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Policiales y Judiciales
Diariochaco 09/06/2026 01:11 2 min de lectura

La Justicia ordenó ampliar el operativo de provisión de agua en el barrio Zampa

El Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia dictó una ampliación de la medida cautelar que obliga a SAMEEP mejorar la logística de distribución de ag

La Justicia ordenó ampliar el operativo de provisión de agua en el barrio Zampa
Foto: Diariochaco

El juez Civil y Comercial N° 21, Julián Fernando Benito Flores resolvió profundizar la operatividad del operativo de abastecimiento de agua destinado a los habitantes del barrio Zampa, en Resistencia, tras quejas de vecinos sobre entregas parciales por parte de SAMEEP en la zona.

La resolución, fechada este lunes 8 de junio, busca dotar de mayor eficacia a la medida cautelar dictada originalmente el pasado 8 de mayo. Esta decisión surge tras una inspección ocular realizada el 20 de mayo, la cual permitió al juzgado obtener elementos clave sobre las condiciones materiales necesarias para la ejecución efectiva del servicio.

Con el objetivo de garantizar una cobertura adecuada, la justicia estableció precisiones sobre la logística que deberán seguir los camiones cisterna. Las vías de circulación de los rodados deberán ser por las calles San Salvador, Honduras, Guatemala, Haití y Cuba (paralelas a la Av. Nicaragua).

Además, se fijó la avenida Urquiza como la vía de acceso principal para el abastecimiento de los puntos ubicados en Pasaje Nicaragua y Pasaje Haití y se tomarán como sectores de distribución los Pasajes Chaco Ángel Busto y Silvano Dante, en sus intersecciones con las arterias ya mencionadas.

El fallo intimó a SAMEEP a que informe y difunda, con antelación razonable, un cronograma de abastecimiento claro y preciso. Este calendario deberá detallar los recorridos, los puntos de distribución, así como los días y franjas horarias en que se llevará a cabo el suministro, asegurando que los vecinos conozcan cuándo podrán acceder al recurso.

El magistrado subrayó en su resolución que el acceso al agua potable es un presupuesto indispensable para la protección de la salud, la vida y la dignidad humana, derechos que gozan de jerarquía constitucional y convencional, e imponen a los organismos provinciales la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar su satisfacción.

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