Un juez de EE.UU. fulminó las nuevas trabas migratorias de Trump: Son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas
| Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes una serie de restricciones impuestas por el...
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes una serie de restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a la inmigración legal, adoptadas tras el tiroteo del año pasado perpetrado por un inmigrante afgano en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe.
El juez de distrito de Rhode Island, John McConnell, sostuvo que las trabas aplicadas a solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.
Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización, subrayó el magistrado.
Críticas al uso de la seguridad nacional
En un fallo de durísimo tono, McConnell cuestionó el sustento jurídico de las medidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el USCIS se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de seguridad nacional que encubren sentimientos antiinmigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir, escribió el juez.
Y remarcó: En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas.
El rol de Kristi Noem y la expansión del veto
En su resolución, McConnell citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En diciembre de 2025, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado Estados Unidos con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo.
Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia (green card) o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.
Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela), sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados.
Veinte países adicionales fueron añadidos posteriormente a la lista en diciembre de 2025, lo que amplió aún más el alcance de las medidas ahora cuestionadas por la Justicia.
El argumento del Gobierno y el freno judicial
En su moción para desestimar la demanda, que el tribunal finalmente denegó, el gobierno norteamericano había alegado que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo una amplia autoridad sobre la política migratoria, incluida la entrada de extranjeros en Estados Unidos, así como discreción dentro del esquema estatutario para conferir y también retirar diversos beneficios discrecionales.
Este caso se basa en una premisa notable: que un tribunal federal debería impedir que una agencia emita la misma orientación de políticas que proporciona al personal del gobierno las barreras de protección necesarias para garantizar una toma de decisiones consistente, no arbitraria e individualizada conforme a la ley federal, había señalado el Gobierno en su escrito.
Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad absoluta, aludiendo reiteradamente a una supuesta invasión del país por parte de delincuentes procedentes del extranjero.
Sin embargo, su programa de deportaciones masivas y endurecimiento migratorio ha sido frustrado o frenado en varias oportunidades por decisiones judiciales, como la dictada ahora por el juez McConnell en Rhode Island.
