Freno de mano a la causa del Acueducto: por un detalle, suspenden la prórroga
Si bien este martes estaba previsto que se realizara la audiencia para extender por otros 90 días la investigación preliminar, la jueza dictó un cuarto intermedio.
A seis meses de que radicaran la denuncia por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a la obra del Acueducto Gran Tulum, el fiscal que lleva adelante la investigación preliminar solicitó la prórroga excepcional que prevé el proceso y, aunque ello se iba a concretar este martes, la audiencia se suspendió por un detalle.
Acorde señalaron fuentes allegadas, el representante del Ministerio Público, Sebastián Gómez, tenía previsto extender la instrucción previa a la formalización. Sin embargo, la jueza de Garantías que intervino, Irene Mabel Moya, entendió que una parte de los implicados no había sido debidamente notificada y, por lo tanto, dictó un cuarto intermedio.
A partir de este incidente, que representó un freno de mano a la causa, se espera que la Oficina Judicial notifique a los interesados y fije una nueva fecha para la audiencia en la que, finalmente, se prorroguen los plazos de manera excepcionalísima. El motivo de ello responde a las ampliaciones de denuncias que hizo Marcelo Arancibia y de la cantidad de prueba para analizar, entre ellos informes técnicos.
La UFI de Delitos Especiales indaga sobre las acusaciones que hizo el dirigente de GEN en San Juan y que apunta hacia la gestión de Gobierno anterior y la empresa vinculada a la construcción de la obra. En la denuncia mencionó una serie de delitos que se habrían producido en perjuicio de la Administración Pública con la contratación de una empresa que todavía no finalizó los trabajos y, entre las figuras previstas en el Código Penal se hallaba el enriquecimiento ilícito.
Frente a las sospechas de corrupción que denunció Arancibia y ante el posible perjuicio patrimonial que habría sufrido la Provincia, el Estado provincial se convirtió en parte querellante de la causa en la que también interviene el fiscal Francisco Pizarro. La obra -sin finalizar- generó una deuda, que recién comienza a ser pagada, y que asciende los 100 millones de dólares, que es la devolución del préstamo al Estado de Kuwait.
De forma preliminar, se intenta determinar si existió la presunta comisión de un delito, los que en la denuncia podrían ser administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencia, posible cohecho y hasta una asociación ilícita administrativa.
