Denuncian que Cristina Kirchner tiene más restricciones que condenados por lesa humanidad y narcotráfico
A un año de la sentencia firme por la causa Vialidad, legisladores kirchneristas que son miembros del Consejo de la Magistratura presentaron un informe en la Facultad de Derecho. Denunciaron el uso de tobillera electrónica y los límites en las visita
Desde el Consejo de la Magistratura, un grupo de senadores y diputados kirchneristas que lo integran presentaron un informe en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones arbitrarias y discriminatorias de detención de Cristina Kirchner.
La presentación se realizó en la previa del próximo 10 de junio, cuando se cumplirá un año desde que la líder peronista está detenida con prisión domiciliaria, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
El documento fue expuesto por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Salón Azul de la mencionada casa de estudios. Allí, los dirigentes sostuvieron que la ex presidenta cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico, basándose en datos obtenidos mediante pedidos de Acceso a la Información Pública.
Los datos del informe: restricciones comparativas
Entre los datos cuantitativos que expone el documento presentado por los dirigentes del Partido Justicialista (PJ), se señala que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
Asimismo, el relevamiento indica que en la Ciudad de Buenos Aires existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas enfrenta limitaciones en materia de visitas. El informe concluye que, entre quienes cumplen condena por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina Fernández de Kirchner es la única con ese tipo de restricciones vigentes.
El trasfondo político y las críticas a la Justicia
El diputado nacional y consejero Rodolfo Tailhade fue el primero en tomar la palabra y planteó sus conclusiones en términos estrictamente políticos: Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país.
Por su parte, la consejera Vanesa Siley fue la encargada de desglosar los datos específicos del relevamiento y subrayó su carácter comparativo. Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales.
Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica, sostuvo. Siley también vinculó la situación con una vulneración de garantías fundamentales, afirmando que a Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales.
Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo, afirmó a su turno el senador Mariano Recalde, agregando que el informe demuestra la falta de fundamentos jurídicos en la decisión.
Paralelismos históricos y un duro cierre contra la Corte
A lo largo de la presentación, el consejero César Grau trazó paralelismos históricos entre el caso de Kirchner y el de Hipólito Yrigoyen. Según expuso, distintos procesos políticos y judiciales buscaron, en diferentes momentos de la historia argentina, perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de sectores económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.
El cierre del acto estuvo a cargo de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien dirigió sus cuestionamientos de forma directa al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y a la Corte Suprema de Justicia en particular.
La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina, concluyó de manera tajante.
MEG/LT
