Nuevos pliegos judiciales: candidatos K, del macrismo y funcionarios críticos de Milei | El Dia
Entre los 61 aspirantes que comenzarán a ser evaluados en el Senado aparecen referentes vinculados a distintos sectores políticos. Los principales focos de atención
La próxima semana comenzará en el Senado una nueva ronda de audiencias públicas para analizar 61 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. Se trata de la segunda tanda de nominaciones impulsadas por el Gobierno y que, tras el escándalo generado por el caso de María Verónica Michelli, quedaron bajo una observación mucho más estricta por parte de los distintos bloques.
Aunque todavía no existe una fecha definida para su tratamiento en el recinto, los antecedentes y perfiles de varios candidatos ya generan debate político. La lista incluye postulantes identificados con el kirchnerismo, otros vinculados al macrismo y algunos funcionarios judiciales que, en distintos momentos, cuestionaron decisiones impulsadas por la administración de Javier Milei.
Los candidatos ligados al kirchnerismo
Entre los nombres que despiertan mayor atención aparecen María Esther Pinos, candidata a defensora pública del Interior con asiento en Formosa, y Hernán Enrique Figueroa, postulado para integrar los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Ambos firmaron un documento crítico del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
También suscribió esa iniciativa Ana Clarisa Galán Muñoz, candidata a defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal. La funcionaria tomó notoriedad pública en 2022 cuando denunció al fiscal federal de Salta Francisco Snopek por violencia de género, hostigamiento y acoso laboral.
Los tres nombres son asociados en ámbitos judiciales a la agrupación Justicia Legítima, históricamente vinculada al kirchnerismo.
La nómina incluye además a María Ángeles Ramos, actual titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y cercana a la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó. Ramos aspira a convertirse en fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico.
La AFA aparece en escena
La influencia del mundo del fútbol también vuelve a colarse en el debate parlamentario. Entre los candidatos figura Raúl Agustín Rubiero, integrante del Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien busca ser designado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D.
Su postulación genera atención porque coincide con investigaciones judiciales que involucran al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos.
El tema adquiere relevancia porque en la primera tanda de pliegos quedaron sin definición los casos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, magistrados cuyos nombres también habían sido vinculados al entorno de la conducción de la AFA.
Los nombres asociados al macrismo
La nueva ronda de pliegos también incorpora candidatos identificados con el espacio político de Mauricio Macri.
Entre ellos figura Vanesa Alfaro, especialista en investigaciones por lavado de dinero y candidata a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal. Su pliego había sido impulsado durante la presidencia de Macri, aunque luego fue retirado durante la gestión de Alberto Fernández.
También aparece Claudio Loguarro, postulante para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala III.
Otro caso seguido de cerca es el de Matilde Ballerini, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien busca renovar su acuerdo por cinco años más al acercarse al límite constitucional de edad para ejercer la magistratura.
Su situación cobra relevancia porque integra el tribunal que interviene en la causa por la quiebra del Correo Argentino, expediente que involucra al grupo empresario de la familia Macri y que continúa abierto.
Vínculos políticos y familiares
Entre los postulantes también aparece Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales.
Rodríguez Ponte busca acceder al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora y es señalado como cercano al juez Ariel Lijo. Además, está casado con la fiscal María Alejandra Mángano, quien intervino en la causa vinculada al viaje oficial de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni a Nueva York.
Otro de los nombres que podría generar debate es el de la jueza laboral Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura. La magistrada aspira a ser promovida a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Su actuación en una causa relacionada con el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires la colocó en el centro de una discusión que involucró al Gobierno nacional y al gremio de los judiciales.
Las primeras audiencias
La lista se completa con Bernardo Rodríguez Palma, candidato al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín e hijo del abogado que defendió al brigadier Orlando Ramón Agosti durante el Juicio a las Juntas de 1985.
También figura Pedro Rebollo, postulante a la fiscalía federal de Gualeguaychú, quien tuvo participación en investigaciones sobre presuntos abusos en el Ejército y en causas relacionadas con el manejo de planes Potenciar Trabajo.
Las audiencias públicas comenzarán el próximo martes con siete pliegos. Entre ellos sobresale el caso de Víctor Arturo Pesino, cuya continuidad en la magistratura requiere un nuevo acuerdo del Senado al haber alcanzado la edad límite prevista por la Constitución.
Su nominación ya genera controversia porque fue impulsada pocas horas después de que firmara un fallo que dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía la aplicación de aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un antecedente que anticipa un debate político intenso en las próximas semanas.
