El Gobierno empuja una desregulación clave para los biocombustibles - Informe Digital
El proyecto sube cortes y abre el mercado, pero advierte costos para el gasoil y divide al sector.
El gobierno de Javier Milei impulsa una desregulación del mercado de biocombustibles en la Argentina y la justifica en la madurez alcanzada por la industria, el costo fiscal del régimen vigente y su potencial exportador. Según la posición oficial, el esquema de protección creado en 2007 quedó desfasado frente a las condiciones actuales del sector.
La semana pasada ingresó al Senado un proyecto promovido por Patricia Bullrich, fruto de casi dos años de diálogo entre la Secretaría de Energía y representantes de la cadena productiva. La iniciativa, que reúne apoyos en distintos bloques, propone subir el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, además de incorporar motores Flex Fuel y un sistema electrónico para la comercialización.
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, fue el encargado de defender la propuesta ante los senadores y dejó una definición que marcó el tono del debate: Tiene ganadores, perdedores, afectados, sostuvo. También planteó que es oportuno discutir una nueva ley y aseguró que el texto recoge los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años.
En el biodiésel, González advirtió que su costo es muchísimo más alto que el fósil y descartó duplicar el corte. Según explicó, eso implicaría una suba estructural y permanente en el gasoil, con impacto directo en el transporte, el agro y el bolsillo de los consumidores.
Los argumentos del Gobierno
La Ley 26.093 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, con un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, además de incentivos fiscales para construir plantas productoras. La idea original fue promover energías renovables en un contexto internacional de petróleo caro.
Desde la mirada oficial, la industria argentina de biocombustibles sobre todo biodiésel y bioetanol de maíz ya alcanzó una escala industrial y tecnológica que le permitiría competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. El Gobierno sostiene que hay capacidad instalada y materias primas con competitividad internacional.
Otro eje del planteo oficial es el costo fiscal del régimen. Calcula que los beneficios impositivos generaron un gasto de 6.000 millones de dólares en 15 años, además de una pérdida de divisas de 1.400 millones por exportaciones agrícolas que no se concretaron, al destinar parte del maíz y la soja al mercado interno de biocombustibles.
La concentración empresaria también aparece en la discusión. Aunque el esquema buscó impulsar a pymes, hoy gran parte de la capacidad productiva está en manos de grandes grupos. El Gobierno cita el caso del Grupo Bahía Energía, que controla seis empresas y concentra el 22,5% de la producción total asignada, como señal de una competencia limitada.
La eficiencia energética es otro argumento que el oficialismo pone sobre la mesa. Con datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), señala que el etanol ofrece el 75% del poder energético de la nafta y el biodiésel el 87% del gasoil, una diferencia que reduce la autonomía de los vehículos y encarece el uso para los consumidores.
En el plano externo, el Gobierno ve una oportunidad. La Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el principal proveedor global de aceite de soja, insumos clave para producir biodiésel y bioetanol. Según esa lectura, abrir el mercado permitiría una industria menos atada a regulaciones locales y con más proyección exportadora.
En el caso del bioetanol de caña de azúcar, la posición oficial admite las particularidades de las economías regionales del noroeste argentino. Allí, la sobreoferta global y las restricciones a la exportación obligan, según el propio planteo, a un tratamiento diferenciado para ese segmento.
El debate legislativo avanza con posiciones encontradas, pero el Gobierno insiste en que un mercado más abierto ayudaría a mejorar la asignación de recursos públicos, reducir distorsiones y fortalecer la competitividad de la producción nacional.
