunión sirvió para abrir formalmente la discusión, aunque remarcaron que no hubo definiciones. Pablo Ginestet, coordinador de la comisión de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que no se presentó ninguna propuesta oficial del Gobierno y que tampoco se conoció formalmente la iniciativa que impulsa la industria semillera.
No avanzamos en nada concreto, pero sí se dio inicio a la discusión, resumió. Según explicó, las partes acordaron volver a reunirse para analizar propuestas concretas y acercar posiciones sobre los puntos que todavía generan diferencias.
Entre los temas que deberán destrabarse aparecen el alcance del uso propio de semillas, el límite de hectáreas alcanzadas por el sistema y el tiempo durante el cual debería reconocerse económicamente la propiedad intelectual de una variedad. La propuesta de las entidades rurales contempla un período de tres años para la protección, mientras que sectores de la industria consideran que debería extenderse durante toda la vigencia del derecho.
Pese a esas diferencias, Ginestet destacó que existe acuerdo sobre una cuestión de fondo. Estamos de acuerdo en que hay que reconocer la propiedad intelectual. Lo que queda por discutir es cómo, cuánto y durante cuánto tiempo, señaló.
Por su parte, ASA expuso datos vinculados con la innovación tecnológica, el desarrollo de variedades y el impacto de la biotecnología en la producción agrícola. Su director ejecutivo, Alfredo Paseyro, afirmó que el esquema actual no sirve y ratificó que la adhesión de la Argentina al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) es el marco adecuado para modernizar el sistema.
Según explicó, ASA también presentó una propuesta propia alineada con ese tratado internacional, aunque aclaró que durante la reunión no se discutieron artículos específicos ni se analizaron los distintos proyectos punto por punto.
Uno de los datos que dejó el encuentro es que todavía no existe un borrador oficial de proyecto de ley elaborado por el Gobierno, al menos entre los participantes. La intención oficial es que los distintos sectores intenten acercar posiciones antes de avanzar con una iniciativa legislativa.
Incluso, durante la reunión se planteó que, si no hubiera consensos, podrían ser los propios legisladores quienes impulsen proyectos por separado en el Congreso. Algunos de los consultados consideraron que esa no sería la mejor salida si se trabaja de forma conjunta desde ahora.
La discusión sobre una nueva ley de semillas cobró impulso en los últimos meses tras el compromiso asumido por la Argentina con Estados Unidos para avanzar hacia la adhesión a la UPOV-91, según el marco del acuerdo firmado con ese país. En paralelo, el Gobierno estableció un nuevo protocolo de control de identidad varietal y protección de la propiedad intelectual en semillas, una medida que abrió otro frente de debate dentro de la cadena agroindustrial y entre los productores.
Todos los actores coincidieron en que la discusión recién empieza. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre el derecho de los obtentores a cobrar por sus desarrollos y las condiciones que reclaman los productores para acceder a esas tecnologías.
