Ofensiva contra la depredación del Mar Argentino: impulsan penas de cárcel y multas millonarias por pesca ilegal - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
En un intento por poner un freno definitivo a la desenfrenada explotación de los recursos marítimos nacionales, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca criminalizar la pesca ilegal en el Mar Argentino. La iniciativa propone
En un intento por poner un freno definitivo a la desenfrenada explotación de los recursos marítimos nacionales, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca criminalizar la pesca ilegal en el Mar Argentino. La iniciativa propone un cambio de paradigma: incorporar la actividad al Código Penal de la Nación, aplicando penas de prisión de hasta ocho años, multas multimillonarias y el decomiso de buques. El proyecto surge en un momento crítico. Según datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), las flotas extranjeras extraen anualmente entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies en la denominada «Milla 201», una cifra que cuadruplica el volumen total de la industria pesquera legal argentina. Las claves del proyecto: veda, multas y prisión La propuesta legislativa busca delimitar un marco penal inédito para blindar la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). El articulado establece castigos de cárcel para quienes capturen o den muerte a especies de la fauna silvestre en las siguientes condiciones: - Durante períodos de veda o en áreas restringidas. - Utilizando métodos prohibidos o destructivos (como explosivos o técnicas masivas). - Presentando declaraciones falsas ante las autoridades sobre el volumen real de lo capturado. Agravantes severos El proyecto estipula penas de hasta seis años de prisión si el delito afecta a especies protegidas por la convención internacional CITES, si ocurre en reservas naturales o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. Además, si se comprueba la participación de funcionarios públicos, se aplicará una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Para las redes delictivas más complejas, se incorpora la figura de asociación ilícita, elevando la pena máxima a ocho años de cárcel para los organizadores y financistas de estas bandas. Un golpe a toda la cadena de valor y el destino de lo decomisado La normativa no solo persigue al buque infractor, sino que avanza sobre la comercialización en tierra. Sancionará penalmente a quienes compren, almacenen, transporten o industrialicen productos sabiendo que provienen de la pesca ilegal. En cuanto a los bienes incautados, el proyecto propone un destino social y operativo: [ RECURSOS Y BIENES DECOMISADOS ]
[ Ejemplares Vivos ] [ Producto Apto ] [ Buques y Vehículos ] Restitución al hábitat Donación prioritaria Asignación a Prefectura o centros de rescate. a bancos de alimentos o INIDEP para tareas y comedores sociales. de fiscalización. Para las empresas (personas jurídicas), las sanciones económicas treparán hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, sumado a la suspensión de patentes y la inhabilitación para contratar con el Estado. El dinero recaudado por las multas integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera. Radiografía del saqueo en el Atlántico Sur El impacto económico del narco-saqueo marítimo es devastador: la Subsecretaría de Pesca estima pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares anuales para el país. Entre 400 y 600 barcos principalmente de China, Corea del Sur, Taiwán y España operan en el límite de la jurisdicción argentina. Las tácticas para evadir los controles incluyen apagar deliberadamente el Sistema de Identificación Automática (AIS), utilizar banderas de conveniencia para ocultar a los verdaderos dueños de las firmas y trasbordar las capturas a buques nodriza en altamar para no tocar puertos locales. El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019, advierten los especialistas, señalando que la sobreexplotación del calamar Illex argentinus pone en riesgo directo a todo el ecosistema marino, dado que es el eslabón alimentario central de la región. El antecedente de «Tolerancia Cero» El proyecto de ley busca dar respaldo político a la estrategia de firmeza que viene implementando la Prefectura Naval. Recientemente, la Justicia ratificó la mayor multa de la historia del país: $1.262 millones a un buque de capital chino y bandera de Vanuatu. El caso sentó un precedente histórico al validar el uso de tecnologías de vigilancia satelital digital (como el sistema Skylight) como prueba científica irrefutable ante los tribunales. Compartir
