Cesantearon a una médica del Perrando por ejercer en el ámbito privado mientras cobraba dedicación exclusiva
La investigación se originó a partir de una inspección realizada en el Sanatorio Galeno, donde descubrieron que la profesional atendía en un consultorio pri
El Gobierno del Chaco resolvió aplicar una sanción disciplinaria contra la médica Jimena Margosa Bazo tras comprobar que ejercía la profesión en el ámbito privado mientras percibía una bonificación por dedicación exclusiva como agente del Hospital Julio C. Perrando.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 1266/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, luego de la conclusión de un sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Salud.
La investigación se originó a partir de una inspección realizada el 3 de octubre de 2023 en el Sanatorio Galeno, donde personal de la Dirección de Fiscalización Sanitaria constató que la profesional atendía en un consultorio privado mientras cobraba el adicional por dedicación exclusiva, un beneficio que prohíbe el desarrollo de actividades profesionales fuera del ámbito público.
Posteriormente, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinó que la médica se encontraba en una situación de incompatibilidad al desempeñarse simultáneamente como profesional liberal y como personal de planta permanente con dedicación exclusiva en el Hospital Perrando.
Durante el proceso disciplinario, la profesional presentó un descargo en el que argumentó haber solicitado una reducción de su carga horaria en 2020. Sin embargo, desde el hospital informaron que ese trámite había sido devuelto por documentación incompleta y nunca fue completado. Además, se estableció que la renuncia a la bonificación por dedicación exclusiva recién fue presentada el 12 de octubre de 2023, nueve días después de la inspección que detectó la irregularidad.
El sumario también incorporó informes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco y del Colegio Médico Gremial, que confirmaron que la profesional figuraba como prestadora activa en el sector privado.
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo provincial consideró que la conducta de la médica constituyó una "falta gravísima a la ética y lealtad administrativa", al percibir fondos públicos destinados a un régimen de exclusividad mientras desarrollaba actividades privadas.
Las autoridades concluyeron que la incompatibilidad quedó acreditada y señalaron que la posterior renuncia al beneficio no eliminó la responsabilidad por el período investigado.
Si bien la profesional ya había sido cesanteada previamente mediante otro decreto por una causa distinta, el Gobierno dispuso registrar en su legajo personal que, de continuar en funciones, le habría correspondido nuevamente la sanción expulsiva de cesantía por la incompatibilidad detectada.
