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Infobae 07/06/2026 04:32 4 min de lectura

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: investigan a la familia de su ex pareja y suman antecedentes penales entre los detenidos

El joven de 21 años fue visto por última vez en la noche del 16 de mayo en la provincia de Chaco. Los arrestados presentan causas previas por narcotráfico, amenazas y lesiones

Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: investigan a la familia de su ex pareja y suman antecedentes penales entre los detenidos
Foto: Infobae

A más de dos semanas de la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez la noche del 16 de mayo de 2026 en la provincia de Chaco. La familia de la ex novia de Axel se encuentra bajo investigación directa, junto a otros dos individuos señalados en la causa. Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis y continúan los patrullajes terrestres, aéreos y fluviales en la región para tratar de localizar al joven.

El expediente registró antecedentes de violencia entre la familia González y allegados a la expareja del joven, con denuncias previas por amenazas y enfrentamientos armados. En ese marco fueron detenidos Lorena Rosario Gómez (ex novia de Axel González), Sergio Ramón Gómez (hermano de la ex novia, ex cuñado de Axel) y Antonio Ramón Gómez (padre de la ex novia, conocido como Kuno), imputados por amenazas.

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También quedaron señalados por presunto encubrimiento Leonardo Nicolás Silva, Ariel Lázaro, Antonio Omar Iñíguez y Agustín Ariel Pucheta (ex boxeador acusado de desviar la investigación en perjuicio de policías de Fontana). Este último fue identificado por la fiscalía como posible responsable de crear un perfil falso en redes sociales para difundir versiones orientadas a desviar la investigación.

En medio de las investigaciones, se dieron a conocer los registros de los imputados quienes tendrían causas por narcotráfico y portación de armas. Ramón Antonio Gómez cuenta con una condena condicional por tenencia de estupefacientes. Su hijo, Sergio Ramón Gómez, también presenta antecedentes judiciales por delitos vinculados al mismo tipo de infracción.

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Por su parte, Ariel Esteban Lázaro fue acusado en 2014 por lesiones, amenazas y daños. En tanto, Leonardo Nicolás Silva figura en registros policiales por hurto y daños, con ingresos documentados en los años 2014 y 2019. Por último, Antonio Omar Iñíguez enfrenta antecedentes relacionados con microtráfico, incluyendo una causa abierta en 2020 por infracción a la Ley 23.737.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $10 millones para quienes aporten información sobre el paradero de Axel Alejandro González, en una medida oficial que busca destrabar una causa que investiga un posible delito contra la integridad física y que también abrió una línea paralela sobre una eventual intervención policial, de acuerdo con la resolución publicada el 5 de junio en el Boletín Oficial.

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La recompensa será para personas que no hayan intervenido en los hechos y puedan brindar datos útiles, según la resolución oficial. El Gobierno nacional indicó además que la información puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas y que la identidad de quienes colaboren será preservada.

Por otro lado, la Justicia investiga a cuatro policías que prestaban servicio en la Comisaría Segunda de Fontana en los días clave, aunque estos uniformados no figuran actualmente como detenidos, sino que fueron trasladados y están bajo análisis de sus dispositivos electrónicos.

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María Inés Gómez, madre del joven, sostuvo desde el inicio que podía haber existido participación policial en la desaparición de su hijo. La sospecha se apoyó en presuntas irregularidades en los operativos, dudando de la autenticidad de pruebas encontradas. La mujer sugirió la posibilidad de que hayan plantado una ojota en un lugar donde ya habían buscado previamente.

Esa acusación derivó en una denuncia formal contra dos efectivos de la Policía del Chaco. A partir de esa presentación, la justicia provincial abrió dos investigaciones: una destinada a localizar a González y otra para determinar si hubo intervención policial en los hechos.

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Las pericias descartaron que González hubiera sido subido al patrullero o trasladado a una comisaría. Por decisión del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos, la causa cambió de manos después de que se evaluara que no había elementos suficientes para sostener una imputación por desaparición forzada contra efectivos policiales.

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