Diputados de Provincias Unidas cuestionan el retiro del pliego de una jueza y advierten sobre un posible antecedente institucional grave - Parlamentario
Apuntan contra la decisión del Poder Ejecutivo de bajar la candidatura de María Verónica Michelli sin objeciones públicas sobre su idoneidad y alertan que, de confirmarse que influyeron vínculos familiares con un periodista, se vulnerarían principios
Apuntan contra la decisión del Poder Ejecutivo de bajar la candidatura de María Verónica Michelli sin objeciones públicas sobre su idoneidad y alertan que, de confirmarse que influyeron vínculos familiares con un periodista, se vulnerarían principios básicos como la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la libertad de prensa.
Mientras el presidente Javier Milei envió un proyecto para retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli, desde la oposición presentaron un proyecto contra la decisión del Gobierno. La iniciativa del bloque Provincias Unidas expresa su profunda preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de quien fue postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, en un contexto en el que no se hicieron públicas objeciones sobre su idoneidad profesional ni sus antecedentes.
La iniciativa, firmada por los diputados Pablo Juliano, Mariela Coletta, Esteban Paulón y María Inés Zigarán, advierte que la medida podría sentar un precedente institucional delicado si se confirma como señalan distintas versiones periodísticas que la decisión estuvo vinculada al parentesco de la magistrada con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon. En ese caso, sostienen, se verían comprometidos principios esenciales como la igualdad ante la ley, la independencia judicial, la libertad de prensa y la prohibición de discriminación.
En los fundamentos, los autores remarcan que la cuestión excede el caso individual y alcanza el funcionamiento del sistema republicano. Subrayan que la Constitución Nacional establece que el acceso a la función pública debe regirse exclusivamente por criterios de idoneidad, sin admitir privilegios ni perjuicios derivados de vínculos familiares. En ese sentido, plantean que considerar relaciones personales como factor determinante para designaciones judiciales implicaría una vulneración directa del artículo 16 de la Carta Magna.
El proyecto también pone el foco en la libertad de expresión, al advertir sobre un eventual efecto inhibitorio si la actividad de un periodista pudiera derivar en consecuencias negativas para sus familiares. Según los diputados, ese escenario sería incompatible con los estándares constitucionales y con la jurisprudencia de la Corte Suprema y del sistema interamericano de derechos humanos, que protegen de manera reforzada la libertad de prensa como condición indispensable para el control del poder.
Asimismo, alertan sobre el impacto que una decisión de este tipo podría tener en la independencia judicial, al señalar que la selección de magistrados debe basarse en parámetros objetivos de capacidad, integridad y antecedentes. La eventual injerencia de factores ajenos a esos criterios afectaría la confianza pública en el sistema de justicia y en el mecanismo de designación previsto por la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura.
El texto incorpora además una perspectiva de género, al advertir que, de comprobarse una exclusión vinculada a circunstancias ajenas al mérito profesional, podría configurarse una forma de violencia institucional en los términos de la normativa vigente y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Finalmente, los legisladores sostienen que el Congreso debe pronunciarse ante situaciones que puedan comprometer el orden constitucional y los principios republicanos. En esa línea, el proyecto concluye reafirmando que el acceso a la magistratura debe regirse únicamente por la trayectoria, la capacidad y la idoneidad de los postulantes, y no por sus vínculos personales o familiares.
