La ruta del dinero de Torales: ordenan secuestrar una camioneta ligada a la causa
El Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de un comprador que aseguró haber adquirido el vehículo de buena fe, mantuvo la inhibición y ordenó que la camio
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó el pedido para levantar la inhibición sobre una camioneta Volkswagen Suran vinculada a la causa por presunto lavado de activos que involucra a José de Jesús Torales y ordenó el secuestro del vehículo para garantizar su conservación dentro del proceso judicial.
La resolución se da en el marco de una compleja investigación federal que busca determinar si fondos públicos destinados a fundaciones y organizaciones sociales fueron utilizados para financiar maniobras de lavado de dinero mediante la adquisición de bienes, propiedades, vehículos y operaciones financieras bajo sospecha.
La causa tiene entre sus principales imputados a miembros de la familia Torales. Según la investigación, el dinero presuntamente provenía de fondos públicos que eran administrados a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo disuelto en 2024 tras detectarse irregularidades durante la gestión provincial anterior.
La presentación para recuperar el vehículo fue realizada por el abogado Sergio Aníbal Fernández, representante de A.M.N., quien aseguró haber adquirido la camioneta de buena fe y sostuvo que la operación se concretó antes de que la Justicia ordenara medidas cautelares sobre los bienes investigados.
Según expuso la defensa, A.M.N. se dedica a la compra y venta de automóviles y había comprado el rodado tras verificar que no registraba restricciones. Sin embargo, aseguró haber tomado conocimiento de la inhibición meses después, cuando intentó concretar una nueva venta.
No obstante, la Fiscalía Federal rechazó el planteo y solicitó directamente el secuestro del automóvil al sostener que el vehículo continúa registrado a nombre de José de Jesús Torales, quien se encuentra procesado por lavado de activos.
En su resolución, el tribunal consideró que no existen pruebas suficientes que permitan acreditar que la transferencia del vehículo se concretó efectivamente antes de la medida cautelar. Además, remarcó que la sola presentación de un formulario firmado en blanco no alcanza para desvirtuar la titularidad registral.
Los jueces también señalaron que la camioneta podría integrar el patrimonio presuntamente vinculado a las maniobras investigadas, relacionadas con el supuesto desvío de fondos públicos hacia fundaciones y organizaciones bajo investigación.
Ante este escenario, el Tribunal resolvió mantener vigente la inhibición y ordenó el secuestro del automóvil, que deberá ser entregado junto con su documentación en el Escuadrón Fontana de Gendarmería Nacional dentro de los próximos cinco días. En caso contrario, la Justicia podrá disponer su secuestro por la fuerza pública.
Además, la resolución judicial señala que la causa principal ya fue elevada a juicio oral y actualmente atraviesa la etapa de admisión de pruebas y fijación de fecha para el debate.
